(Ginebra, 04/07/2019) En cumplimiento de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas “Protección y Promoción de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela” , la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, ha públicado el informe sobre los resultados de la investigación de su oficina sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, desde enero 2018 a mayo 2019.

El informe «Situación de los Derechos Humanos en Venezuela» destaca patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El informe incluye un enfoque de género, poniendo de relieve las experiencias específicas de las mujeres y las niñas.

El informe se basa en la información recopilada y analizada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, inclusive durante misiones. El ACNUDH efectuó una visita a Venezuela del 11 al 22 de marzo de 2019, durante la cual se reunió con una amplia variedad de partes interesadas, incluyendo actores estatales, en Caracas, Barquisimeto, Valencia y Ciudad Guayana. Además, entre septiembre de 2018 y abril de 2019, el ACNUDH llevó a cabo nueve visitas para entrevistar a personas refugiadas y migrantes venezolanos en la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú

Los derechos económicos sociales y culturales

La crisis económica y social se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019. A medida que la economía seguía contrayéndose, la inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción en las exportaciones de petróleo. La población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y sociales.

A pesar de que el Gobierno ha decretado varios aumentos en el salario mínimo, su poder adquisitivo ha disminuido hasta el punto de que ya no se lo puede considerar como un salario de subsistencia. En abril de 2019, el salario mínimo, que ascendía al equivalente de unos siete dólares estadounidenses al mes, cubría únicamente el 4,7 % de la canasta básica de alimentos.

El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural.

Derecho a la alimentación

Información verificada por el ACNUDH confirma violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre. El principal programa de asistencia alimentaria, conocido como “cajas CLAP”, no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente.  El Gobierno no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a la alimentación, ni tampoco que hubiere buscado, sin éxito, asistencia internacional para abordar dichas deficiencias.

La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día y que consumían pocas proteínas o vitaminas. La falta de acceso a alimentos tiene un impacto especialmente adverso en las mujeres que son las principales encargadas y/o las jefas de familia, quienes se ven obligadas a dedicar un promedio de 10 horas al día a hacer filas para obtener comida. Fuentes locales reportaron algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo.

Además de la hiperinflación y la contracción de la economía, las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos, aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria. El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reportó que 3.7 millones de venezolanos/as se encuentran en estado de
desnutrición y la ONG Caritas confirmó particularmente altos niveles de desnutrición entre niños/as y mujeres embarazadas.

Derecho a la salud

En cuanto al derecho a la salud en Venezuela, la situación es grave. Las personas entrevistadas describieron consistentemente una infraestructura de la atención a la salud que lleva años deteriorándose y que se caracteriza por el éxodo de doctores/as y personal de enfermería, así como por graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos.

Asimismo, enfermedades que anteriormente estaban controladas y habían sido erradicadas, entre ellas enfermedades evitables con vacunas como sarampión y difteria, han reaparecido.

Hay falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos, con algunas ciudades enfrentando una escasez del 100 %. Ello aumenta el riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, así como la tasa de embarazos no deseados y de embarazos en adolescentes. La tasa de embarazos en adolescentes ha incrementado en un 65 % desde 2015. Esto impacta el derecho de las niñas a la educación, ya que los embarazos son el motivo principal de la deserción escolar entre las adolescentes. Ante una legislación restrictiva en materia de aborto, a menudo las mujeres recurren a abortos inseguros. Ello ha contribuido a un aumento en la mortalidad materna evitable, con un estimado 20% de los fallecimientos maternos aparentemente relacionados con abortos realizados en condiciones no seguras. Otras causas principales de mortalidad materna son la falta de personal cualificado para atender el parto, la falta de suministros médicos y las condiciones en los hospitales, lo cual ha llevado a muchas mujeres a salir del  país para dar a luz.

La Encuesta Nacional de Hospitales (2019) constató que, entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1,557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales13. Los apagones han causado daños irreparables, como se revela en reportes que indican que 40 pacientes murieron como resultado del apagón de marzo de 2019.

Violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos. Las violaciones de las obligaciones fundamentales estuvieron vinculadas a una falta generalizada de disponibilidad de y acceso a fármacos y tratamientos esenciales, al deterioro de las condiciones en hospitales, clínicas y maternidades, a la falta de factores subyacentes determinantes de la salud, incluyendo agua y nutrición adecuada, al deterioro en la inmunización y salud preventiva y a las restricciones en el acceso a la salud sexual y reproductiva. También se producen violaciones al derecho a la salud por el hecho de que el Gobierno no publique datos sobre la salud pública, que son esenciales para la concepción y puesta en práctica de una respuesta adecuada a la actual crisis sanitaria que padece el país.

