(Ginebra, 22/03/2022) La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela presentó el día de hoy su primera actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cumplimiento con la resolución 51/29.

En septiembre de 2022, la Misión presentó a este Consejo su último informe sobre violaciones manifiestas de los derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014. Ese informe incorporó dos líneas de investigación: la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado como parte de un plan para reprimir a personas percibidas como opositoras al Gobierno, y  la segunda línea enfocada en violaciones a los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del Estado de Bolívar.

«Ambas investigaciones confirmaron que Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos. Ante esta realidad, este Consejo decidió en el pasado mes de octubre renovar el mandato de la Misión por un periodo adicional de dos años», señaló Valiñas.

Continúan las violaciones de derechos humanos  y los crímenes internacionales

La presidenta de  la Misión indicó que el mecanismo ha documentado la existencia de graves violaciones de derechos humanos y delitos internacionales en Venezuela, en particular centrados en silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno, así como en el contexto de operaciones de seguridad.

Durante la pandemia de la COVID-19, las movilizaciones masivas disminuyeron, y con ello el número de detenciones arbitrarias y privaciones arbitrarias de la vida en el contexto de protestas. El último periodo en el cual documentamos un pico de detenciones ilegales generalizadas de personas percibidas como opositoras, seguidas de actos de tortura, se registró en 2019. Según fuentes de la sociedad civil, en 2022 no se produjo ninguna muerte en contexto de protestas, indicó Valiñas.

Según la presidenta de la Misión, las violaciones graves de los derechos humanos y los delitos que se describieron en los informes anteriores, así como la ausencia de investigación y sanciones a los autores de los abusos,  han producido «un efecto inhibidor de la protesta», atemorizando a la población civil y desmovilizando la disidencia política. «Mientras tanto, millones de personas huyeron del país, en uno de los mayores éxodos migratorios de la historia reciente», destacó.

Además, recalcó que en Venezuela continúan produciéndose graves violaciones de derechos humanos, como la detención de personas opositoras o consideradas como tales. «Según estimaciones de la sociedad civil, 282 personas  (civiles y militares) permanecen detenidas por causas o motivos políticos y se verifican nuevas detenciones de carácter selectivo», informó. Agregó que la Misión continúa recibiendo denuncias de amenazas y represalias contra las personas detenidas y sus familiares, así como de dificultades para acceder a alimentos y tratamiento médico, restricciones al acceso de familiares y abogados, y constantes violaciones del derecho al debido proceso.

Reducción del espacio cívico y persecución

Valiñas destacó que en la resolución 51/29, el Consejo expresó su preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático, preocupación que es compartida por la Misión, por lo que han tomado la decisión de priorizar las amenazas al espacio cívico como parte de las investigaciones bajo su tercer mandato.

En años recientes, tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al Gobierno. Persisten y, en algunos casos, han aumentado los ataques y amenazas contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otros actores de la sociedad civil organizada en Venezuela, así como a líderes políticos, dijo.

Recordó que el director de la ONG FundaREDES Javier Tarazona, permanece detenido desde julio de 2021 en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), El Helicoide, tras haber denunciado a un alto funcionario del Gobierno ante el Ministerio Público. «El Sr. Tarazona fue acusado de los delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria. Según la información recibida por la Misión, su salud física y psicológica sigue deteriorándose», señaló.

A pesar de la reducción de las protestas, Valiñas resalta que  en el último año los sindicatos del sector público, especialmente de la educación, sanidad e industria siderúrgica se han movilizado y expresado críticas contra el Gobierno. A su vez, la Misión identificado un aumento de la persecución hacia líderes sindicales, » Entre los meses de julio y agosto de 2022, fueron arrestados seis activistas y líderes sindicales, incluyendo a Gabriel Blanco y de la Alianza Sindical Independiente (ASI) y Emilio Negrín, de la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (CODESA), así como Néstor Astudillo, Alcides Bracho, Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez, también activistas sindicales y miembros del partido Bandera Roja. Todos ellos enfrentan cargos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir ante el Tribunal Especial Segundo de terrorismo con jurisdicción nacional», informó. Destacó que la Misión está investigando el fundamento de estas detenciones, y que al menos otros nueve líderes sindicales de empresas de servicios básicos del estado de Bolívar fueron detenidos y puestos en libertad al día siguiente, durante  la ola de protestas de enero de 2023.

Sobre la libertad de expresión, la presidenta de la Misión explicó que durante el último año han recrudecido los ataques contra los medios de comunicación. «Solo en el mes de septiembre, los medios de comunicación reportaron la clausura administrativa de 19 estaciones de radio en Táchira y otras 31 en Zulia. Según la ONG Espacio Público, en 2022 el Gobierno ordenó el cierre de al menos 80 radios, el mayor número de clausuras de este medio de difusión en las últimas dos décadas».

La Misión registró ataques contra periodistas y personas comunicadoras. «Entre los detenidos, cuyos casos documentó previamente la Misión, resalta la situación del periodista y activista político Roland Carreño, quien desde octubre de 2020 permanece en el centro de detención El Helicoide del SEBIN», dijo. Resaltó que el juicio en  contra  de Carreño sigue presentando irregularidades procesales, incluyendo múltiples interrupciones del juicio, que han conllevado un retardo procesal significativo, debido a que el detenido no fue trasladado al tribunal». Agregó que el periodista Jesús Medina, quién permaneció detenido en el centro de detención militar de Ramo Verde entre 2018 y 2020, continúa sujeto a un procedimiento penal bajo cargos de “instigación al odio” y “agavillamiento”, sin que le hayan sido comunicadas las razones de dicha acusación.

