Comité de la ONU realizó una serie de recomendaciones a Colombia sobre la atención y garantía de los derechos humanos de los venezolanos migrantes

(Ginebra, 16/9/2019) El Comité de Naciones Unidas para los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias (CMW) emitió varias recomendaciones al Estado colombiano sobre como mejorar la documentación, el acceso a servicios y garantizar los derechos humanos tanto de los venezolanos migrantes y de las personas colombianas retornadas.

El CMW reconoció los esfuerzos de Colombia para garantizar los derechos de los venezolanos migrantes, pero resalta que en los últimos años Colombia se ha convertido en un país de tránsito, destino y retorno, «Enfrentando una situación sin precedentes, en razón de movimientos migratorios de tipo masivo, la cual se concentra en las zonas de frontera entre el Estado parte y la República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador», dicen las observaciones finales. Además, el comité notó que las condiciones en Colombia son adversas debido a los altos índices de pobreza y los recursos limitados para la atención de la población migrante «han sobrepasado todas las capacidades institucionales».

A su vez, el CMW señaló que valora los esfuerzos del Estado colombiano para brindar servicios a la población migrante, mediante el constante aumento de recursos humanos y económicos para enfrentar las limitaciones presupuestarias buscando «garantizar los derechos humanos de todas las personas en su territorio«.

Además, tomó nota del esfuerzo, inversión y compromiso del Estado colombiano para gestionar la migración en sus fronteras, así como facilitar el tránsito de los migrantes y la atención concedida a los flujos migratorios masivos de ciudadanos venezolanos, con la “Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela”. Además, el Comité celebró la decisión tomada por el Estado parte en 2018 de emitir la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), que hace posible el ingreso, tránsito y permanencia de más de 4 millones de venezolanos en lugares de frontera, por un plazo máximo de siete días. También reconoció este esfuerzo que permitió asegurar asistencia humanitaria a millones de mujeres y el acceso de 190.942 niños, niñas y adolescentes migrantes al sistema público de educación.

También durante, el examen el CMW toma nota del enorme flujo de migración pendular, que por horas o unos pocos días entra y sale de Colombia, en busca de bienes, servicios y trabajo, lo cual diariamente representa 40.000 personas. Finalmente, el Comité tomó nota de que la respuesta de otros Estados y organismos internacionales ante sus llamados a la cooperación, avanzan lentamente.

El CMW reconoció la existencia de acuerdos bilaterales y regionales que se han aprobado con países vecinos o en el marco de la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana, como la convocatoria del Comité Andino para abordar la migración en la región y las reuniones de seguimiento a los compromisos multilaterales asumidos, así como la existencia de un Plan Inter-Agencial para atención a la Región.

Preocupa al CMW (con respecto a la migración venezolana):

