(Washington, D.C. 09/10/2019)- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy su Informe sobre Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía. El objeto del informe es abordar la problemática de los pueblos que habitan esa región a la luz de los estándares del Sistema Interamericano de derechos humanos. 

En este informe, la Comisión contextualiza las complejas transformaciones que impactan al territorio de la Panamazonía donde los derechos humanos de las comunidades han sido afectados por normas, políticas públicas y prácticas enfocadas principalmente en la ampliación de las fronteras extractivas de recursos naturales y en el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, los cuales ejercen presiones sobre los territorios ancestrales indígenas y afrodescendientes. Como se analiza, el escenario actual se caracteriza por explotación petrolera y de gas, minería, explotación forestal, uso de recursos genéticos, construcción de represas, oleoductos y gasoductos, pesca y agriculturas industriales, y turismo; así como el establecimiento de áreas protegidas y parques nacionales. Todo lo anterior, sin llevar a cabo procesos de consulta previa con los pueblos y comunidades indígenas que habitan la zona, y poniendo en riesgo la supervivencia física y cultural de esos pueblos, así como al medio ambiente.

En ese contexto, el Informe analiza como los proyectos descritos afectan de forma irreversible los sistemas de vida y la identidad cultural de las comunidades y los ecosistemas amazónicos, produciendo la contaminación de ríos y fuentes hídricas, restricciones en el acceso a agua y alimentación; desertificación y deforestación de bosques; pérdida de biodiversidad y áreas naturales protegidas; obstáculos para el desarrollo de prácticas culturales y espirituales; afectaciones a la salud; asesinatos y agresiones a integrantes de pueblos indígenas y tribales; división de comunidades y fractura del tejido social; desplazamientos forzados; dificultades en el acceso a la justicia, que tiene que ver no solo con la ausencia de recursos sino sobre todo con la ausencia de un enfoque intercultural en los sistemas jurídicos nacionales; y criminalización de dirigentes de esos colectivos. También aborda el incremento de actividades ilegales: la creciente presencia del crimen organizado transnacional y la expansión de los cultivos ilícitos, tráfico de drogas y armas, trata de personas, entre otros.

Con ocasión de la publicación del Informe, la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, indicó: “Este informe es de gran relevancia porque da cuenta de problemas transversales que afectan a la Panamazonía y que repercuten en los derechos de los pueblos indígenas y tribales que desde tiempos ancestrales viven ahí, poniendo en riesgo su supervivencia física y cultural. Esperamos que las recomendaciones efectuadas en este Informe sean consideradas e implementadas por los Estados, así como también, que contribuya al trabajo que día a día llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil y, especialmente, los pueblos indígenas y tribales”. Asimismo, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH; se refirió al deber que tienen los Estados de adoptar medidas dirigidas al reconocimiento, fortalecimiento protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales Panamazonicos. “Dicha obligación también incluye el deber fundamental de respetar los derechos participativos de esos colectivos, especialmente en lo relativo a consulta y consentimiento libre, previo e informado”, resaltó.

Venezuela

En Venezuela, los pueblos indígenas amazónicos enfrentarían obstáculos para el desarrollo de sus actividades tradicionales debido a conflictos socio-ambientales que han sido denunciados y documentados por organizaciones de la sociedad civil. Los casos estarían principalmente vinculados al ejercicio ilegal de la minería, que se reporta actualmente en aumento como fuente alternativa de ingresos en medio de la crisis económica nacional. En algunos Estados, como en Bolívar, los obstáculos se diversificarían entre la minería ilegal, la contaminación de empresas estatales y los marcos de conservación ambiental. La gestión empresarial del Estado también habría generado impacto en los pueblos indígenas, afectando por ejemplo sus espacios de caza y recolección con la deforestación. De acuerdo a información recibida por la CIDH, este es el caso, según información disponible, de la empresa estatal CVG Bauxilum, en Bolívar, que desde 2006 vendría operando una mina de bauxita a cielo abierto en Los Pijiguaos, afectando a comunidades Eñepa (o Panare).