Programas y políticas sociales

Las mujeres, quienes en su mayoría cargan con el cuidado de la casa y de la familia, son el principal grupo beneficiado por los programas de salud, vivienda y alimentación. Ellas también constituyen el 72 % de la membresía de los Consejos Comunales. No obstante, la discriminación con base en motivos políticos y el control social mediante los carnets tiene un impacto diferenciado en la habilidad de las mujeres para hacer valer sus  derechos.

Medidas coercitivas unilaterales

La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017. Sin embargo, las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria, dado que la mayoría de los ingresos en divisas procede de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense. El Gobierno ha aceptado autorizar gradualmente asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y de otros actores. Sin embargo, el nivel de asistencia es mínimo en relación a la magnitud de la crisis y hay una necesidad urgente de adoptar reformas económicas estructurales.

Violaciones de los derechos civiles y políticos

En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Esta situación ha continuado empeorando en 2018-2019. Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el Gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión. Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros quienes fueron expulsados o dejaron el país inmediatamente después de su liberación.

El ACNUDH documentó varios casos de detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales. En los últimos diez años, la ONG Espacio Público ha registrado detenciones arbitrarias y cargos penales contra 55 personas por publicaciones en medios sociales – 24 de ellos en 2018.

Represión selectiva y persecución por motivos políticos

Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al Gobierno. Esta tendencia se ha aumentado desde 2016, después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional.

Instituciones y medidas de seguridad

El aparato de seguridad incluye a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y a sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La GNB y la PNB han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014. Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares. Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia.

Las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos. Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones.

Ataques contra miembros de la oposición y personas críticas al Gobierno

Estas políticas van acompañadas de una retórica pública, utilizada también por autoridades de alto rango, que desacredita y ataca de manera constante a quienes critican al Gobierno o se oponen a él. La oposición política, los/as activistas de derechos humanos y los/as periodistas, entre otros/as, son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de “traidores” y “agentes desestabilizadores”.

Sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al Gobierno mediante disposiciones vagas, aumentos de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para personas civiles, y restricciones a ONGs para representar a víctimas de violaciones de los derechos humanos.

En 2018-2019, se despidió y detuvo arbitrariamente a varios dirigentes sindicales y a muchos/as trabajadores/as que habían protestado en demanda de salarios y condiciones de trabajo decentes. Decenas de profesionales de la salud que protestaron por el estado en que se encontraba la atención de salud en el país fueron despedidos/as y/o amenazados/as por sus superiores y algunos/as fueron detenidos/as arbitrariamente.

A junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia ha levantado la inmunidad parlamentaria a 22 diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos el Presidente de la Asamblea Nacional. Muchos de ellos han sido acusados de traición, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil y asociación, entre otros cargos, tras el 4 de agosto de 2018, cuando una tentativa de asesinato reportada en contra del Presidente de la República falló, y el 30 de abril de 2019, cuando el Presidente de la Asamblea Nacional llamó a las fuerzas armadas a desertar y a desafiar al Gobierno. Dos diputados se encuentran en detención preventiva y 16 han buscado protección en Embajadas extranjeras, han abandonado el país o se han escondido.

Los ataques contra familiares de opositores/as políticos/as son parte de la represión selectiva. El ACNUDH documentó un número creciente de detenciones arbitrarias de familiares, particularmente de mujeres, de presuntos opositores políticos. Estas detenciones son llevadas a cabo como instrumento para ejercer presión sobre los supuestos fugitivos, pero también como un castigo. Familiares también son víctimas de amenazas de muerte, daños adicionales a sus familias, vigilancia, intimidación y hostigamiento. Además, las mujeres son sometidas a violencia sexual y de género y humillación en sus visitas a centros de detención, durante operaciones de seguridad y allanamientos de domicilios.

Uso excesivo de la fuerza y muertes en el contexto de las manifestaciones contra el Gobierno

A medida que la crisis política, social y económica se fue agudizando, las manifestaciones contra el Gobierno aumentaron en número e intensidad a partir de 2014. Según el Gobierno, en 2017 ocurrieron 12,913 manifestaciones, 7,563 en 2018 y 3,251 entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 201930. Sin embargo, según la ONG Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS), se produjeron 9,787 manifestaciones en 2017, 12,715 en 2018 y 9,715 entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2019. En 2019, las fuerzas de seguridad no hicieron un uso excesivo de la fuerza en todas las manifestaciones. Colectivos armados también recurrieron a la violencia contra manifestantes, a menudo en coordinación con las fuerzas de seguridad. En muchos casos, estas acciones produjeron muertes y heridas graves.

