(Ciudad de México, 01/02/2024) Amnistía Internacional presentó este documento en respuesta a la convocatoria para remitir información de cara al próximo informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados sobre la salvaguardia de la independencia de los sistemas judiciales frente a los desafíos contemporáneos a la democracia, que se presentará en el 56º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en junio de 2024. Esta remisión presentó las preocupaciones de Amnistía Internacional respecto a los sistemas judiciales en Chile, Guatemala, Perú y Venezuela junto con recomendaciones basadas en estos ejemplos.

Falta de independencia judicial en Venezuela

Tal y como detalló Amnistía Internacional en su último informe al Comité de Derechos Humanos durante su 139° periodo de sesiones, el acceso a la justicia y la independencia del poder judicial no  se encuentran garantizados por las autoridades venezolanas, en violación de sus obligaciones internacionales.

Respecto de la falta de independencia de quienes operan la justicia, se evidencia la injerencia en sus labores por parte de funcionarios de otros poderes públicos o desde el propio poder judicial. Amnistía Internacional ha denunciado la falta de independencia de numerosos jueces y fiscales y la existencia de una correlación entre las detenciones arbitrarias por motivos políticos y los ataques en medios de comunicación que estigmatizan a personas defensoras de derechos humanos, dejando en evidencia que no existe independencia judicial y que los órganos de justicia entran en coordinación con otros mecanismos represivos.

Asimismo, la organización ha denunciado como parte del patrón de detenciones arbitrarias por motivos políticos, cómo las autoridades hacen declaraciones públicas en torno a casos que aún no han sido juzgados, afectando seriamente el principio de presunción de inocencia. En muchas ocasiones, las familias de las víctimas de las detenciones se habrían enterado de la detención a través de estas declaraciones públicas en medios masivos, aun cuando otros funcionarios negaran la detención.

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos (MIIDH) de la ONU ha documentado ampliamente, no solo la falta de independencia judicial o la omisión en la administración de justicia en Venezuela, sino el rol fundamental que han tenido jueces, juezas, fiscales y otros funcionarios judiciales para la represión en contra de quienes son percibidos como disidentes al gobierno de Nicolás Maduro.

En marzo de 2023 se informó que el juez designado para integrar el Tribunal Especial Cuarto en funciones de Control con Competencia en Terrorismo estaba privado de libertad por ser señalado en una trama de corrupción vinculada a altos funcionarios del gobierno en lo que se ha presentado como una pugna de poder interna. Este caso podría dar cuenta de cómo funciona la injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial, poniendo de manifiesto la preocupación sobre la independencia con la que ha actuado este tribunal de control, de comprobarse los cargos de corrupción por los que ha sido señalado.

Recomendaciones

Amnistía Internacional le recomienda atentamente que tome a bien considerar e incluir las siguientes
recomendaciones en su próximo informe:

• Proteger la independencia y el ejercicio de las atribuciones, sin interferencias ni presiones indebidas, de las y los fiscales, jueces, y operadores de justicia. Los poderes públicos deben abstenerse de interferir en la administración de justicia y se debe sancionar cualquier práctica dirigida a intervenir desde otros poderes públicos.

• Poner fin al hostigamiento y uso indebido del derecho penal contra fiscales, jueces y juezas, magistrados y magistradas que han contribuido a la lucha contra la impunidad y por la protección de los derechos humanos.

• Fortalecer los sistemas judiciales al implementar medidas que subsanen la provisionalidad de los funcionarios judiciales, prioricen la carrera judicial y contengan garantías para promover la independencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales.

• Seguir escrupulosamente los preceptos legales en cuanto al proceso para la atribución de competencias especiales a órganos administradores de justicia, como la competencia especial sobre terrorismo.

• Garantizar que las personas imputadas podrán acceder en todos los casos a una defensa letrada de su confianza sin hostigamientos o sin ser constreñidas a designar otra opción.

Fuente: Amnistía Internacional