La actividad minera sería la principal amenaza a la integridad de los bosques y a la supervivencia cultural. Esta amenaza se vería plasmada en deforestación, y contaminación de aguas de ríos y aguas subterráneas. De acuerdo con la información disponible, se habría denunciado que numerosas comunidades habrían restringido su dieta tradicional basada en peces debido a la alta contaminación de los ríos con el mercurio usado en la minería. Según la información disponible, desde hace más de 25 años el uso del mercurio sería reconocido como un problema de salud pública en Venezuela y ha tenido un impacto ambiental predominantemente en la cuenca del río Caura, donde se registra la mayor concentración de campos de minería ilegal, mientras que los focos mineros principales se ubican en el río Yuduwani, el cual suple a las comunidades indígenas Surapire, Tadakwaña, Ayawaña, El Palmar, Juwutunña o Santa María de Erebato. Los estudios realizados en la cuenca del río Caura durante los años 2011 y 2012 habrían revelado que el 92% de las 152 mujeres examinadas en las poblaciones Ye’kwana y Sanema estarían contaminadas con niveles de mercurio muy superiores a los recomendados por la OMS y análisis de las muestras de cabello de las mujeres evidenció un nivel promedio de mercurio de 9,38 mg. Asimismo, en los peces que conforman la base alimentaria de dichas comunidades indígenas, se habría hallado una cantidad de hasta 1,80 microgramos de mercurio por gramo de tejido, cuando el máximo determinado por la OMS es de 0,5 mg/kg. Estos datos harían evidente que la población indígena estaría contaminada con mercurio incluso a distancias mayores de 200 km del punto de descarga de la contaminación generada por las minas al cauce principal del río Caura.

Como situación de particular preocupación se destaca de los Pueblos indígenas afectados por contamicación por minería (legal e ilegal) en Venezuela. En primer lugar, la del pueblo Warao del estado Delta Amacuro que habría sido víctima de la actividad minera estatal y de la minería ilegal. Comunidades en el Bajo Delta del Orinoco, en el municipio Antonio Díaz, recibirían aguas contaminadas con los desechos de la Corporación Venezolana de Guayana -conglomerado de empresas básicas del Estado- y de la minería ilegal que se practica en torno al río, lo cual ha derivado en su dependencia de potabilizadoras de agua. Se denunció también la contaminación de peces en el municipio Manapiare que afecta a los pueblos indígenas Yabarana, Hoti, Eñepa (o Panare) y Piaroa. La contaminación de los peces por la actividad minera también perjudica a los pueblos Pemón, Yek’wana, Kurripako, Arawaco y Chiriana en la parte alta del río Paragua del Municipio Angostura en el estado Bolívar. Habitantes del municipio San Fernando de Atabapo, de Amazonas, y organizaciones indígenas también han denunciado que el mercurio usado en la práctica minera contamina los peces que son fuente de alimento para comunidades indígenas asentadas en las riberas del río Atabapo, que pertenecen a los pueblos Kurripaco, Baniva y Puanibe.

Asimismo, a manera ilustrativa, en Venezuela, se ha observado la falta de tratamiento de aguas de consumo en diversas comunidades indígenas, ubicadas en los Estados de Amazonas y Bolívar. Aquello es preocupante por el grado de contaminación de mercurio reportado en las fuentes de agua naturales, que, a su vez, se encuentran expuestas a vertederos de basura y aguas servidas.

Se cuenta con información según la cual entre 2000 y 2010, la deforestación fue de 0,6%, lo que para esa fecha ubicaba a Venezuela como el décimo país con mayor pérdida anual de bosque. Además, sería el único país de la Amazonía cuyo nivel de deforestación va en aumento; mientras países como Brasil y Perú habrían frenado o reducido la pérdida de los bosques, Venezuela habría tenido un incremento sostenido durante los últimos años219. Resulta de particular atención la creación del Arco Minero del Orinoco (AMO) mediante Decreto 2.248, pues la zona sobre la que es estableció sería la más afectada por la deforestación (de 8.900 km2 en el periodo 1960-2000, a 18.331 km2 deforestados entre 2001 y 2017).

También se recibió información sobre pérdida de biodiversidad amazónica con impacto socio-cultural. Por ejemplo, la CIDH recibió información acerca de la emigración de fauna de sus hábitats naturales y el avance de la contaminación en el río Ocamo, municipio Alto Orinoco de Amazonas, como una amenaza creciente para la reproducción de medios de vida del pueblo Yanomami. También se ha documentado la desaparición de fauna y flora acuática en el eje Los Pijiguaos-Puerto Ayacucho, entre los estados Amazonas y Bolívar, debido a la contaminación de las aguas con limos o barros resultantes del lavado de coltán para su extracción ilegal.