Que el marco regulatorio es disperso y no aborda de manera integral la migración, así como alerta sobre la obligación de ajustarla a las disposiciones de la Convención y otros instrumentos internacionales aplicables.
Tomar las medidas necesarias para que el nuevo Proyecto de Ley entregado al Congreso de Colombia, sea aprobada en el marco de los instrumentos de derechos humanos, particularmente en armonía con la Convención, así como tenga enfoque de género y cuente con amplio debate social y un empoderamiento de los colombianos y las diásporas de migrantes, para que se convierta en una herramienta para el desarrollo, el bienestar y la convivencia pacífica.
El Comité toma nota con reconocimiento de las iniciativas adoptadas por el Estado parte como el sistema BIOMIG, instalado en las zonas de inmigración del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, y la base de datos TABLEAU, que asegura el manejo de la estadística migratoria, y el establecimiento mediante Resolución 4386 del 9 de octubre de 2018 el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia (RUTEC). El Comité reconoce también el impacto positivo obtenido mediante la instalación del Sistema Estadístico de Migración Laboral Internacional (SEMILI), del Registro Único de Retornados (RUR) y la adopción de la Análisis de Mercado Inteligente de Migración Laboral (AMIL). Sin embargo el Comité expresa su preocupación por el sub-registro que existe de personas en situación irregular y sus familiares, así como las dificultades de precisión de los registros en las fronteras terrestres.
Preocupa al Comité la participación limitada de la sociedad civil en la aplicación de la Convención, en particular en la preparación de informes nacionales.
Al Comité le preocupa los discursos xenófobos de otras autoridades y periodistas que están criminalizando la migración en Colombia y particularmente atentando contra madres migrantes y los niños nacidos en territorio colombiano.
El Comité sigue preocupado por el limitado acceso a la justicia y reparación para las víctimas de abusos y violaciones de derechos establecidos por la Convención, particularmente en el caso de poblaciones indígenas en zonas de frontera.
Ve con preocupación la migración masiva de familias migrantes, en un éxodo a pie- que representa desde el inicio de la crisis en la República Bolivariana de Venezuela y hasta el 30 de junio de 2019, casi 4 millones de personas, de los cuales un total de 1.4 millones han decidido radicarse en el Estado parte- de estos el 48% son mujeres y el 12% son menores de edad. Además 700 mil personas tienen una situación migratoria regular y 665 mil estarían en proceso de regularización. En consecuencia 2,5 millones de personas son migrantes en tránsito y en este año 2019, se espera llegarán 400 mil personas más.
Observa con preocupación, las denuncias de que los trabajadores migratorios, en particular los que trabajan en situación irregular como trabajadores domésticos en el Estado de Colombia, suelen ser objeto de explotación laboral y trata de personas.
Al CMW le preocupa las informaciones recibidas sobre la falta de asistencia otorgada a los ciudadanos colombianos que fueron expulsados del territorio venezolano y que fueron despojados de sus bienes y sobre aquellos que siendo residentes en el país fronterizo fueron impedidos de regresar a sus domicilio como consecuencia de las medidas de cierre de la frontera norte, siendo que esto representa varios casos acumulados durante varios años y un evento de expulsión colectiva de 50 colombianos desde la República Bolivariana de Venezuela.
Preocupa que en los servicios públicos persistan las prácticas discriminatorias y discrecionales para la atención a personas migrantes y la limitación de financiamiento para dar cobertura de salud y educación a la población migrante.
El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para la protección de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración y de las previsiones en esta materia. Le preocupa la vulnerabilidad de su situación por movilizarse a pie junto a sus familias, con mala alimentación, sin acceso a agua segura, ni servicios básicos y que interrumpen sus estudios durante la ruta migratoria.
El Comité observó las medidas jurídicas adoptadas por Colombia para proteger a los niños niñas y adolescentes migrantes de la explotación económica. Sin embargo, le preocupa el elevado número de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. En particular, le preocupa seriamente que muchos migrantes sigan realizando trabajos peligrosos o degradantes, como el trabajo agrícola en cultivos ilícitos, el tráfico de drogas y la minería ilegal.
El Comité considera que falta apoyo global y se sigue careciendo una coordinación y armonización de respuestas a nivel regional a la migración masiva de ciudadanos venezolanos. El Comité considera también que, la implementación de dichos acuerdos no avanza eficientemente y nota también la ausencia de coordinación para la toma de decisiones en los países que componen la ruta migratoria de las familias venezolanas, así como la falta de armonía y colaboración en los cruces fronterizos.
Preocupa la falta apoyo global y la carencia de una coordinación y armonización de respuestas a nivel regional a la migración masiva de ciudadanos venezolanos. El Comité considera también que, la implementación de los acuerdos regionales no avanzan eficientemente y la ausencia de coordinación para la toma de decisiones en los países que componen la ruta migratoria de las familias venezolanas, así como la falta de armonía y colaboración en los cruces fronterizos.
Sobre la trata de personas: a). debido al aumento de los flujos migratorios mixtos (principalmente de Venezuela) aumentan el riesgo de trata de personas, especialmente entre los migrantes que ingresan de manera irregular y que viajan sin documentos; b). La tasa de niños víctimas de la trata con fines de explotación sexual es elevada en zonas turísticas y zonas con importantes industrias extractivas y que durante el conflicto armado, se traficó con niños en campamentos militares para explotarlos con fines sexuales; c). La insuficiencia de casas de acogida para las víctimas de trata de personas, apoyo de casas comunitarias o casas de religiosos que puedan brindar albergue de emergencia a las personas en tránsito; d). La insuficiencia de recursos humanos y financieros destinados a la prevención y eliminación de la trata de seres humanos.
Según información recibida, la población indígena en la frontera entre Colombia y República Bolivariana de Venezuela que cruza regularmente la frontera para trabajar en el Estado parte se encuentra, en algunos casos, bajo amenaza de abusos, trabajo forzoso y esclavitud por deuda, particularmente los trabajadores en el sector agrícola. El Comité está preocupado por las consecuencias de esta migración, teniendo en cuenta que los trabajadores migratorios indígenas suelen encontrarse en una situación de vulnerabilidad, en particular los pueblos indígenas Yukpa y Wayuu y la comunidad transfronteriza Warao.

