(Ginebra, 02/11/2023) El quinto examen de Venezuela por el Comité de Derechos Humanos de la ONU tuvo lugar los días 10 y 11 de octubre de 2023. La sesión estuvo marcada por una gran participación de organizaciones de la sociedad civil venezolana. El examen también estuvo caracterizado por una delegación del Estado venezolano irrespetuosa con el Comité, la cual dedicó acusaciones personales a sus miembros. Este comportamiento obstruyó la posibilidad de un diálogo constructivo entre las partes y la oportunidad de abordar algunas de las cuestiones más urgentes de Venezuela en materia de derechos humanos.
Apoyando a los defensores de derechos humanos
Civilis Derechos Humanos fue una de las organizaciones que siguió de cerca el examen de Venezuela. Su trabajo como defensora de defensores de derechos humanos fue clave para destacar uno de los temas más urgentes en Venezuela: el retroceso del espacio cívico y la persecución de defensores de derechos. Así, junto a otras ONGs venezolanas, informaron a los miembros del Comité sobre la preocupante criminalización de defensores y organizaciones de derechos humanos, el cierre del espacio cívico y los constantes ataques a la libertad de expresión y asociación.
Se teme que las persecuciones incrementen en el contexto pre-electoral de Venezuela. En este sentido, la erosión del acceso a información de interés público, el cierre de medios de comunicación independientes, y las pocas garantías democráticas para una participación electoral plena, también fueron cuestiones resaltadas por la sociedad civil.
Temor de represalias de vuelta a casa, la persecución de la sociedad civil venezolana
La actitud de la delegación estatal, con la intimidante presencia del fiscal general Tarek William Saab, entre otros, dejó entrever un total rechazo al trabajo de los defensores de derechos humanos que acudieron a Ginebra para la sesión del Comité.
En consecuencia, durante la sesión, la sociedad civil venezolana expresó el riesgo de ser perseguida al volver a casa. Casos como la detención arbitraria del defensor de derechos humanos Javier Tarazona siguen preocupando a las ONGs y se exige su liberación.
Fuente: CCPR Centre