Según el Gobierno, no hubo muertes durante las manifestaciones en 2018. Reportaron  que 29 personas fueron asesinadas entre enero y mayo de 2019 . Sin embargo, OVCS registró 14 muertes en el contexto de manifestaciones en 2018  y el ACNUDH registró 66 muertes entre enero y mayo 2019.

Detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos

Según la ONG Foro Penal Venezolano, por lo menos 15.045 personas fueron detenidas por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019. De ellas, 527 fueron detenidas en 2018 y 2.091 entre enero y mayo de 2019. La mayoría de ellas fueron detenidas en el contexto de las manifestaciones. Al 31 de mayo de 2019, 793 personas seguían privadas arbitrariamente de libertad, 1,437 personas habían sido liberadas incondicionalmente, y 8,598 personas habían sido liberadas condicionalmente y afrontaban aún prolongadas actuaciones penales.

El ACNUDH pudo documentar información detallada de 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. De ellas, 23 fueron detenidas en 2018 y 8 en 2019. Algunos de esos casos fueron desapariciones forzadas hasta que las autoridades revelaron el paradero de las personas detenidas, días o semanas después de sus detenciones.  A menudo, las detenciones carecían de fundamento legal.  Ninguna de las víctimas entrevistadas que fueron liberadas ha sido indemnizada por la violación de sus derechos por haber sido detenidas arbitrariamente.

En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el SEBIN y la DGCIM, recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas. Las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos, incluyendo casos de violencia sexual y de género, no han puesto a los presuntos responsables a disposición de la justicia, ni han proporcionado reparaciones a las víctimas. En particular, a menudo las autoridades judiciales han invertido la carga de la prueba al rechazar abrir investigaciones a menos que las víctimas identificaran a los responsables. Según el Ministerio Público, se han registrado 72 denuncias por supuesta tortura y otros malos tratos respecto de 174 personas detenidas en el contexto de protestas entre 2017 y 2019. No se proporcionó información respecto del estado de las investigaciones.

El ACNUDH documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del SEBIN y de la DGCIM así como por oficiales de la GNB. Las mujeres entrevistadas dieron cuenta de agresiones físicas tales como arrastrarlas por el pelo y tocamientos inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada e insultos sexistas y de género, con la finalidad de humillarlas y castigarlas, así como para extraerles confesiones.

En general, los centros de detención, especialmente centros de detención preventiva, están a menudo superpoblados y son insalubres. Las personas detenidas tienen acceso limitado a la alimentación, agua, saneamiento, luz solar e instalaciones de recreación. Su acceso a la asistencia sanitaria básica es restringida e incluso denegada. Estas condiciones fueron reconocidas por las autoridades durante la visita de la Alta Comisionada.

El centro de detención en la sede del SEBIN Helicoide, no está adaptado para cumplir los estándares específicos de género. El ACNUDH entrevistó a varias mujeres que estuvieron detenidas en el Helicoide quienes indicaron que solo hay una celda asignada a mujeres. Esta celda estaba superpoblada y vigilada principalmente por hombres, a pesar de haber guardias mujeres trabajando en las instalaciones. Los guardias, así como otros reclusos ejercían presión sobre las mujeres para que intercambien sexo por “privilegios” y/o protección. Varias mujeres también dijeron no tener acceso a asistencia médica especializada y que, a diferencia
de los hombres, no siempre se les permitía salir al patio o al gimnasio. A las mujeres detenidas por motivos políticos a menudo les denegaron las visitas.

Uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en el contexto de operaciones de seguridad

En el contexto de estas operaciones de seguridad36, el ACNUDH documentó casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad llevadas a cabo en vecindarios pobres. Desde principios de 2018, las operaciones de seguridad de las FAES, creadas para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, reemplazaron a las operaciones de seguridad denominadas “Operaciones de Liberación del Pueblo” implementadas de 2015 a 2017 . Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un “escuadrón de la muerte” o un “grupo de exterminio”. Según informes de ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas.

Acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada para las víctimas

El Gobierno ha reconocido que existe un problema de acceso a la justicia para todas las personas y ha pedido al ACNUDH que les ayude a resolver esta cuestión. De acuerdo con el Gobierno, para junio de 2019, 44 personas estaban detenidas y 33 órdenes de arresto habían sido dictadas contra otras personas por su presunta responsabilidad por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de 2017 y 2019. Cinco miembros de las FAES han sido condenados por homicidio frustrado, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible, por hechos ocurridos en 2018. Además, 388 miembros de las FAES están siendo investigados por los delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio cometidos entre 2017 y 2019.

