(Ginebra, 10/3/2021) El día de hoy, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), en cumplimiento con la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos, presentó ante los de este organismo de Naciones Unidas en su cuadragésimo sexta sesión, la actualización oral sobre los hallazgos de la FFM desde la presentación de las Conclusiones preliminares en octubre 2020
Valiñas recordó que en septiembre de 2020, la Misión presentó su primer informe al Consejo, detallando casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014.
«Nuestras conclusiones fueron claras: algunas de estas violaciones se cometieron a gran escala y constituyeron crímenes de lesa humanidad».
Las investigaciones continúan
La Presidenta de la Misión destacó que continúan estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela. «Lamentablemente, al igual que ocurre con otros órganos de investigación del Consejo de Derechos Humanos, la crisis de liquidez que afecta a la Secretaría de la ONU ha retrasado la contratación de nuestro equipo de apoyo», dijo.
Señaló que en la medida que se incorpore «el equipo completo», seguirán investigando, verificando y documentando dichas violaciones, con el fin de presentar conclusiones sólidas al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de este año y en 2022.
Informó que en la actualización presentaría la información que hen recopilado desde la publicación del informe de 2020. Además, resaltó que se trata de un trabajo en curso.
Eb cuanto a las comunicaciones con el gobierno venezolano, Valiña subrayó que los miembros de la Misión se han puesto en contacto con el gobierno de Venezuela para iniciar un diálogo y poder realizar investigaciones en el terreno, «tal como hemos intentado de manera continua durante el último año, sin hasta la fecha obtener una respuesta. Seguiremos buscando la cooperación», dijo.
Al mismo tiempo, destacó que la Misión sigue buscando información relacionada con los esfuerzos del gobierno para prevenir y remediar las violaciones, y para investigar y sancionar a los y las responsables de los abusos. «Desde septiembre, según organizaciones de la sociedad civil, alrededor de 70 presos políticos han sido puestos en libertad con medidas sustitutivas», señaló.
Elecciones parlamentaria y persecución política
Valiñas recordó que el pasado 6 de diciembre, Venezuela celebró elecciones parlamentarias, las cuales en palabras de la Presidenta de la Misión «fueron evaluadas, tanto a nivel nacional como internacional, como injustas y carentes de libertad». Además, destacó que los partidos alineados con el gobierno obtuvieron más del 90% de los escaños de la Asamblea Nacional, en un contexto de una elevada abstención electoral y un boicot de los partidos de la oposición.
«Con esta concentración de poder, el clima político de exclusión de las voces disidentes parece continuar, marcado por la represión de la oposición política que destacamos en nuestro primer informe», alertó Valiñas.
La Presidenta de la Misión relató que en los primeros días de asumir el poder, la nueva Asamblea conformó una “Comisión Especial para Investigar las Acciones Perpetradas contra la República por la Directiva y miembros de la Asamblea Nacional en el período 2016-2021”, con el mandato de investigar a los anteriores miembros de la legislatura liderada por la oposición.
También informo a los miembros del Consejo sobre dos casos de parlamentarios detenidos por supuestas motivaciones políticas; como El , el ex parlamentario Gilberto Sojo quién fue detenido por las FAES el 25 de febrero, en relación con acusaciones pendientes de terrorismo vinculados a su participación en protestas políticas en 2014. «Anteriormente había estado detenido en prisión preventiva por estos cargos, pero fue puesto en libertad en 2016 con medidas sustitutivas», subrayó Valiñas.
Además, destacó el caso del ex diputado, Juan Requesens, a quién se le dio arresto domiciliario en septiembre, y sigue enfrentando un juicio penal, acusado de delitos graves como homicidio calificado frustrado contra el Presidente. «Nos preocupa que el juicio del Sr. Requesens se celebre a puerta cerrada sin justificación aparente, lo que va en contra de los principios de transparencia y de un debido proceso», dijo.
Valiñas alertó que la represión en Venezuela continúa contra las personas percibidas como “enemigos internos” u opositores al gobierno. «Continúan procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares que investigamos para en el informe de septiembre de 2020», dijo .
Además, Valiñas informó que para las y los que siguen encarcelados, los retrasos en los procesos judiciales han causado daños graves y, en algunos casos, irreparables. «Salvador Franco, un hombre indígena pemón detenido arbitrariamente en prisión preventiva desde diciembre de 2019, falleció en enero tras no recibir atención médica por su grave situación de salud, incluso después de que un tribunal ordenó que se le brindara dicho tratamiento», destacó.
