(Ginebra, 13/09/2021) En el día de apertura de la 48° sesión del Consejo de Derechos Humanos (HRC por sus siglas en inglés), la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, presentó su nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos y la cooperación técnica entre su oficina y el gobierno venezolano. En esta oportunidad el informe estuvo centrado a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
Efectos desproporcionados de las sanciones
La Alta Comisionada informó a los miembros del Consejo de Derechos Humanos que en el país se siguen enfrentando importantes desafíos relacionados con el disfrute de sus derechos económicos y sociales, debido a las crisis sociales y económicas multifactoriales preexistentes. Señaló que persisten los desafíos en estas áreas debido en parte, a la mala asignación de recursos, a la falta de mantenimiento de la infraestructura pública y a la grave subinversión en servicios esenciales.
Según la Alta Comisionada, el contexto descrito anteriormente se ha visto agravado por las sanciones sectoriales y el impacto de la pandemia de COVID-19 han aumentado aún más la escasez de recursos disponibles; exacerbando las condiciones económicas y humanitarias preexistentes, afectando los recursos disponibles para garantizar y proteger los derechos humanos, en particular de las personas más vulnerables. Como la escasez de medicamentos y ha limitado las importaciones de alimentos, al tiempo que ha impuesto una carga adicional a las organizaciones de la sociedad civil, así como los efectos de la escasez de combustible ha afectado el transporte público, de alimentos y medicinas. Ante esto, llamó a levantar las sanciones sectoriales.
Acceso a medios de vida
La ACNUDH aseguró estar preocupada por los bajos niveles de ingresos, ahorros y pensiones de funcionarias y funcionarios públicos, y de trabajadoras y trabajadores de sectores que dependen de la financiación pública, en particular de trabajadoras y trabajadores de los sectores de la educación y la salud. Como ejemplo describió como la Federación Médica Venezolana estimó en agosto de 2020 que alrededor del 50 por ciento de médicos y médicas habían salido del país, principalmente debido a la rápida disminución de sus ingresos reales. Según se reporta, en 2020, el salario mensual de enfermeros o enfermeras oscilaba entre dos y cinco dólares estadounidenses. La pérdida de profesionales médicos tuvo un impacto directo en la capacidad del país para responder efectivamente a la pandemia de COVID-19.
En el informe se explica que en 2019, 80 por ciento de los ingresos de los hogares dependía de transferencias monetarias del Gobierno, según cifras oficiales. De esas transferencias, el 22 por ciento correspondió a electricidad, 21 por ciento a educación, 16 por ciento a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción , 15 por ciento a agua, 12 por ciento a otras transferencias monetarias «Patria», y el 11 por ciento al programa de alimentación escolar. Las transferencias monetarias están indexadas al salario mínimo oficial, por lo tanto, son afectadas por los altos índices de inflación de forma similar. Agregó que el 1 de mayo de 2021, el Gobierno anunció un aumento del 289 por ciento del salario mínimo, de 1,8 millones de Bs. a 7 millones de Bs., equivalentes a 2,4 dólares estadunidenses en ese momento, sin indexar el salario mínimo mensual oficial a la inflación, ni a la canasta básica. En 2021, el Gobierno informó de que seguía ofreciendo pensiones completas a más de 4,5 millones de beneficiarios. Sin embargo, las pensiones mensuales también fluctuaban entre dos y cinco dólares estadunidenses y no estaban indexadas a la inflación.
Las ACNUDH señaló que siguió recibiendo informes de algunas personas a las que supuestamente se les denegó la asistencia alimentaria por motivos políticos, por criticar al Gobierno. Recordó que, el acceso a las prestaciones sociales no debe estar condicionado a la afiliación política real o percibida, y la transparencia en los criterios utilizados para determinar la elegibilidad para los programas de protección social es esencial para evitar cualquier discriminación en la práctica, señaló la oficina.
Protestas por DESCA
Durante el período que abarca el informe, se documentaron ocho casos de protestas durante las cuales violaciones de derechos humanos fueron cometidas por las fuerzas de seguridad o los grupos armados civiles progubernamentales denominados «colectivos», incluidos por lo menos una ejecución extrajudicial, tres casos de malos tratos y tres casos de uso excesivo de la fuerza. También se documentaron detenciones y arrestos ilegales o arbitrarios de al menos 45 personas en relación con esas protestas.