Diversos pueblos y comunidades indígenas en Venezuela también enfrentarían obstáculos relacionados con parques nacionales decretados oficialmente en sus territorios sin consulta. Tal es el caso de la creación en marzo de 2017 del Parque Nacional El Caura, medianteDecreto 2.767, en el municipio Sucre de Bolívar. Habría sido rechazada por organizaciones indígenas que denunciaron la falta de consulta previa a los pueblos Ye’kwana y Sanemá, y el riesgo de pérdida de derechos indígenas sobre el territorio. Asimismo, se tuvo noticia que, en Venezuela, pese a la protección como áreas naturales, se vendrían realizando explotaciones mineras y forestales. Al respecto, se destaca la situación de la reserva Forestal Imataca (RFI), ubicada en los estados Bolívar y Delta Amacuro, conformada por más de 3,5 millones de hectáreas de bosques, en las que habitan cerca de 29 mil personas entre las que se tiene registro de cinco etnias indígenas: Pemón, Akawaio, Arawako y Kariña y Waraos. Sería la primera área protegida de la Amazonía venezolana, creada en 1963 con la finalidad de resguardar los bosques húmedos tropicales. El 61,2% de la reserva estaría contemplada para la explotación forestal, es decir, aproximadamente 2.436.496 hectáreas, con una extracción anual de 8.000 m3/año. Sin embargo, una pequeña parte se otorgaría en concesión con normas específicas para su mantenimiento y renovación. según la informacion disponible, se habría establecido un marco normativo -Decreto N° 1850 de 1997 y Decreto 3.110 del 2004- que legalizaría y promovería el crecimiento de concesiones mineras, dando paso a la extracción de oro y diamantes en aproximadamente el 40% de la RFI. Con base en ello, el Decreto 2.248 del Arco Minero del Orinoco establece cuatro áreas de explotación minera, siendo el área 4 (40.150 kms2) la que abarca la RFI. Como consecuencia, la zona presentaría índices elevados de deforestación, desertificación, contaminación, sedimentación de los cuerpos de agua y pérdida de especies de animales por caza furtiva y con fines comerciales. De acuerdo a información recibida, parte de la Reserva Forestal Imataca, estaría incluida desde el 24 de febrero de 2016 en el plan estatal de mega-minería AMO, cuyo desarrollo al norte de Bolívar es denunciado por organizaciones indígenas y de derechos humanos como una amenaza para los pueblos ancestrales, ante los riesgos de desplazamiento y degradación de sus medios de vida.

Durante su última visita in loco a Brasil, la CIDH recibió información sobre la urgente situación de salud que enfrentan comunidades Yanomami que habitan en el sur de Venezuela y el norte de Brasil, producto de brotes de sarampión no controlados. Los Yanomamis son particularmente vulnerables a esa clase de epidemias porque la mayoría no posee inmunidad a enfermedades foráneas y no pueden acceder a asistencia médica por vivir en zonas muy remotas. En este contexto, es de notar que, según la información recibida, los Yanomamis moxateteus podrían ser completamente extinguidos. Se tiene información que, a lo largo del 2018, en Venezuela y Brasil la enfermedad continuó avanzando rápidamente y se desconoce el número de afectados. La probable fuente de esta epidemia y de otras enfermedades como la malaria, serían los miles de mineros ilegales. La Comisión recibió información según la cual, a pesar de repetidas advertencias, las autoridades en Brasil y Venezuela no habrían tomado las medidas necesarias para expulsarlos. Al respecto, la CIDH reitera que la falta de prestación médica en esos casos pone en riesgo no sólo la vida de personas individuales, sino también, la supervivencia cultural de sus pueblos de origen. La salud de las comunidades también se vería agravada por la presencia de mercurio en sus territorios, utilizado para la extracción minera. Según un estudio realizado en 2016 a partir de muestras de cabello de indígenas pertenecientes a 19 comunidades, más de un 90% de los habitantes originarios de la región se encontrarían seriamente afectados con mercurio.

