(Nueva York, 02/09/2021) En el nuevo informe cuatrimestral del Monitor de la Responsabilidad de Proteger, señala que la persecución, la violencia, los posibles crímenes de lesa humanidad y la falta de cooperación con los mecanismos internacionales de protección, son elementos que comprueban el incumplimiento del gobierno venezolano de proteger a las personas.
Análisis
La impunidad generalizada anima a los agentes estatales a continuar perpetrar posibles crímenes de lesa humanidad. Extrajudicial Los asesinatos parecen ser parte de una estrategia sistemática para combatir delincuencia y reforzar el control social. Venezuela enfrenta varios crisis de seguridad, con enfrentamientos violentos recurrentes que involucran agentes estatales o bandas criminales en todo el país.
Mientras que una nueva ronda de conversaciones entre el gobierno y la oposición comenzó el 13 de agosto, el arresto de algunos figuras de la oposición y defensores de los derechos humanos llama a cuestionar si el gobierno está dispuesto a reformar sus políticas y prácticas.
El gobierno se niega a cooperar plenamente con el FFM y otros mecanismos de derechos humanos y no está cumpliendo sus responsabilidad de proteger a todos los venezolanos.
Respuesta internacional
Desde noviembre de 2017, la UE ha impuesto congelaciones de activos a 55 personas, incluidos altos funcionarios del gobierno. El gobierno de los Estados Unidos ha impuesto sanciones selectivas contra el gobierno, así como sanciones más amplias que han exacerbado la crisis humanitaria.
En febrero de 2018, la CPI anunció un examen preliminar de la situación en Venezuela, analizando presuntos delitos cometidos desde abril de 2017 en el contexto de manifestaciones y actividades relacionadas la inestabilidad política. El 26 de septiembre de 2018 Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron que el Jefe Fiscalía abre investigación formal sobre posibles delitos contra la humanidad en Venezuela.
El 27 de septiembre de 2019, el CDH adoptó una resolución establecimiento de la FFM. Se renovó el mandato de la FFM durante dos años el 6 de octubre de 2020.
Acciones necesarias
Las autoridades venezolanas deben poner fin a la persecución sistemática de la sociedad civil, los medios de comunicación y sus oponentes políticos. los El gobierno también debería disolver las FAES y garantizar la imparcialidad investigaciones de todas las violaciones y abusos graves de derechos humanos derechos cometidos por diversos agentes y agencias estatales. los El gobierno debe otorgar a la FFM acceso irrestricto a la país y cooperar plenamente con todos los mecanismos de la ONU.
Los Estados deben apoyar activamente la reanudación de las negociaciones entre el gobierno y la oposición más amplia que se establecen para reanudar durante septiembre y levantar todas las medidas que limitan la el acceso de la población a bienes y servicios básicos. Venezuela y Colombia debe trabajar unida para prevenir más violencia a lo largo su frontera compartida, garantizar rutas migratorias seguras y proteger poblaciones vulnerables.
En ausencia de mecanismos nacionales de rendición de cuentas, otras Los estados deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales, incluidas las jurisdicción universal, contra los responsables de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Los miembros del Consejo de Seguridad de NU deben invitar a la FFM a informar al Consejo sobre las acciones necesarias para garantizar rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad en curso.