La Presidenta de la FFM aseguró que ella y su equipo siguen profundamente preocupados por las personas detenidas en los centros de inteligencia militar y civil, destacando el caso del capitán Luis de la Sotta y el coronel jubilado Oswaldo García Palomo, que siguen en un estado de salud frágil y en condiciones de detención terribles, y presuntamente siguen siendo sometidos a tortura u otros tratos crueles.
«Continuaremos investigando las denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las nuevas denuncias que hemos recibido sobre actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas», aseguró Valiñas.
A su vez, Valiñas informó a los miembros del Consejo que en octubre 2020, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia contra los dos presuntos responsables en el caso del ex capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo quién murió en 2019. Valiñas destacó que la Misión concluyó que existen motivos razonables para creer que la muerte del capitán de corbeta fue consecuencia de las torturas infligidas por funcionarios de inteligencia militar. «La nueva acusación del Ministerio Público incluyó los delitos más graves de homicidio calificado con alevosía y tortura. Sin embargo, el Estado sigue procesando sólo a funcionarios de bajo rango por esta muerte», dijo.
«Esperamos que se den pasos adicionales hacia la justicia y la rendición de cuentas», dijo Valiñas, quién además recordó que el Estado dijo en su respuesta pública al informe emitido el pasado mes de septiembre que está investigando más de 600 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades estatales. «Hemos solicitado al Estado que nos proporcione más información sobre estas investigaciones», resaltó.
Detenciones arbitrarias
Valiña destacó que las venezolanas y los venezolanos siguen manifestándose contra la situación política, así como contra el colapso de los servicios básicos y la crisis del combustible, con demandas relacionadas con el trabajo, la salud y la alimentación. «Las organizaciones de la sociedad civil registraron más de 100 casos de detenciones en las protestas desde septiembre; daremos seguimiento de estos casos» aseguró.
La presidenta de la FFM informó que desde la publicación del informe de septiembre de 2020, la Misión de Determinación de los Hechos ha identificado 36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias. «Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio, acusadas por delitos de odio por criticar al gobierno y a personas relacionadas con él», alertó.
Destacó que nueve de estas detenciones afectaron a periodistas y a la prensa independiente, quienes también han sido acosados o sus trabajos suspendidos, sus oficinas allanadas y sus equipos confiscados. «Silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social impide la transparencia necesaria para garantizar la rendición de cuentas», señaló.
Además informó al Consejo que la Misión está investigando el caso de Roland Carreño, detenido en octubre de 2020 y acusado de conspiración, financiamiento al terrorismo, asociación y tráfico ilícito de armas de guerra. «Todavía no hay fecha fijada para su audiencia preliminar, a pesar de haber transcurrido el plazo establecido por la ley», dijo.
También señaló la gravedad de la detención arbitraria del estudiante de medicina colombiano/ecuatoriano, Dr. Leonard Hinojosa, quien fue detenido en Zulia en octubre de 2020 cuando regresaba de Colombia para terminar su residencia. «Desde entonces, lleva más de cuatro meses detenido en la instalación de inteligencia militar en Boleíta sin conocer los cargos que se le imputan», destacó Valiñas.
Persecución y criminalización de organizaciones no gubernamentales y personas defensoras
«El concepto estatal de “enemigo interno” parece ser cada vez más amplio», alertó Valiñas. Señaló que la Misión de Determinación de los Hechos está preocupada «por lo que parece ser una tendencia creciente»: la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos.
«El gobierno ha endurecido los requisitos para el registro, la financiamiento y el funcionamiento de las ONG», señaló. Además, alertó que las autoridades venezolanas han detenido a trabajadores de ONG por delitos previstos bajo la Ley contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, relacionados con la recepción de fondos extranjeros por parte de las ONGs y la distribución de tarjetas de prepago.
Entre los casos de represalias contra organizaciones mencionó la orden de aprehensión contra Roberto Patiño, coordinador de la organización Alimenta la Solidaridad, que distribuye comidas a personas necesitadas.
Además habló sobre hechos ocurridos en enero, cuando oficiales militares y de inteligencia del Estado detuvieron arbitrariamente a seis miembros de la ONG de salud pública Azul Positivo. «Aunque la Misión de Determinación de los Hechos reconoce su liberación el 10 de febrero, seguimos preocupados por el trato que recibieron durante su detención y por los cargos que se les imputaron», indicó.
