La Relatoría para la libertad de expresión de la CIDH preocupada por la estigmatización y ataques contra periodistas y medios de comunicación en Venezuela

(Washington D.C. 31/01/2022) – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación frente a las declaraciones estigmatizantes, el cierre de medios de comunicación independientes y los procesamientos judiciales contra periodistas en Venezuela que investigan, informan y denuncian asuntos de interés público. En este sentido, la RELE llama al Estado a cesar las amenazas y restricciones arbitrarias a la libertad de expresión e insta a las autoridades a mantener un discurso favorable a la deliberación pública.

En enero de 2022, a través de medios de comunicación estatales, un diputado oficialista» exhibió afiches de periodistas, señalándolos como «ladrones» y llamando a su búsqueda bajo esa calificación y a su criminalización. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión rechaza este tipo de señalamientos estigmatizantes, que acentúan la hostilidad contra la prensa. Para la Relatoría, la alta investidura de quien los ha pronunciado y su reiteración implican una omisión de las autoridades en su deber de prevenir hechos de violencia contra la prensa.

Entre otros hechos que preocupan a la Relatoría, en 2021, agentes de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional habrían allanado la sede del Colegio Nacional de Periodistas seccional Cumaná, Sucre, y prohibido el acceso de autoridades y miembros de la asociación. La ocupación habría ocurrido para que se cediera el espacio al funcionamiento de este cuerpo de seguridad. Sumado a lo anterior, entre octubre de 2021 y enero de 2022, la Relatoría registró la salida del aire de al menos cuatro emisoras de radio por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con la alegada justificación de incumplimiento de los requisitos administrativos para la transmisión radial o utilización del espacio radiofónico.

Del mismo modo, la Relatoría ha seguido con particular preocupación los reportes sobre las órdenes de allanamiento y aprehensión dictadas en contra del periodista Roberto Deniz, quien reside actualmente en Colombia y cuyos familiares son beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión desde febrero de 2020. Según información recibida, el 12 de octubre de 2021 el periodista habría sido informado sobre la apertura de un nuevo proceso penal por el delito de incitación al odio, supuestamente vinculado a su labor periodística. Tres días después, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas allanaron la residencia de sus padres en Caracas

La RELE recuerda que la libertad de expresión cumple un rol central en sociedades democráticas, pues facilita y hace posible el control y la rendición de cuentas de los poderes públicos por parte de la ciudadanía. Igualmente, resalta que, en distintos casos respecto de Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que las personas que ejercen la función pública tienen una posición de garante de derechos fundamentales. En consecuencia, sus declaraciones no pueden «constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento». 

En este contexto, la Relatoría reitera el llamado de la última Declaración Conjunta de expertos y expertas en libertad de expresión para que liderazgos públicos se abstengan de hacer intencionadamente declaraciones falsas que ataquen la integridad de personas trabajadoras de medios de comunicación. Asimismo, reiteran que las figuras penales vagas contenidas en la denominada Ley Contra el Odio tienen el potencial de restringir expresiones públicas que están protegidas por el derecho internacional. 

En atención a las consideraciones previas, la Relatoría Especial llama al Estado de Venezuela a cesar la criminalización, declaraciones estigmatizantes y medidas de censura contra periodistas y medios de comunicación, especialmente contra quienes se manifiestan críticamente contra el gobierno o denuncian actos de corrupción. 

Fuente oficial: CIDH