Derecho a la salud
En enero de 2021, el número de camas de hospital habría aumentado en un 58 por ciento, y las camas en las unidades de cuidados intensivos habrían aumentado en un 44 por ciento, indica el informe. Según el Gobierno, todos los tratamientos para el COVID-19 eran gratuitos. Sin
embargo, la pandemia de COVID-19 agravó desafíos estructurales preexistentes exacerbados por las medidas coercitivas unilaterales sectoriales, como la falta de equipos, material, y medicamentos, el mantenimiento insuficiente de las infraestructuras, la emigración del
personal sanitario cualificado, y la reducción de la capacidad financiera del Estado para invertir en servicios sanitarios.
La ACNUDH señaló que el Gobierno reportó pública y regularmente sobre cifras oficiales y medidas sanitarias preventivas relativas al COVID-19, pero lo relacionado a la metodología y las fuentes de datos de la situación epidemiológica en el país no estuvo disponible públicamente. Además, se resalta que en el periodo que abarca el informe se documentaron procesos penales contra seis personas y amenazas contra periodistas y científicos, por investigar o publicar información incompatible con los datos oficiales del gobierno.
Sobre el acceso a la vacuna contra la COVID-19, el informe el Gobierno anunció que había recibido 2,7 millones de dosis de vacunas Sputnik V y Sinopharm desde febrero de 2021. El Gobierno también recurrió al mecanismo COVAX, aunque el proceso de compra fue largo y los fondos para adquirir la vacuna habrían sido congelados durante varias semanas por las instituciones bancarias, según se reporta, debido a complicaciones relacionadas con las medidas coercitivas unilaterales. Al momento de este informe, el número oficial de dosis y materiales de vacunación disponibles seguía estando dramáticamente por debajo del número necesario para luchar eficazmente contra el COVID-19 y vacunar a 22.8 millones de personas, siguiendo el plan nacional de vacunación.
En cuanto al avance del plan de vacunación, se indica que o informa públicamente sobre el avance del programa de vacunación, pero no reportó información detallada sobre beneficiarios, uso de fondos públicos, y monitoreo después de la vacunación, a pesar de las denuncias de mercados paralelos de vacunas y de solicitudes de organizaciones de la sociedad civil.
En el informe se explica que el Gobierno designó el «carnet de la patria» como la principal herramienta para acceder al sistema de vacunación y determinar la elegibilidad, pero también abrió una plataforma adicional de registro para vacunas con el Ministerio de Salud para quienes no forman parte del sistema de la «patria», en mayo de 2021. Sin embargo, la ACNUDH advierte que el registro en ambas plataformas se hace a través de internet y las citas para la vacunación a través de SMS, lo que excluiría en gran medida a quienes no tienen acceso a internet o a teléfonos móviles, principalmente a las personas más marginadas y que viven en zonas rurales y remotas. El ACNUDH alentó al Gobierno de Venezuela a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad de acceso a las vacunas, en particular para grupos marginalizados, con atención especial a la brecha digital.
En el informe se explica que la reorientación de los recursos disponibles a la lucha contra la pandemia de COVID-19 afectó la ya deteriorada capacidad del Estado para garantizar el acceso a los servicios de salud para otras enfermedades y afecciones, como malaria, dengue, chikunguña, zika y tuberculosis. Los programas de vacunación para enfermedades prevenibles y el acceso a la salud sexual y reproductiva, trasplantes, la salud mental y tratamientos para el VIH/SIDA, diabetes y cáncer también se han visto afectados. Además, recuerda que el programa nacional de búsqueda de trasplantes está suspendido desde 2017, según se reporta debido al efecto de las medidas coercitivas unilaterales. Según la Organización Nacional de Trasplantes, desde 2017, 960 personas con enfermedades renales habrían muerto por la falta de trasplantes, incluidos 150 niños.
Violencia de género y derechos sexuales y reproductivos
En el nuevo informe la ACNUDH alerta sobre el empeoramiento de la violencia de género en 2020, así como la situación de la salud sexual y reproductiva. Hubo reportes de un aumento en la mortalidad materna. Organizaciones de la sociedad civil reportaron un limitado acceso a anticonceptivos, lo que supuestamente habría contribuido a aumentar las tasas de embarazo de adolescentes y a una atención prenatal y neonatal insuficientes. También se reportó de una grave escasez de medicamentos y tratamientos, incluidos los de infecciones de transmisión sexual/VIH, así como equipos médicos y suministros de higiene.