Como constató la CIDH en su informe sobre Venezuela de 2017, dicho país atraviesa una grave crisis en materia de salud, caracterizada por la escasez y desabastecimiento de medicamentos, insumos, material y tratamiento médico261. La información recibida da cuenta que dicha situación impacta de manera profunda en la región amazónica, en particular en pueblos y comunidades indígenas. Ello en tanto suelen tener mayores riesgos de contraer enfermedades, y tienen mayores probabilidades de morir ante la falta de atención oportuna y la presencia de otros males como la desnutrición, tuberculosis, anemia, parasitosis intestinal, entre otros. Como un obstáculo al acceso a la atención de la salud se tuvo noticia de que los profesionales de la salud no suelen estar entrenados para entender y respetar las diferencias culturales que influyen en la atención en los centros de salud.

Es de particular atención en cuanto a la Amazonía venezolana información recibida sobre recientes epidemias de sarampión y difteria, prevenibles por vacuna, que afectarían a comunidades indígenas enteras. Solo entre enero y septiembre de 2018 cerca de 516 indígenas se habrían infectado con sarampión en poblaciones ubicadas en Amazonas, Delta Amacuro y Monagas, según la OPS. Las etnias más afectadas serían los Warao (37 defunciones), Sanema (27) y Yanomami (16). El último informe del Ministerio de Salud de 2016 confirmaría las bajas coberturas de vacunación, menos del 70% en territorios indígenas. No obstante, se desconocen las tasas de 2017 y 2018, dado que la autoridad no ha publicado informes de esos años. La malaria también habría aumentado significativamente, lo que ha generado un llamado de medidas urgentes de la OPS. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2018, sólo en el municipio Manapiare (Amazonas), se habrían presentado 797 casos de malaria y 4.562 casos en el municipio Atures (Amazonas). Según la información disponible, la falta de asistencia médica por las autoridades sanitarias y las dificultades de transporte hacia zonas pobladas, tendría como consecuencia la muerte de indígenas y la propagación de la enfermedad. En la mayoría de comunidades las personas fallecerían sin ser reportadas o incluidas en los registros.

Otra enfermedad que seguiría afectando a pueblos indígenas amazónicos es el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Como un caso de especial preocupación fue informada a la CIDH la situación del pueblo Warao, pues el 10% de las 25 mil personas que lo conforman, habría adquirido VIH. De acuerdo con la información disponible, solo en 2017 habrían muerto siete indígenas de esta etnia en Delta Amacuro y no habría data correspondiente a 2018. Según se reportó, las iniciativas estatales habrían sido deficientes para darles la debida atención médica y tratamientos para el VIH y otras condiciones de salud. Aquello resalta la falta de políticas públicas en la garantía de los planes de vacunación para el control de las enfermedades inmunoprevenibles, así como la entrega oportuna de antirretrovirales .

La CIDH obtuvo información sobre la perdida de vidas de miembros de comunidades indígenas de manera violenta. De hecho, durante el 2018, habrían sido asesinados por el control de la actividad minera al menos las siguientes personas: (i) en marzo, Oscar Meya, hermano del capitán de la comunidad de San Luis de Morichal, municipio Sifontes, estado Bolívar; en mayo, Freddy Menare, dirigente y fundador de la Organización Indígena Pueblo Uwottuja del Sipapo (Oipus);(iii) en junio, cinco dirigentes indígenas pemones del Alto Chicanan, en la comunidad de San Luis de Morichal; (iv) en agosto, el líder del pueblo jivi (hibi) Misael Ramírez, su hijo Milson Dorangel Rondón Reina y otras cuatro personas en medio de un enfrentamiento por el control de la mina El Silencio, ubicada en la desembocadura del río Matu, en el municipio Cedeño, estado Bolívar; y (v) en septiembre, José Vásquez, comandante de la Guardia Territorial Pemón en la comunidad de Turasen, en el municipio Gran Sabana. A ello se suma que, según se denunció, entre 2016 y 2017, cinco indígenas habrían sido asesinados por grupos criminales que operan en las zonas mineras del estado Bolívar, entre ellos el dirigente pemón Domingo Cabrera.