Valiñas afirmó que a la par de los ataques se encuentran en discusión parlamentaria o aprobadas, leyes y procedimientos administrativos que entorpecen el libre funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. «El 24 de enero de este año, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura el proyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. El pasado 1 de marzo, la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional aprobó el anteproyecto de la Ley de Cooperación Internacional. Según esta iniciativa, las organizaciones que pretendan participar en actividades de cooperación internacional deben registrarse y detallar sus fuentes de financiamiento”. Destacó que la Misión emitió un comunicado de prensa al respecto, y ha insistido en que la nueva regulación, de ser aprobada, consolidaría un control abusivo por parte del Estado sobre la existencia, el financiamiento, y las actividades de las ONG.

Sigue el alto número de muertes durante operaciones de seguridad

Valiñas indicó que la Misión documentó en su primer informe, una política estatal de lucha contra la criminalidad, que incluía la eliminación, mediante ejecuciones extrajudiciales, de personas consideradas o presentadas como delincuentes, hechos que  fueron cometidos en el marco de las  Operaciones de Liberación del Pueblo, y, a partir de 2017, por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, o FAES.

Las informaciones recabadas por la Misión hasta la fecha muestran indicios de que estos patrones persisten. El número muy elevado de muertes por enfrentamiento con las fuerzas del orden reportado por la organización no gubernamental Control Ciudadano, que contabilizó 716 casos en 2022, es indicativo de dicho patrón, destacó.

Recordó que las FAES fueron formalmente disueltas en julio de 2022. Sin embargo, la información en poder de la Misión indica que sus principales funciones, mandos e integrantes han sido absorbidas por la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), como parte de la Policía Nacional Bolivariana. «Su creación coincide con el relanzamiento de los operativos de seguridad contra el crimen organizado conocidos como “operaciones Trueno”. Entre abril y septiembre de 2022, se llevaron a cabo siete de estas operaciones en los Estados de Aragua, Anzoátegui, Guárico, Miranda y Yaracuy. Los medios de comunicación han reportado un alto número de víctimas mortales en el contexto de estos operativos, que podrían ascender a 70, según algunas fuentes. Dichas alegaciones tendrían que ser objeto de investigación», dijo.

Situación del Arco del Orinoco

La investigación de la Misión describió un contexto marcado por la extrema violencia asociada a la explotación ilícita del oro, incluyendo patrones de violencia sexual y de género, en el Arco Minero.

Informó a los miembros del consejo que en agosto de 2022, el Gobierno lanzó simultáneamente las operaciones militares Roraima 2022 y Autana I-2022 en los tres Estados de la región Guayana con el objetivo declarado de luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal y la depredación ambiental. «Pese a la importancia de erradicar la violencia asociada a la minería ilegal y a los grupos armados, dichas operaciones generaron protestas de la población minera y de las comunidades indígenas, según testimonios recabados por la Misión», afirmó.

Advirtió que los pueblos indígenas del Estado de Amazonas continúan denunciando ataques violentos contra sus líderes, como el asesinato de  Virgilio Trujillo Arana, líder del pueblo Piaroa en 2022. «Este caso debe ser investigado con seriedad», dijo Valiñas.

Patrones detectados por la CPI

Valiñas resaltó que el pasado 1 de noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) presentó una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte para que se la autorice a continuar sus investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde, al menos, abril de 2017. «Las conclusiones de la Fiscalía se basan en un análisis exhaustivo de la documentación y antecedentes aportados por varias fuentes, incluida Venezuela», dijo.

 

Las conclusiones de la Fiscalía se sustentan en la verificación de los mismos patrones delictivos y líneas de mando que fueron documentados por la Misión en sus informes anteriores y citan copiosamente nuestros informes, coincidiendo sustancialmente con nuestras determinaciones. La Fiscalía y la Misión también coinciden en que las reformas legales e institucionales relacionadas con el sistema de justicia han sido insuficientes y han tenido una implementación limitada.

 

Además, explicó a los Estados miembros que en sus últimos informes, la Misión concluyó que existen motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad, incluyendo tortura y otros malos tratos en centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar. «La prueba recibida sustentó, con motivos razonables para creer, que individuos que trabajaron y continúan trabajando en los servicios de inteligencia, así como autoridades de alto nivel, podrían detentar responsabilidad penal por estos crímenes». Indicó que la Misión ha recomendado que estas personas sean investigadas y enjuiciadas de forma genuina, y recordó, que  conforme a las normas y la jurisprudencia internacionales, los crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de los derechos humanos no prescriben y no pueden ser amnistiados. «En este sentido, los procesos ante la Corte Penal Internacional representan un avance sustancial para asegurar una rendición de cuentas en Venezuela», afirmó.

Llamado al diálogo

La misión reiteró su disposición para dialogar con las autoridades venezolanas y recibir su autorización para ingresar al país.

«Con el nuevo impulso que representa la renovación de su mandato, la Misión continuará documentando de forma independiente, imparcial, objetiva y rigurosa las violaciones manifiestas de los derechos humanos con el propósito de combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. La Misión informará sobre sus conclusiones al Consejo el próximo mes de septiembre», concluyó.