Para hablar sobre “Derechos Humanos y Rendición de Cuentas en Venezuela” se realizó este viernes un evento virtual que contó con un panel de siete mujeres representantes de Freedom House, Cepaz, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Transparencia Venezuela, que expusieron importantes hallazgos del tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos.

“El trabajo de la Misión ha representado un valioso estímulo de aliento y esperanza de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”. Fueron las palabras con las que dio inicio la directora de los programas de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, Alessandra Pinna.

Pinna destacó el valor de cada uno de los informes presentados por la Misión de la ONU para la determinación de responsabilidades y dejar en evidencia la falta de iniciativa por parte del Estado venezolano por establecer reformas importantes en el sistema de justicia ya que, lejos de contribuir en la disminución de crímenes de derechos humanos, siguen siendo un sistema represivo que solo ha cambiado para ser más selectivo, por ahora.

“Celebramos la iniciativa de Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay en presentar una resolución ante el Consejo de Derechos Humanos que procura la renovación por los próximos dos años del mandato de la misión” refirió Pinna.

La violencia se ha normalizado en zonas del Arco Minero.

Ante la grave situación en la región del estado Bolívar, reseñada por la Misión de la ONU en su tercer informe, producto de las actividades mineras ilícitas en esta región, Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, aseguró que “Lo más terrible es que la operación de los actos ilícitos perpetrados por redes criminales, no son ajenos al Estado venezolano” sino más bien son partícipes y promotores de lo que se ha consolidado como “el sistema” y que dicta normas de convivencia locales impuestas a los habitantes de la zona.

Tal como quedó reseñado en el informe “Economías Ilícitas” el mercado que genera la actividad minera en la zona produce ganancias de hasta 2 mil millones de dólares al año de los cuales solo el 30% llega a las arcas del Estado, el resto se va en contrabando o son manejados por actores del alto gobierno en control de la zona, según expuso De Freitas.

Toda esta actividad ilícita ha generado consecuencias desastrosas, no solo medioambientales, sino de prostitución, explotación sexual infantil, esclavitud moderna, trabajo físico desmedido, entre otras situaciones que, según explicó Eumelys Moya, del Centro de Derechos Humanos de UCAB Guayana, vienen de la mano de infecciones venereas y por contaminación de las aguas, violencia, castigos ejemplarizantes que han sido normalizados en la zona.

Por su parte, Tamara Taraciuk, directora adjunta para las Américas de Human Rights Watch manifestó que este mismo patrón de violencia se repite en otras zonas del país, mayormente en regiones fronterizas que son controladas por grupos armados. “Hace varios años documentamos que en Arauca y Apure operan grupos armados que controlan la vida de la población, crean e imponen normas, como toques de queda, reglamentan la pesca, etc., a través de amenazas y secuestros, entre otros” expuso Tamara.

Cabe destacar que, aunque el Estado opera en complicidad con grupos criminales, de igual forma se ha sembrado un temor entre los lugareños que obstaculiza la obtención de información por medio de entrevistas, lo que hace necesario que el trabajo de la Misión se amplíe y se vea reforzado.

 

Es responsabilidad del Estado tomar acción

Un punto importante expuesto por Sara Fernández, oficial de Incidencia Internacional del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) es que la Misión no es un Tribunal y la información que aportan debe servir de indicio, tanto para las autoridades nacionales que son las primeras llamadas a investigar, como para otros mecanismos internacionales.

“La Fiscalía de la CPI puede tomar la investigación de la Misión que entraría en su competencia como una referencia de casos que deben ser investigados a nivel nacional y para examinar si sobre los presuntos responsables se han llevado a cabo investigaciones” explicó Sara, resaltando además la importancia de que los expertos hayan recolectado y resguardado las pruebas que podrían haberse perdido.

La voz de la Misión

“Es necesario un cambio de prácticas dentro de las instituciones reseñadas por la Misión” expuso Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela que espera una renovación de su mandato para continuar con las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, presentadas en tres informes desde 2019 hasta la fecha.

“El informe demuestra que estos actos no han cesado y que son cometidos por actores que obedecen a una estrategia establecida desde una jerarquía de alto nivel” refirió Valiñas

“Tenemos información sobre cómo fluyen y se imparten las órdenes que permite entender la forma en que se toman las decisiones y cómo funciona esta maquinaria de represión al servicio del gobierno” Esto como resultado de 88 entrevistas que aportaron información adicional a 400 que se habían realizado anteriormente. Sin embargo no ha sido suficiente.

“Queda mucho por documentar” aseguró Valiñas. “Seguiremos prestando atención al espacio democrático y cómo se limita, no solo por las graves violaciones de derechos humanos y otros delitos documentados, sino a través de la violación de las libertades de asociación y expresión” mantuvo.

Fuente: Justicia y verdad