Recomendaciones (atención a migrantes venezolanos y colombianos retornados)

El Comité recomienda que el Estado parte tome las medidas necesarias para que el nuevo Proyecto de Ley entregado al Congreso de Colombia, sea aprobada en el marco de los instrumentos de derechos humanos, particularmente en armonía con la Convención, así como tenga enfoque de género y cuente con amplio debate social y un empoderamiento de los colombianos y las diásporas de migrantes, para que se convierta en una herramienta para el desarrollo, el bienestar y la convivencia pacífica.
Desarrolle las capacidades institucionales de Migración Colombia en el nivel departamental y municipal, con una gestión enfocada en derechos humanos y sensibilizada en género y protección a la infancia;
Desarrolle las capacidades institucionales de la Gerencia de Frontera con Venezuela y asegure un enfoque de derechos humanos en la implementación de sus políticas;
Avance en la consolidación del Sistema Nacional de Estadísticas Migratorias;
Continúe fortaleciendo los procesos de automatización del ingreso y salida de personas, manteniendo la calidad y confiabilidad de la información en todos los puntos fronterizos;
Profundice las políticas para eliminar los estereotipos discriminatorios sobre los trabajadores migratorios y sus familiares, así como avance en la educación para la prevención de la xenofobia en todos los niveles de formación;
Aplique con celeridad y sin excepción las sanciones vigentes para las distintas manifestaciones de discriminación, inclusive cuando sean autoridades y medios de comunicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención
Vele por que la asistencia jurídica se base en la no discriminación y asegure su acceso simple y gratuito;
Inicie la investigación inmediatamente cuando tenga conocimiento de crímenes y presuntas violaciones de derechos y facilite el acceso a la reparación con información accesible y asistencia legal efectiva;
Brinde ayuda para la defensa, servicios de intérpretes, derecho a un examen individual, entrevistas con un enfoque de género, interculturalidad, facilidades procesales, posibilidad de apelación, reparación y/o resarcimiento a la víctima y la familia.
Fortalezca el sistema de movilidad fronteriza con un enfoque de derechos humanos y mantenga su decisión de no cerrar las fronteras;
Asegure que las medidas de gobernanza fronteriza aborden y gestionen planes conjuntos con apoyo de la cooperación internacional para la migración segura y ordenada;
Mantenga los mecanismos que facilitan permisos de estancia y trabajo, dotan de documentos de identidad y evitan la irregularidad migratoria, con el fin de que los trabajadores migratorios y sus familias no sean víctimas de explotación o extorsión durante su ruta migratoria;
Amplíe las políticas para su integración en condiciones accesibles y dignas al trabajo y a los servicios sociales. Así como cuenten con un mecanismo de largo plazo para su vinculación productiva permanente y sean un factor más de desarrollo en el Estado parte;
Intensifique los llamados internacionales para obtener los fondos que permitan atender esta crisis de migración masiva de personas venezolanas, con el fin de incrementar los recursos para dar atención a los trabajadores migratorios y sus familiares y a todas las comunidades de acogida en igualdad de condiciones.
El Comité insta al Estado parte a que, una vez que ha agotado los mecanismo bilaterales y regionales de exigencia de reparación para sus nacionales que fueron víctimas de este trato abusivo, apoye a las personas afectadas para presentar sus casos en los Procedimientos Especiales de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El Comité recomienda al Estado parte que aplique igualdad de condiciones a los trabajadores migratorios y sus hijos nacidos en Colombia, independientemente de su lugar de origen. Así como mantenga su política para la erradicación de la apatridia en su territorio garantizando la nacionalidad a los niños nacidos en el territorio colombiano sin discriminar por la nacionalidad de origen de sus padres.
El Comité recomienda al Estado parte, que las políticas y planes de atención para los trabajadores migrantes y sus familias sean las mismas que las otorgadas a sus nacionales y a las comunidades de acogida, de manera que la equidad social motive al acceso igualitario, digno y sin discriminación. El Comité consciente de la gran cantidad de recursos que demanda la prestación de estos servicios, motiva al Estado parte a profundizar la cooperación internacional con otras regiones y el financiamiento solidario de otros países.
