(Caracas, 20/03/2022) El 21 de marzo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Volker Türk, presentará ante los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos su primera actualización oral sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, en cumplimiento de la resolución del Consejo: A/HRC/51/L.4

A esta nueva actualización le preceden 4 informes sobre la situación de los derechos humanos, 1 informe sobre la asistencia técnica prestada por la OACNUDH al Estado  y 7 actualizaciones orales realizados por la anterior Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante el periodo 2019 – 2022. En los informes se emitieron en total 96 recomendaciones dirigidas al Estado venezolano. Estas recomendaciones pueden verse aquí:

Vistas por la frecuencia de sus menciones, las recomendaciones más destacadas mostraron la siguiente distribución por ámbitos temáticos:

•  22,92% sobre derechos civiles y políticos.
• 10,42% sobre acceso a la justicia.
• 11,46% sobre el marco constitucional y legislativo.
• 9,38% sobre derechos económicos, sociales y culturales.
• 8,33% dirigidas a mejorar la situación de las mujeres;
• 9,38% sobre personas privadas de libertad.

A continuación se resume algunas de las mayores preocupaciones que justificaron las recomendaciones de la ACNUDH, basadas en la documentación y seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país por cada informe de situación de los derechos humanos en Venezuela:

Primer  informe

• Las instituciones esenciales y el estado de derecho en Venezuela están profundamente erosionados. El ejercicio de la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión, y el derecho a participar en la vida pública, conllevan un riesgo de represalias y represión.

 

• El uso excesivo de la fuerza en el contexto de las operaciones de seguridad por parte de las Fuerzas de Acción Especial, con múltiples asesinatos, principalmente de hombres jóvenes. Muchos pueden constituir ejecuciones extrajudiciales, y deben investigarse a fondo, con la rendición de cuenta de los autores y las garantías de no repetición.

 

• Muchos servicios públicos han colapsado, incluido el transporte, la electricidad y el agua. El sector sanitario se encuentra en estado crítico. La no disponibilidad de medicamentos y equipos básicos está causando muertes evitables, mientras que la falta de disponibilidad de anticonceptivos obliga a muchas mujeres a dar a luz hijos que no podrán cuidar adecuadamente.

Segundo Informe

• Debido a la falta de transparencia en relación a la información sobre la actividad minera en el Arco Minero, la Oficina no es capaz de determinar en qué medida el Gobierno ha logrado efectivamente regularizar la actividad minera y frenar la minería ilegal. De acuerdo con testimonios obtenidos de primera mano, una gran parte de ellas permanecen bajo el control de grupos criminales organizados o armados que imponen sus propias reglas a través de la violencia y la extorsión. El informe destaca un patrón de explotación laboral, incluido el trabajo infantil, y se refiere a informes de trata de personas y explotación sexual. El informe encontró que los mineros deben dar una gran parte del oro que extraen a grupos criminales y armados, están sujetos a largas jornadas laborales en condiciones peligrosas y estarían expuestos a enfermedades y contaminación por mercurio.

 

• La expansión de la minería ha afectado particularmente las vidas y los medios de vida de los pueblos indígenas, dentro del Arco Minero y más allá, principalmente debido a la presencia de actores armados y los impactos ambientales. Una consecuencia principal ha sido la pérdida de control de sus territorios y recursos tradicionales, lo que también socava su derecho a la libre determinación.

Tercer informe

• ACNUDH informó que documentó17 casos de violaciones de derechos humanos relacionadas con la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que incluyen 4 casos de amenazas e intimidación (incluyendo dos mujeres) y 12 casos de detención arbitraria. Muchos de los casos documentados iban acompañados de actos de violencia e implicaban la criminalización de actividades legítimas.

 

• Se registraron escasos progresos realizados en la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, la investigación de las violaciones de los derechos humanos cometidas contra ellas y la garantía del derecho a participar en los asuntos públicos, tal como recomendó anteriormente.

 

• El enjuiciamiento desiete dirigentes sindicales y seis trabajadores por su defensa de los derechos laborales o por haber denunciado irregularidades, por delitos como terrorismo, asociación ilícita, revelación de secretos de Estado e incitación al odio, algunos de ellos tras ser denunciados por sus supervisores a las autoridades o tras haber publicado en las redes sociales mensajes críticos contra el Gobierno. Ocho personas seguían  detenidos al momento de publicar el informe. Dos dirigentes sindicales fueron supuestamente despedidos de sus puestos por su defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.

Cuarto informe 

• En el Arco Minero del Orinoco y otras zonas mineras de los estados Bolívar y Amazonas se han generado enfrentamientos entre grupos armados no estatales y bandas criminales por el control de la minería, en el marco de lo cual continua utilizándose mercurio y cianuro afectando los ríos que son la principal fuente de agua en la región. Continuaban las prácticas sistemáticas de trabajo infantil, explotación sexual y trata de personas.

 

• Se registró un aumento en los actos en la estigmatización y criminalización de los representantes de la sociedad civil, incluyendo a personas defensoras de derechos humanos , periodistas y trabajadores de medios de comunicación. el espacio cívico y en especifico el ataque y control a las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos. La oficina documentó 154 casos de estigmatización, hostigamiento y amenazas contra dichos grupos así como al menos 5 detenciones arbitrarias de miembros de la oposición política.

 

• Continúan los retrasos en la aplicaciones de las ordenes de liberación, en específico documentó al menos siete casos en los cuales no se han implementado las órdenes de liberación emitidas por los tribunales. La oficina afirmó que las autoridades incurrieron en demoras judiciales indebidas en al menos 74 casos.

 

• En Venezuela se sigue reportando falta de medicamentos, de suministros y de personal calificado en el sistema de salud. El informe aclara que la pandemia del Covid – 19 agravó el sistema de salud pero éste ya se encontraba en un estado de fragilidad antes de la misma. Se hace referencia a las situación de niños y niñas con enfermedades crónicas, la vacunación contra enfermedades prevenibles, y la salud sexual y reproductiva de mujeres y adolescentes. Además, alerta que las irregularidades en el servicio de electricidad han impactado al sistema de salud ya los centros sufren apagones regulares.