(Washington, D.C. 21/08/2023) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) rechazan decisiones recientes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que atentan contra la libertad de asociación. Hacen un llamado a proteger el espacio cívico y garantizar la participación en asuntos de interés público sin ningún tipo de discriminación.

El 4 de agosto, mediante la sentencia No. 1.057, el TSJ destituyó al Comité Directivo Nacional de la Cruz Roja Venezolana y designó una «Junta Reestructuradora Ad Hoc» con competencias para reorganizarla. Esta decisión sería contraria a lo establecido en los estatutos internos de la organización respecto de su gobernanza y otorgaría competencias contrarias al pacto de constitución. De la misma manera, el pasado 11 de agosto, el TSJ dio a conocer la sentencia No. 1.160, a través de la cual designó arbitrariamente una Junta Directiva Ad Hoc para la organización política Partido Comunista de Venezuela (PCV), disidente de la coalición de gobierno y opositor a varias iniciativas legislativas.

Las juntas directivas de ambas asociaciones tienen poder de decisión respecto del funcionamiento y la dirección de las respectivas entidades. Por lo que es vital que los procesos internos para la designación de sus autoridades sean autónomos e independientes. Resulta especialmente preocupante que el TSJ haya proferido decisiones incidiendo en un partido político disidente de la coalición de gobierno y de una organización de la sociedad civil cuya misión es fortalecer la ayuda humanitaria.

La CIDH y su RELE observan que ese tipo de decisiones contrarias a la libertad de asociación no son nuevas en el país. En junio de 2020 el mismo tribunal designó arbitrariamente las juntas directivas de los partidos políticos opositores Acción Democrática y Movimiento Primero Justicia.

Estas decisiones judiciales, de carácter arbitrario, no solo afectan la libertad asociación y la participación política libre de discriminación, sino que profundizan la desconfianza en el sistema electoral; y, lo que es más preocupante, crean nuevos obstáculos para superar la crisis institucional en un país caracterizado por la ausencia del Estado de Derecho.

Fuente oficial: CIDH