Según Valiñas las y los funcionarios públicos han alimentado el hostigamiento de las ONG mediante el uso de retórica que critica la cooperación con organismos y organizaciones internacionales, o la recepción de fondos extranjeros.
También destacó la preocupación de la Misión por el hecho de que, desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, más de 20 personas, entre ellas trabajadores y trabajadoras de salud, han sido detenidas por compartir información o criticar la respuesta del gobierno a la pandemia. Investigaremos si se trata de detenciones arbitrarias.
Ejecuciones extrajudiciales
Valiñas recordó que en septiembre del año pasado, la Misión destacó el grave patrón de ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad venezolanas en el contexto de las operaciones de seguridad.
«Hemos identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año e investigaremos las circunstancias en torno a estos casos. También investigaremos la participación de otras fuerzas policiales, además de las FAES, en estos asesinatos», dijo.
Informó que entre el 7 y el 9 de enero, las FAES llevaron a cabo «la que podría ser una de las operaciones policiales más letales hasta la fecha, en el barrio de La Vega, en Caracas». También resaltó que según fuentes policiales, se desplegaron 650 agentes en la operación. «Nuestras investigaciones preliminares indican que al menos algunos de los asesinados fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales», subrayó.
Agregó que la Misión ha recibido informes de que las y los funcionarios públicos siguen incurriendo en prácticas que obstaculizan la rendición de cuentas por ejecuciones ilegales y que pueden re victimizar a los familiares que buscan justicia para sus seres queridos. «Estos incluyen no entregar los certificados de defunción, cobrar por las autopsias y entregar los cuerpos con el ataúd cerrado, con la instrucción de que no se abra», indicó.
Establecimiento de responsabilidades
«El Consejo nos ha pedido que llevemos a cabo nuestro trabajo con miras a combatir la impunidad y garantizar la plena responsabilidad de los autores y asegurar justicia para las víctimas», recordó Valiñas.
Reiteró que en el primer informe, la Misión identificó a presuntos perpetradores de unidades de inteligencia, seguridad y militares del Estado. «De acuerdo con nuestro mandato, profundizaremos en nuestras investigaciones sobre estas estructuras, aclarando las responsabilidades y las cadenas de mando, utilizando el estándar de motivos razonables para creer. También estaremos atentos tanto a las acciones como a las omisiones por parte del gobierno», dijo.
Valiñas informó que la Misión de Determinación de los Hechos también examinará las tácticas utilizadas por los perpetradores estatales para eludir responsabilidades o protegerse de la rendición de cuentas, incluida la coordinación con actores no estatales para cometer violaciones y crímenes, como con colectivos y otros grupos armados civiles y guerrilleros.
Además aseguró que profundizaran en investigaciones que tienen en curso sobre las respuestas de las y los fiscales y del poder judicial a las violaciones y los delitos. «Esto incluye analizar si, mediante actos de comisión u omisión, el poder judicial ha contribuido a perpetuar la impunidad», dijo.
Reconocer la crisis
Valiñas recordó que establecer los hechos y reconocer que se han cometido errores es el primer paso crucial. «Esperamos que Venezuela resuelva su crisis de derechos humanos», afirmó.
Destacó que días atrás, Nicolás Maduro se dirigió al Consejo y expuso una visión para Venezuela con los derechos humanos como pilar central. «Mientras lo hacía, él y su gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión», señaló Valiñas.
«Los derechos humanos deberían efectivamente estar en el centro de la recuperación de Venezuela, pero negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de aquellos y aquellas en riesgo y aquellos y aquellas que han sufrido», indicó la Presidenta de la Misión de Determinación de Hechos. También destacó que las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia, al igual que lo tiene el pueblo de Venezuela en su conjunto.
Para concluir Valiñas resaltó que ella y su equipo son conscientes del contexto sensible en el que operan, por lo que continuaran dando gran importancia a la metodología de su trabajo. «Aún esperamos que las autoridades de Venezuela cooperen con nosotros2, aseguró. Además, reiteró que seguirán trabajando de manera independiente, imparcial, objetiva y rigurosa, mientras construyen un cuerpo de información creíble para presentar al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de este año y en 2022.