Derecho a la alimentación
En el informe el ACNUDH asegura haber documentado algunas mejoras en el acceso a los alimentos en los dos años anteriores a la pandemia fueron reportadas. Según, las cifras oficiales apuntaban a una reducción de la desnutrición entre 2018 y 2019, también observada por organizaciones de la sociedad civil, que documentaron mejoras significativas con respecto a la desnutrición infantil en el período anterior a la pandemia. Sin embargo, estas mejoras reportadas aún deben consolidarse, teniendo en cuenta los niveles volátiles de la producción nacional de alimentos. La falta de inversión, la escasez de combustible y la menor disponibilidad de semillas, fertilizantes y productos agroquímicos importados habrían provocado una reducción de la producción de alimentos en Venezuela, disminuyendo la rentabilidad de la agricultura, especialmente para los pequeños agricultores y otras personas rurales vulnerables, y reduciendo los ingresos de los hogares rurales.
Derecho a la educación
El ACNUDH señala que el Gobierno reportó haber tomado medidas para aumentar la disponibilidad de la educación básica y superior en los últimos años. Sin embargo, los desafíos preexistentes relacionados con el derecho a la educación se vieron agravados por las sanciones sectoriales y la pandemia. Cifras oficiales indicaron que 8,77 millones de estudiantes de primaria y secundaria y 3,1 millones de estudiantes de educación terciaria se inscribieron al año lectivo 2020-2021, y que el 83 por ciento de las escuelas eran públicas y gratuitas, en 20212. Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil indicaron un alto índice de abandono de la educación básica durante el año escolar 2021, algunas sugiriendo hasta un 50 por ciento, principalmente debido a una mayor necesidad de obtener ingresos familiares en medio de la pandemia.
Sobre la infraestructura de la educación primaria, secundaria y superior, la ACNUDH indica que sufrirían de una falta de mantenimiento y de servicios básicos como electricidad y agua. Universidades reportaron una disminución de más de 20 por ciento su presupuesto total, y repetidos ataques a sus instalaciones y robo de equipos por parte de actores privados, según denunciaron a las autoridades pertinentes. Como ejemplo, se recuerda que en 2021 la Universidad Central de Venezuela habría recibido sólo el 2,27 por ciento de sus presupuestos anuales programados, utilizados principalmente para el pago de salarios. La falta de recursos financieros y de seguridad para las instituciones educativas ha afectado gravemente su capacidad de ofrecer una educación accesible y de calidad.
Además, el informe destaca que la sociedad civil informó que en enero de 2021, más del 50 por ciento de los profesores y las profesoras estaban ausentes o abandonaron sus puestos. Al menos 40 docentes de cuatro escuelas diferentes fueron supuestamente amenazados o amenazadas con procedimientos disciplinarios en 2020 por absentismo, debido a la incapacidad de pagar el transporte o la comida con sus salarios.
En el informe, el ACNUDH El alienta a las autoridades venezolanas y a las universidades autónomas a que continúen el diálogo para celebrar elecciones libres y justas de las autoridades de las universidades autónomas, y a que garanticen una amplia participación sus comunidades en estas elecciones y en sus asuntos presupuestarios. También, llamó al Estado a garantizar la libertad de asociación de los trabajadores y las trabajadoras de las universidades y promover la homologación de los convenios colectivos libremente negociados para mejorar las condiciones laborales en las universidades autónomas.
Acceso a servicios básicos
Según el ACNUDH, en los últimos dos años se han reportado algunas mejoras en el acceso al agua y electricidad en escuelas, universidades y centros de salud, que se vieron afectadas por la escasez en los últimos años, impactando directamente en los derechos a la educación y a la salud. El informe cita estudios del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, la proporción de hogares con conexión al agua se mantuvo en torno al 90 por ciento y, aunque persistieron las irregularidades, hubo mejoras generales en el abastecimiento.