La mayoría de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos señaladas en el presente informe no han tenido un acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada. Según las y los entrevistadas/os, pocas personas presentan denuncias por miedo a represalias y por falta de confianza en el sistema de justicia. Cuando lo hacen, las autoridades no investigan o no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes.

Las familias de las personas que murieron durante las protestas masivas de 2017 siguen enfrentando obstáculos generalizados a sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, sin que se haya avanzado en la mayoría de las investigaciones. Además, las familias, principalmente las mujeres, han sido amenazadas y acosadas por los servicios de inteligencia y por la policía, y algunas se han visto obligadas a abandonar el país.

Siguen existiendo factores de impunidad identificados en 2018, entre ellos la falta de cooperación de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas con las investigaciones, la manipulación de la escena del crimen y de las pruebas por parte de las fuerzas de seguridad, las demoras indebidas en las actuaciones judiciales, la elevada rotación de los/as fiscales y los/as jueces/juezas, así como la inmunidad de facto de oficiales superiores. La falta de independencia y la corrupción en el poder judicial son también obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación.

El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Ninguna de esas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos. Además, el Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia.

Casi dos años después de su creación, la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública no ha publicado su informe sobre la violencia política que tuvo lugar entre 1999 y 2017.

Grupos en situación de riesgo

Pueblos indígenas

Hay violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales. Han perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados.

La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, incluyendo la región del Arco Minero del Orinoco, ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, modos de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra. La minería también provoca graves daños ambientales y en la salud, como el aumento del paludismo y la contaminación de las vías fluviales. Tiene un efecto diferenciado en las mujeres y niñas indígenas, que corren mayor riesgo de ser objeto de trata de personas. El hecho de no consultar a los pueblos indígenas sobre estas actividades constituye una violación de su derecho a la consulta.

El ACNUDH documentó siete muertes de personas indígenas en circunstancias violentas en 2019. Las autoridades y los/as dirigentes indígenas, comprendidas las mujeres, son objeto con frecuencia de amenazas y ataques por parte de agentes estatales, lo que repercute en su derecho a la libre determinación. 

El 22 febrero, unos soldados abrieron fuego contra miembros de la comunidad pemón de Kumaracapay, a tres de los cuales mataron y a 12 hirieron. Durante estos eventos, cuatro soldados fueron retenidos por los/as pemones, y reportaron haber sufrido malos tratos.  El 23 de febrero, en la ciudad de Santa Elena y en torno a ella, la GNB hizo un uso excesivo de fuerza contra personas, tanto indígenas como no indígenas, entre ellos personas que se dirigían a la frontera para recibir ayuda.  El ACNUDH confirmó que siete personas murieron (cuatro indígenas y tres no indígenas) y 26 resultaron heridas por disparos de las fuerzas militares. Al menos 63 personas (indígenas y no indígenas) fueron detenidas. Las personas detenidas fueron objeto de malos tratos.

Estos hechos obligaron a por lo menos 966 pemones a huir al Brasil , y la mayoría de las personas entrevistadas dijeron que no regresarían por miedo a ser perseguidas.

Personas migrantes y refugiadas

El número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y Brasil.

Violaciones de los derechos a la alimentación y la salud son los factores principales. Muchas personas buscan protección de su derecho a vivir con dignidad. Otros factores son la violencia y la inseguridad, el colapso de los servicios básicos y el deterioro del sistema de educación. En el caso de las mujeres, se añaden la falta de acceso a atención de salud prenatal y postnatal y la insuficiencia de mecanismos de protección frente a la violencia doméstica. La persecución por motivos políticos también está obligando a muchos/as venezolanos/as a solicitar asilo. Los/as niños/as y las personas adultas mayores son quienes a menudo se quedan en el país, siendo las abuelas quienes asumen la carga de cuidados.

Las violaciones de los derechos económicos y sociales que impulsan la migración también afectan a las condiciones en que las personas dejan el país, la manera como se desplazan y las situaciones de vulnerabilidad que afrontan durante la migración. Las personas migrantes pueden encontrarse ya en un estado de salud precario, el cual empeora cuando tienen dificultades para acceder a la salud en los países receptores. Además, independientemente de su condición socioeconómica previa, las personas migrantes se marchan con poquísimo o ningún ahorro. Algunas personas carecen de recursos para viajar n autobús y no les queda más remedio que hacer largas distancias a pie.  Estas personas también son objeto de robos a mano armada y de otros abusos. Muchas de ellas están bajo presión para enviar alimentos, medicamentos y dinero a casa.

