(Caracas/ Bogotá, 15/12/2020) La organización internacional Crisis Group realizó una investigación sobre los efectos de la emergencia humanitaria en la frontera colombo – venezolana, provocado que los lazos entre los dos estados se desgasten, en medio de cierres fronterizos, un éxodo de migrantes y ejercicios militares rivales.
La frontera entre Colombia y Venezuela es el escenario del impasse interestatal más grave de América Latina y de la peor emergencia humanitaria de la región. Con más de 2000 km de larga, la línea que divide a estos países es un imán para grupos guerrilleros y crimen organizado, particularmente del lado colombiano. La pobreza, la corrupción y el auge de los mercados negros (incluido el comercio en el epicentro mundial de cultivos de coca) estimulan la creación de nuevas facciones armadas y generan una competencia feroz entre éstas. La frontera ahora también está en el medio de turbulentas políticas regionales. El conflicto político venezolano ha provocado una disputa entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, lo que ha puesto a ambos ejecitos en alerta máxima; y ha generado problemas económicos que han obligado a millones de venezolanos a huir a través de la frontera con Colombia, ahora cerrada debido al COVID-19. Reconstruir la confianza entre los vecinos, restablecer la cooperación en materia de salud y seguridad, reiniciar las conversaciones entre el Estado colombiano y la última guerrilla del país y asegurar que los migrantes reciban ayuda humanitaria será vital para preservar la paz en la frontera.
Las zonas fronterizas han sido azotadas por un conflicto de baja intensidad por décadas, lo cual evidencia el abandono estatal del que son objeto, al igual que la fuente de riquezas ilícitas que representan. Desde que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se desmovilizaron después del acuerdo de paz de 2016, una gama de actores armados se ha enfrentado entre sí por el control de una porción del botín fronterizo, ya sea la producción y tráfico de coca y cocaína, el contrabando, la extorsión o la minería ilegal. La fuerza guerrillera colombiana más grande que subsiste en la actualidad, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha aprovechado la oportunidad para expandirse en ambos lados de la frontera. Restos de grupos paramilitares colombianos y nuevas bandas que acechan territorios indígenas, disidencias rebeldes de las FARC, fuerzas parapoliciales venezolanas y carteles de droga mexicanos completan el mosaico cambiante de grupos armados. Los enfrentamientos entre estos grupos y los asesinatos de civiles en las zonas en disputa han continuado durante la pandemia.
Esta marea de violencia no se puede desconectar de las tensiones internacionales, sobre todo de la ruptura de relaciones entre los dos vecinos. El conflicto político interno de Venezuela se ha propagado por toda la región, lo que ha llevado al gobierno cada vez más autoritario del presidente Nicolás Maduro a una acalorada disputa con el presidente colombiano de centroderecha Iván Duque, quien insiste en que Maduro salga del cargo antes de una nueva elección presidencial en Venezuela. Lazos diplomáticos rotos, acusaciones mutuas de apoyo a “terroristas” y ejercicios militares a lo largo de la frontera marcan un peligroso punto bajo en las relaciones bilaterales. Ante la ausencia de canales de comunicación y confianza entre las partes, persiste el riesgo de que un incidente violento en la frontera pueda convertirse en una crisis interestatal a gran escala.
Para la mayoría de las personas a lo largo de la frontera, este rompimiento bilateral se ha traducido en una dolorosa ruptura de lazos familiares y comerciales transfronterizos. Pero para algunos, ha generado beneficios. Los repetidos cierres de los cruces fronterizos oficiales desde 2015 han enriquecido a los grupos armados más grandes y a comerciantes locales que trafican combustible, bienes y personas a través de los cruces ilegales. Los cultivos de coca han seguido creciendo en el departamento de Norte de Santander, que según la ONU contaba en 2019 con la mayor superficie cultivada en toda Colombia (el mayor proveedor de coca del mundo). Algunos de los venezolanos que viven en la frontera incluso expresan su gratitud porque el ELN, ahora respaldado o al menos tolerado por el Estado y las fuerzas de seguridad venezolanas, se ha convertido en el nuevo grupo armado dominante en su área y ayudó a erradicar los delitos menores.
Pero no hay duda sobre quién ha sufrido en mayor medida esta debacle fronteriza. Más de cinco millones de migrantes y refugiados han salido de Venezuela, la mayoría en busca de oportunidades económicas; cerca de dos millones, incluidos algunos de los migrantes más pobres, se han asentado en Colombia. Funcionarios corruptos, grupos armados depredadores y pobladores locales ventajosos han despojado a muchos de sus ahorros. Otros enfrentan la amenaza de la explotación sexual. Ahora, la pandemia de COVID-19 los ha expuesto a mayores dificultades. Los que regresan a Venezuela enfrentan una terrible cuarentena en instalaciones estatales donde las autoridades los etiquetan como “armas biológicas”. Quienes parten hacia Colombia no tienen por el momento más opción que soportar extorsiones de los grupos armados que controlan los cruces ilegales.
La pobreza y las instituciones estatales en declive a lo largo de la frontera requerirán atención constante durante años, idealmente a través del cumplimiento de las disposiciones sobre desarrollo rural pactadas en el acuerdo de paz de Colombia y una amplia reconstrucción económica en Venezuela. Mientras tanto, los dos vecinos deben tomar medidas urgentes para detener el riesgo de que se agrave la violencia y la inestabilidad. La pandemia presentó fugazmente la posibilidad de un deshielo en las relaciones, ya que los gobiernos establecieron un canal para intercambiar información de salud. Ahora deben hacer mucho más para evitar malentendidos a lo largo de la frontera y sus consecuencias potencialmente letales. Colombia y Venezuela deberían acordar un método conjunto para monitorear la frontera, quizás mediante la creación de un mecanismo para resolver incidentes bajo auspicios internacionales. Ambos países deberían apoyar los esfuerzos para reiniciar las negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN, suspendidas a principios de 2019 tras un atentado letal con carro bomba. Mientras tanto, incrementar la ayuda humanitaria será crucial para evitar que la reapertura formal de la frontera genere grandes flujos de personas pobres y desprotegidas en ambas direcciones.
A pesar de su determinación de enfrentar las agresiones del otro lado, las autoridades en Colombia y Venezuela saben que las hostilidades armadas a lo largo de la frontera resultarían catastróficas para ambas naciones. Restablecer canales de comunicación mientras se atiende a las víctimas del crimen y la violencia en la frontera será vital para prevenir un desastre que ninguna de las partes desea.
