(Ginebra, 02/07/2021) En su nuevo informe la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet señala que ha habido mejoras en las condiciones de detención de las personas detenidas y privadas de libertad, y hay buena disposición por parte de las autoridades de cumplir con las recomendaciones emitidas por su oficina, pero aún es preocupante el acceso a alimento y salud en los centros de detención del país.
Cumplimiento de recomendaciones
En el informe la Alta Comisionada asegura que ha habido mejoras en cuanto a la disposición de las autoridades por cumplir con las recomendaciones sobre las condiciones de detención, incluyendo la prisión preventiva. Resalta que se permitió el acceso a 24 centros de detención a los oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada, para un total de 24 visitas. «Durante el período que abarca el informe se adoptaron algunas medidas para hacer frente a las preocupaciones relativas a los centros de detención gestionados por los servicios de inteligencia, en particular la restauración del contacto con los familiares, la facilitación de los servicios religiosos y el traslado a exámenes médicos de algunas personas detenidas», reformas que según la Alta Comisionada son acordes con recomendaciones realizadas anteriormente.
Según el ACNUDH Una importante reforma, acorde con las recomendaciones anteriores, ha sido la decisión de que los servicios de inteligencia dejen de gestionar centros de detención. Con arreglo a un decreto publicado el 17 de mayo de 2021, la Dirección General de
Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional están trasladando esas funciones a la autoridad del Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios. «Esta reforma debe implementarse con transparencia y alienta a las autoridades a que sigan realizando esfuerzos para mejorar las condiciones generales de detención y a que sigan poniendo en libertad a los reclusos según proceda», destaca la Alta Comisionada.
Acceso a alimentos y servicios de salud
A pesar de la disposición del Estado por mejorar las condiciones de los centros de detención, la Alta Comisionada advierte que el hacinamiento, las instalaciones sanitarias e higiénicas inadecuadas y la falta de acceso a una alimentación adecuada, al agua potable, al tratamiento de enfermedades, a actividades útiles y al ejercicio al aire libre, permanecen en general por detrás de las normas internacionales. Es más, según información recibida por la Alta Comisionada, hubo mayor deterioro en algunos centros de privación de libertad durante el período que abarca el informe, agravadas por la disminución de los recursos financieros, las sanciones sectoriales, la falta de mantenimiento y las medidas adoptadas para prevenir el contagio en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).
A su vez, la ACNUDH continúo recibiendo información de que la alimentación en los centros de detención estaban por debajo de los estándares y era insuficiente, lo que se vio agravado por las restricciones a las visitas familiares, ya que a menudo las personas detenidas y privadas de libertad dependen de sus familiares. «Aunque muchos centros de detención aceptaban alimentos de los familiares, las fuentes denunciaron irregularidades en su entrega a las personas detenidas. Esta situación agravó la malnutrición reportada en los centros de detención», alerta el informe.
«El ACNUDH está preocupado por las muertes bajo custodia, especialmente debido a la elevada incidencia de la tuberculosis, la malnutrición y otras enfermedades entre las personas privadas de libertad», indica el informe.
Según la Alta Comisionada el Ministerio para Servicios Penitenciarios ha hecho un esfuerzo en mejorar por proporcionar acceso a la atención sanitaria en los centros de atención, pero recibió denuncias de que el acceso al tratamiento de seguimiento o a la atención especializada a veces se retrasó o se denegó. Como ejemplo, en el informe se describe la muerte de Salvador Blanco, indígena pemón que se encontraba detenido desde diciembre 2019, quién solicitó en múltiples ocasiones atención médica, la cual fue negada y posteriormente se retraso la orden de traslado a un centro de salud por dos meses, cuando Blanco se encontraba en estado crítico y falleció en la cárcel de tuberculosis. Luego de lo ocurrido fueron puesto en libertad bajo fianza a 12 personas índigenas pemones, aún permanecen 15 detenidos.
Condiciones en centros de detención policial
En el informe se señala que según el Fiscal General, en diciembre de 2020 había 22.759 personas en prisión preventiva, lo que es una muestra de condiciones de grave hacinamiento, infraestructuras inadecuadas, falta de saneamiento, acceso limitado al agua y falta de atención médica, así como violencia sexual contra las mujeres, denuncias que la Oficina de la Alta Comisionada continúo recibiendo durante la elaboración del informe. «La situación de las personas detenidas en centros de detención policial continuó siendo particularmente preocupante».
Según la información recibida por la ACNUDH, la mayoría de los centros de detención preventiva, según lo reportado, no proporcionan alimentos a las personas detenidas, dejando a los familiares o a las organizaciones benéficas como únicos proveedores de alimentos.