En los casos de niños migrantes no acompañados, sea obligatoria la aplicación del procedimiento del interés superior del niño, dirigido a adoptar soluciones de corto y largo plazo, tales como reunificación familiar o reasentamiento en un tercer país;
Se garantice que ningún niño, niña o adolescente sea repatriado solo si se garantiza su interés superior y no se ponga en riesgo su vida;.
Redoble sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil, entre otras formas asegurándose de que se emprendan actuaciones judiciales contra los que explotan económicamente a los niños y de que los niños víctimas reciban una reparación integral;
Se apoye en la asistencia técnica al respecto del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT.
El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para la atención regional de la crisis, motive la corresponsabilidad y coordinación, tomando en consideración los actuales flujos migratorios venezolanos. El Comité recomienda que el Estado parte siga promoviendo a nivel bilateral y regional, iniciativas y acuerdos dirigidos a asegurar los derechos y garantías previstos en la Convención a los trabajadores migratorios y sus familiares, como son la no discriminación, la atención médica de urgencia, la educación, el salario justo y acceso a seguridad social y jubilación, sin perjuicio de su condición migratoria.
El Comité recomienda al Estado parte que, de conformidad con el artículo 67 de la Convención y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (meta 10.7), pueda reforzar las acciones de acompañamiento, asegurando un enfoque de género, para los migrantes a sus lugares de origen y fortalezca medidas de reintegración duradera de las personas deportadas o retornadas. Recomienda que en el marco del retorno de las víctimas del conflicto armado se fortalezca el proceso de reinserción socio económica. Recomienda también ampliar la asistencia psicosocial ofrecida para quienes son víctimas de violaciones de sus derechos humanos en el proceso de partida, tránsito, migración o retorno.
Intensifique las campañas para prevenir la trata de trabajadores migratorios;
Refuerce la capacitación de agentes de policía y otros miembros de las fuerzas del orden, guardias de fronteras, jueces, fiscales, inspectores de trabajo, docentes, y personal de los servicios de salud y de las embajadas y consulados del Estado parte para identificar los casos y combatir la trata de seres humanos;
Asegure una implementación amplia e integral de la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas 2016-2018, en particular por lo que concierne mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de trata;
Refuerce el régimen instituido para detectar a las personas afectadas y brinde protección y asistencia a todas las víctimas de la trata, en particular proporcionándoles alojamiento, atención médica y apoyo psicosocial, y adoptando otras medidas que faciliten su reinserción social;
Potencie la cooperación internacional, regional y bilateral desarrollando planes de acciones conjuntas con los países de origen, tránsito y destino sobre la prevención de la trata de personas, detección de redes de crimen organizado y coopere con las fiscalías o procuradurías para detener, juzgar y sancionar a los criminales;
Adopte medidas para erradicar las causas estructurales de la trata de personas, en especial el machismo, la discriminación racial y la dificultad en el acceso de la población migrante al trabajo y a la educación;
Amplíe de manera considerable la red de casas de acogida para víctimas de trata y adopte medidas que tengan en cuenta las cuestiones de género y respeten los derechos humanos;
Institucionalice los mecanismos de reunificación familiar e identificación de migrantes carentes de documentos de identidad como una medida preventiva de la trata y de prevención a las separaciones indefinidas de los migrantes y sus familias.
El Comité invita al Estado parte a prever medidas de protección para los derechos de este grupo de trabajadores migratorios, conforme con las disposiciones de la Convención, considerando sus situaciones particulares de interculturalidad así como los riesgo para la salud a los que han sido expuestos y la necesidad de garantizarles el goce efectivo de sus derechos a pesar de encontrarse en zonas de difícil acceso y que ahora son rutas de migración clandestina, lo cual aumenta aún más su vulnerabilidad.