(Washington D.C., 29/04/2024) Junto a Cuba, Nicaragua y Guatemala, Venezuela se encuentra en el Capítulo IV del informe anual 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a las graves violaciones de Derechos Humanos y acciones contrarias a lo establecido en los principios interamericanos, afectando la democracia representativa.
Pese a los distintos llamados y recomendaciones de la CIDH y de otros organismos internacionales, en el 2023 el Estado venezolano no adoptó medidas idóneas y efectivas para restablecer el orden democrático y la separación e independencia de los poderes públicos. Esto, según la Comisión ha permitido al Poder Ejecutivo mantener el control sobre el Poder Judicial, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral y el Poder Legislativo, así como imponer una política sistemática de represión y amedrantamiento en contra de personas y organizaciones que defienden derechos, que manifiestan disenso con el gobierno, que son opositoras o percibidas como tales.
La CIDH sostiene que, tras más de una década de injerencias indebidas y arbitrarias, el Poder Ejecutivo ha logrado controlar las diversas ramas del poder público. El proceso de cooptación de las instituciones se ha visto facilitado en gran medida por la falta de independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Desde el año 2015, este órgano ha operado como una extensión del Poder Ejecutivo, adoptando de manera sistemática decisiones lesivas para el Estado de Derecho, la separación de poderes y la participación política. Todo esto, en franca violación de los requisitos establecidos en la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos aplicables.
El informe señala que la subordinación de las instituciones al Poder Ejecutivo tuvo dos consecuencias significativas en 2023. En primer lugar, no se tomaron medidas decididas para combatir la impunidad de las violaciones ocurridas en años anteriores, especialmente durante las protestas de 2015 y 2017. En el informe se recuerda que la gravedad, sistematicidad e impunidad de dichas violaciones llevaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a iniciar una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, un hecho sin precedentes en el hemisferio occidental
La segunda consecuencia de la falta de independencia de poderes fue el acceso discriminatorio a la función pública. En el transcurso de este año, la Contraloría General de la República ratificó las sanciones de inhabilidad impuestas a líderes opositores con aspiraciones presidenciales. Además, el Ministerio Público inició investigaciones penales contra las personas que organizaron las llamadas «elecciones primarias», un ejercicio ciudadano de consulta destinado a determinar quién disputaría la presidencia por la oposición en 2024. «Estos hechos evidencian que las instituciones del ámbito público nacional operan principalmente para asegurar la permanencia del partido de gobierno en el poder y no para promover y proteger los derechos humanos», asegura la Comisión.
A su vez, la CIDH observa que persisten situaciones estructurales que limitan severamente el disfrute de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). El reducido acceso a estos derechos provocó que en 2023 quinientas mil personas abandonaran forzosamente el país. Desde 2015, más de 7 millones de personas han migrado forzosamente, en lo que constituye el desplazamiento más grande de la región y uno de los más grandes del mundo. «Este movimiento migratorio responde a una estrategia de supervivencia para salvaguardar derechos como la vida, la integridad personal, la salud y la alimentación», señala la CIDH, agregando que esto es consecuencia de la grave situación de derechos humanos en Venezuela.
