(Ginebra, 03/11/2023) El Comité de Derechos Humanos (CCPR por sus siglas en inglés), órgano de las Naciones Unidas encargado de monitorear al cumplimiento de lo establecido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ha publicado las conclusiones del V examen de Venezuela.

El CCPR ha emitido sus conclusiones sobre el V examen de Venezuela ante el organismo, las cuales fueron elaboradas tomando en consideración el informe enviado por el Estado, información suministrada por la Defensoría del Pueblo, información suministrada por organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales (escrita y oral), y las respuestas obtenidas por la delegación venezolana durante el diálogo los días 10 y 11 de octubre.

El Comité reconoció aspectos positivos en medidas legislativas, institucionales y políticas aplicadas en Venezuela:

1. La declaración de la nulidad del artículo 565, en su último aparte, del Código Orgánico de Justicia Militar;
2. La Ley para la Promoción y Uso del Lenguaje con Enfoque de Género, el 7 de octubre de 2021;
3. La Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, el 7 de octubre de 2021;
4. La reforma parcial del Código Orgánico de Justicia Militar que exige remitir a los juzgados penales ordinarios todos aquellos casos contra civiles que se encuentren en tribunales con competencia penal militar, el 17 de septiembre de 2021;
5. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, el 7 de septiembre de 2021;
6. El Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2021-2025 y la creación del Consejo Nacional contra la Trata de Personas.
7. La creación de la Defensoría Especial para la Protección de las Personas Migrantes, Refugiadas y Víctimas de la Trata de Personas, en noviembre de 2020.
8. La ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
9. La ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares.

Aun así, el Comité expresó preocupación por varias situaciones:

1. La parcialidad y faltada de objetividad denunciada sobre la Defensoría del Pueblo, lo que incumple con los Principios de París.
2. La presencia generalizada de corrupción y la falta de acceso a información que debería ser pública, como el uso y manejo del presupuesto nacional, la información sobre las empresas y las contrataciones públicas. Así como los ataques contra personas defensoras que denuncian actos de corrupción.
3. El uso prolongado del estado de excepción y las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante su prevalencia, como: ejecuciones extrajudiciales de periodistas, defensores de derechos humanos, y de líderes sindicales y de pueblos indígenas durante el estado de excepción por COVID-19, así como la suspensión del derecho a la reunión pacífica.
4. Las denuncias de violencia, incitación al odio y discriminación contra las personas LGBTI+, la falta de una ley que garantice el derecho a la identidad de las personas transexuales y la falta de reconocimiento y protección de parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales.
5. La persistencia de estereotipos y actitudes discriminatorias sobre el papel de la mujer, que afectan en particular a las mujeres en zonas rurales y empobrecidas.
6. Las altas cifras de violencia hacia la mujer, incluyendo feminicidios y la impunidad en estos casos.
7. La criminalización del aborto, la falta de información sobre los abortos clandestinos, el embarazo adolescente y la mortalidad materna.
8. Las denuncias sobre: desapariciones forzadas (incluyendo de corta duración), las ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y la existencia de “casas clandestinas” de detención.
9. El hacinamiento y las dificultades para acceder a alimentos y tratamientos de salud en las cárceles.
10. El uso excesivo de la detención preventiva.
11. El aumento de formas contemporáneas de esclavitud, como la trata con fines sexuales y el trabajo infantil en las zonas mineras, especialmente en el AMO y en otras partes de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
12. El aumento del desplazamiento interno de comunidades indígenas, en particular en las zonas fronterizas.
13. La falta de autonomía, independencia e imparcialidad del Poder Judicial.
14. La restricciones a la libertad de expresión: acoso, persecución e intimidación de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos; robo y destrucción de equipos; impedimentos al trabajo de corresponsales internacionales; cierre de medios, estaciones de radio y periódicos;
15. Uso de colectivos para reprimir las protestas y las violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad durante estas.
16. La creación y aplicación de marcos legislativos y normas que buscan restringir la libertad de asociación.
17. La dificultades para el registro y actas de nacimiento, la explotación infantil en zonas mineras y la edad para contraer matrimonio sea de 16 años, en lugar de 18 como recomienda el Comité.
18. La reducción del espacio democrático, incluyendo las inhabilitaciones políticas y los obstáculos para las inscripciones en el Registro Electoral.
19. Las actividades criminales, relacionadas a la minería, que amenazan la vida de las poblaciones indígenas.

El Comité emitió 22 recomendaciones con el fin de corregir las situaciones que afectan y/o atentan contra los derechos civiles y políticos de las personas venezolanas. Además, el CCPR solicitó al Estado venezolano enviar en 2026 información sobre la aplicación de las recomendaciones sobre: independencia del Poder Judicial, la libertad de expresión y el derecho a la participación en asuntos públicos, considerados urgentes para el Comité.

Informe: Observaciones finales del V examen de Venezuela