(Washington D.C, 22/10/2018) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró en Boulder su 169 Período de Sesiones, a invitación de la Universidad de Colorado, del 30 de septiembre al 5 de octubre de 2018. A continuación los resumenes oficiales de las audiencias sobre Venezuela.
Crisis política en Venezuela y sus efectos sobre las personas mayores y comunidad LGBTI
Las organizaciones solicitantes plantean que Venezuela no cuenta con planes adaptados al acelerado envejecimiento de la población, ni tampoco para afrontar la crítica situación de las familias venezolanas. Existe un desabastecimiento de alimentos y medicinas y la necesidad de la adopción de medidas para resolver estas dificultades. Actualmente el monto de las pensiones, aunque es igual al salario mínimo, no es suficiente para cubrir la canasta básica. Además no hay suficientes centros de atención para personas mayores y los existentes no cumplen con las condiciones necesarias de cuidado. Por su parte, el Estado declaró que diversas medidas se han tomado para reconocer los derechos de las personas mayores. Las personas mayores están protegidas por la Constitución y también las pensiones están atadas al monto del salario mínimo por mandato constitucional. Las personas mayores pueden acceder a las pensiones a partir de 55 años para mujeres y 60 años para hombres. La Relatora Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, solicitó mayor información sobre el modelo venezolano que según información oficial tiene una cobertura del 100% de pensionados, así como también reiteró el interés de la CIDH en visitar el país y ofrecer asistencia técnica en el marco complejo que se vive actualmente en Venezuela. Por su parte, la delegación que pretendía referirse a los efectos de la crisis sobre la comunidad LGBTI no pudo estar presente en la audiencia, según se informó, por falta de recursos para movilizarse hasta la sede del Período de Sesiones.
Situación de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis política en Venezuela (de oficio)
Las organizaciones solicitantes expresaron su especial preocupación por la situación de las personas privadas de libertad en recintos penitenciarios, y en centros de detención policial que serían utilizados de manera permanente. En general señalaron que las condiciones de detención a las que se enfrentan, no respondería a los estándares internacionales en la materia. Ante la alegada falta de autonomía e independencia del Poder Judicial, requirieron que las cifras de civiles procesados en tribunales militares se hicieran públicas, que se liberara a los presos políticos, y que cesara la criminalización de las y los defensores de derechos humanos mediante el indebido uso del derecho penal. Por su parte, el Estado se refirió a la transformación del sistema penitenciario, misma que habría permitido a las autoridades retomar control estatal de los establecimientos penitenciarios, así como fortalecer el respeto y garantía de los derechos humanos de esta población. De igual forma, el Estado venezolano reconoció como un actual desafío en la materia, la utilización prolongada de los centros de detención preventiva. La Comisión manifestó su preocupación por la situación que enfrentan las personas privadas de libertad, así como por la falta de mecanismos independientes, nacionales o internacionales, para monitorear sus condiciones de detención. En este contexto, la CIDH exhortó al Estado a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas.
Situación humanitaria y mecanismos de control social en Venezuela
Las organizaciones solicitantes expusieron datos estadísticos para ilustrar la grave crisis económica que está atravesando Venezuela. En este sentido, manifestaron que el ingreso medio no es suficiente para cubrir la canasta básica, los hogares en situación de pobreza extrema han aumentado, no hay acceso a la medicina, entre otros factores que afectan enormemente la vida de los venezolanos. Agregaron que el sistema de subsidios funciona a través del llamado “carnet de la patria”, que no resguarda debidamente la privacidad de las personas y, además, se utiliza de manera discriminatoria por razones políticas y como un instrumento de control. Denunciaron graves afectaciones a los derechos humanos, la consolidación del autoritarismo y el incremento de la represión. El Estado, por su parte, señaló que era necesario hacer un análisis de las causas detrás de la crisis y de la realidad de los derechos humanos en el país, en particular la agresión económica y las medidas coercitivas aplicadas por Estados Unidos hacia el país. Sostuvo que tiene los recursos para satisfacer las necesidades de la población, pero que no puede aplicarlos debido a las medidas referidas. A su vez, la CIDH solicitó al Estado de Venezuela que otorgara la anuencia para que la Relatoría de los Derechos de la Niñez pueda visitar el país y confrontar informaciones valiosas para el conocimiento de la situación, así como también lo permita respecto de Relatorías en otras materias. La CIDH cuestionó aun si el Estado contaba con los recursos suficientes para cubrir las necesidades e hizo énfasis en los efectos de la crisis sobre la población más vulnerable.
Derechos humanos de personas migrantes y refugiadas venezolanas en la región (de oficio)
Las organizaciones solicitantes manifestaron graves preocupaciones respecto a la situación de las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela, así como de las poblaciones indígenas de las fronteras, y a la falta de provisión de documentos a estas personas por parte de los distintos Estados. Ilustraron la vulnerabilidad y riesgos específicos que siguen acompañando a las personas migrantes y refugiadas en todas las etapas del desplazamiento forzado internacional; la carencia de documentos de identidad; la apatridia, en particular de niños, niñas y adolescentes; la xenofobia y de discriminación de género, raza, etnicidad, orientación sexual y edad, entre otros. Solicitaron que la CIDH exhorte a los estados a reconocer, garantizar y proteger los derechos humanos de las poblaciones migrantes y refugiadas venezolanas y a desarrollar protocolos diferenciados de atención y protección para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Además, solicitaron la elaboración de un informe especial que evalúe la manera en que los Estados respetan los estándares internacionales en materia de refugio y protección internacional. Por su parte, la CIDH reconoció la complejidad del tema del éxodo venezolano, y subrayó el importante trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la vigilancia de la conducta de los Estados. Expresó finalmente la necesidad de elaborar protocolos regionales de cooperación para atender la llegada masiva de personas venezolanas; y de implementar medidas para promover la integración social a través del acceso a la educación, al trabajo e a la seguridad social y garantías contra la discriminación y xenofobia.
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