Las situaciones de vulnerabilidad que son generadas en Venezuela se ven agravadas por los problemas que las personas migrantes afrontan en los países de tránsito y de destino, como la carencia de condición de migrantes regulares, condiciones de vida indignas, explotación laboral, discriminación y xenofobia. Estos factores de vulnerabilidad, conjugados con estereotipos hipersexualizados, aumentan la exposición de las mujeres, adolescentes y niñas migrantes a la trata, la explotación sexual y otras formas de violencia de género durante el viaje y en el lugar de destino.

Las personas venezolanas tropiezan con obstáculos para obtener o legalizar documentación, lo cual vulnera su derecho a salir del propio país y su derecho a tener una identidad. Estos obstáculos también tienen un impacto negativo en el derecho a adquirir una nacionalidad y en el derecho a vivir en familia e impide la reunificación familiar, la entrada y la residencia regulares, así como la habilidad para acceder a educación, servicios de salud y a un trabajo decente. Las personas migrantes que dejan el territorio venezolano o que vuelven a él son muchas veces víctimas de extorsión y requisas, especialmente a manos de la GNB.

Conclusiones

El ACNUDH considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social. Las recientes sanciones económicas están agravando la crisis económica, lo que en último término aumentará el impacto negativo en el disfrute por la población de los derechos económicos y sociales.

Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial. Aunque estas medidas se han adoptado con la finalidad declarada de preservar el orden público y la seguridad nacional contra presuntas amenazas internas y externas, han aumentado la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa.

Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas.

Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES. Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social.

Al ACNUDH le preocupan especialmente los informes de amenazas y actos de violencia contra autoridades y dirigentes indígenas y la represión selectiva de los/as pemones que se oponen al Gobierno.

El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas. Al ACNUDH le preocupa que, de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas y que las condiciones de las personas que permanecen en el país empeoren.

Recomendaciones

Al gobierno de Venezuela:

1. Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e infantiles, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva;
2. Adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
3. Lleve a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las muertes de indígenas, y lleve a los responsables ante la justicia;
4. Ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad;
5. Detenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio;
6. Adopte medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a las personas profesionales de los medios de comunicación;
7. Cese toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, incluidos/as sus líderes y lideresas, y garantice su protección y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra;
8. Detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones;
9. Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas;
10. Adopte medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo;
11. Garantice el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones con un enfoque sensible al género, así como su protección contra la intimidación y las represalias;
12. Garantice el derecho a la identidad y la documentación a todas las personas, incluyendo a niños/as;
13. Acepte y facilite el establecimiento de una oficina permanente del ACNUDH en el país.
14. Publique regularmente datos exhaustivos sobre salud y nutrición, desglosados por sexo, edad, pertenencia étnica y lugar de residencia, que puedan utilizarse, entre otros fines, para concebir y aplicar una respuesta humanitaria integral a la crisis;
15. Asigne la máxima cantidad posible de recursos disponibles a la realización gradual de los derechos económicos y sociales de una manera transparente y responsable que permita evaluar los gastos;
16. Autorice el libre acceso a la información de interés público;
17. Garantice que todos los programas sociales se implementen de manera transparente, no politizada y no discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces de supervisión y rendición de cuentas;
18. Aumente la cobertura de la vacunación contra enfermedades evitables y adopte medidas adecuadas para controlar los brotes de enfermedades transmisibles;
19. Dé prioridad a las medidas paradisminuir los embarazos precoces y cuide que todos los planes relativos a los derechos sexuales y reproductivos contengan indicadores mensurables y un mecanismo de seguimiento;
20. Revoque las clausuras de medios de comunicación y ponga fin a otras medidas de censura contra los medios de comunicación; garantice el acceso a Internet y a las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias, y la imparcialidad de los órganos oficiales en la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico;
21. Desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (los llamados “colectivos armados”) y garantice la investigación de sus delitos;
22. Proteja a las personas, incluidas las que están migrando, frente a abusos, corrupción y extorsiones por parte de agentes del Estado;
23. Ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Al Consejo de Derechos Humanos

1. Solicitar al ACNUDH que se centre en garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y los abusos en Venezuela, en particular mediante el aumento de la vigilancia, la documentación, el análisis y la presentación de informes públicos sobre la situación de los derechos humanos.

Informe completo aquí