Sobre la reducción de la producción de gas natural y los desafíos en la distribución de cilindros de gas para cocinar en los últimos años, el informe indica que llevaron a una reducción de 10 por ciento en el uso de gas para cocinar, hasta el 83 por ciento entre junio de 2019 y enero de 2021. Informa que, en su lugar se utiliza cada vez más el fuego de leña, con los consiguientes efectos negativos para la salud. El suministro de cilindros de gas también siguió siendo irregular. Reportes indicaron que, entre 2017 y mayo de 2021, hubo al menos 81 explosiones de cilindros de gas para cocinar. El ACNUDH documentó que, el 28 de diciembre de 2020, 152 cilindros explotaron en Los Caños de los Becerros (Estado de Monagas), matando a cuatro adultos y tres niños que hacían cola para recibir cilindros, e hiriendo a otras 46 personas, entre ellas al menos nueve niños y siete personas adultas mayores. El ACNUDH documentó otras dos explosiones en el Estado de Monagas en las que murieron un niño de 4 años y tres personas adultas, el 13 y el 19 de enero de 2021.
El informe citó a la La Comisión Nacional de Telecomunicaciones informó que, en marzo de 2021, el 47,1 por ciento de la población tenía acceso a internet, y el 65,3 por ciento tenía acceso a servicios de telefonía móvil, aunque de forma desigual en el país. Por ejemplo, 94,7 por ciento de la población del Distrito Capital tenía acceso a internet, 12,6 por ciento de la población en el Estado de Amazonas y 19,9 por ciento en el Estado de Apure tenían acceso a internet.
Derechos ambientales
En el informe, la ACNUDH expresa preocupación por r la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco, sobre todo en lo que respecta a implementación de recomendaciones anteriores, incluidas las relativas a la falta de transparencia de empresas
públicas sobre sus operaciones, procesos de participación y consulta, estudios de impacto ambiental y sociocultural, y acción pública para frenar la minería ilegal y las actividades de grupos armados no estatales que operan en las zonas mineras, denominados «sindicatos».
Además, desde 2014 el número de barriles de petróleo derramados habría aparentemente aumentado y, durante el período que abarca el informe, el ACNUDH recibió alegaciones de derrames de petróleo en ríos, lagos y zonas costeras, muchas de ellas protegidas, como el
Parque Nacional Morrocoy y el Refugio de Vida Silvestre del Cuare. «Es imperativo que el Gobierno implemente efectivamente su marco regulatorio ambiental sobre la industria petrolera e informe públicamente sobre su implementación», señala la ACNUDH.
Pueblos Indígenas
En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, el ACNUDH reitera que el establecimiento de la región del Arco Minero del Orinoco y la expansión de la minería tuvieron un impacto negativo sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, sobre sus derechos a sus tierras, territorios y recursos, sus derechos ambientales, su derecho a vivir en paz y seguridad, así como sus derechos económicos, sociales y culturales. El ACNUDH reiteró la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, de buena fe y a través de sus propias instituciones y representantes legítimos, para la adopción o aplicación de cualquier decisión, actividad o medida que pueda afectarlos.
El ACNUDH siguió recibiendo alegaciones de muertes y amenazas contra líderes indígenas en zonas mineras por parte de “sindicatos”, en particular en las zonas mineras y en las areas controladas por grupos armados no estatales. Por ejemplo, el 5 de abril, en la «Mina 49» en
Yapacana (Estado Bolívar), un hombre indígena Jivi habría sido muerto por grupos no estatales que operan la mina. Hay alegaciones de participación de agentes del Estado operando actividades mineras ilegales con los «sindicatos». En el informe la Alta Comisionada recordó al Estado que las muertes y las denuncias de amenazas deben ser investigadas de forma independiente, y los autores deben ser llevados ante la justicia.
Personas migrantes
La ACNUDH aseguró estar preocupada por el número de embarcaciones que se hunden con personas migrantes, así como por el número de personas desaparecidas entre la costa venezolana y los países insulares vecinos, lo que, según fuentes, podría estar relacionado con el tráfico de personas. Desde abril de 2019, el ACNUDH ha registrado el naufragio de ocho embarcaciones y la desaparición de 129 personas, y ha compartido con el Ministerio Público la información sobre embarcaciones, personas desaparecidas y muertes, para que se tomen las medidas judiciales pertinentes. El ACNUDH llama a las autoridades venezolanas para que investiguen debidamente estos casos y pide a todos los países de acogida que colaboren en las investigaciones y adopten las medidas necesarias para garantizar que ciudadanos y ciudadanas venezolanas puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos.