Por otra parte, la CIDH observó con grave preocupación que Venezuela se encuentra experimentando una seria afectación de sus formas de relación social y convivencia, incluyendo altos niveles de delincuencia social, saqueos, linchamientos y otros hechos cotidianos que muestran elevadas dosis de conflictividad y violencia. En la medida en que la crisis política, económica y social venezolana se ha generalizado, se multiplica la resolución de conflictos por vías violentas, afectando tradicionales formas de relación social construidas históricamente. En particular, la CIDH recibió información según la cual el auge de la minería ilegal por parte de grupos armados, incluyendo guerrillas extranjeras, habría generado la pérdida de referentes organizativos e introducido nuevos patrones culturales -de minería, prostitución, alcoholismo y drogadicción- en comunidades de los pueblos Guajibo (o Jivi), Piaroa, Eñepa (o Panare) y Arawaks del Sur (que incluye a los pueblos Baniva, Kurripaco, Piapoco, Puanibe), distribuidos en los estados Amazonas y Bolívar.

Preocupa a la CIDH que parte del pueblo Warao, en Delta Amacuro, habría perdido su identidad cultural a causa de actividades económicas que afectan el patrimonio biológico de sus territorios y por ello motivarían el desplazamiento de sus miembros. La contaminación del bajo Delta del Orinoco, con desechos provenientes de la Corporación Venezolana de Guayana y de la minería ilegal, mantendría infectadas las aguas y peces que integran sus medios de vida. Por esto, indígenas Warao habrían emigrado a zonas fuera de los caños que tradicionalmente han habitado para asumir otras formas de subsistencia, ajenas a sus culturas ancestrales. Las nuevas formas de asentamiento habrían afectado sus prácticas agrícolas y patrones de alimentación, y motivado la asunción de otras formas de sustentabilidad como la mendicidad en centros urbanos, en Maturín, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar y Caracas, bajo altos niveles de discriminación.

Se reportó que una práctica del Estado habría sido la militarización de territorios de indígenas a través de agentes estatales y grupos irregulares. En 2005, se habría organizado el “Plan Estratégico Nacional para la Defensa, Desarrollo y Consolidación del Sur” (PENDDCS), con el fin de ejercer mayor presencia del Estado en las zonas fronterizas del sur del país y de las comunidades indígenas344. En 2010, se anunció el Plan Caura con el fin de controlar la minera ilegal en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. En ese marco representantes Ye´kuana y Sanemá (Subgrupo Yanomami) denunciaron abusos por parte de agentes estatales345. En 2014, se habría implementado la Operación Roraima con el propósito de erradicar la minera ilegal. En marzo de 2016, días después de la presunta masacre de Tumeremo346, el presidente Nicolás Maduro anunció el lanzamiento de la Zona Militar Especial de Protección Minera para ordenar Arco Minero del Orinoco. En virtud a ello, se habrían desplegado en la zona más de mil hombres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de cuerpos de seguridad, fiscales y la Defensoría del Pueblo. Desde entonces la militarización habría avanzado en los municipios mineros del estado Bolívar, especialmente en territorios indígenas con actividad extractiva, sin que esto se haya traducido en una reducción de la violencia ni en una protección a las comunidades.

Al mismo tiempo, según la información disponible persisten casos de violencia de mineros ilegales contra pueblos y comunidades, especialmente en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, Venezuela. Por ejemplo, comunidades del pueblo Yanomami, en cuyos territorios se practica la minería ilegal, habrían sufrido agresiones de mineros y violaciones a mujeres. El mismo fenómeno se presentaría en contra miembros del pueblo Arawaks del Sur, quienes padecerían los efectos de la extracción ilegal en el río Atabapo, con amenazas sobre los líderes indígenas. La minería ilegal habría generado prácticas de sobre-explotación y semi-esclavitud, así como pugnas con el resultado de varias muertes.

Según la información recibida, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría ido desplazando a los delincuentes que controlaban las minas para hacerse de esos territorios. La presencia del ELN en el estado Bolívar habría ocurrido luego de la masacre de Tumeremo, presuntamente con la aquesencia del gobierno para restablecer el orden en los municipios mineros.

La situación de Venezuela es de particular atención de la CIDH, pues la profunda crisis económica, política y social en el país, ha producido un elevado número de migración interna e internacional de personas indígenas. A nivel interno, ha generado que múltiples personas indígenas deban pasar a vivir en ciudades en condiciones deplorables. Varias etnias se encontrarían en situación de calle, como los warao (aproximadamente 625 personas) y los eñepa (100 personas) . Un caso preocupante es el de las comunidades indígenas asentadas en los alrededores del Basurero de Cambalache, en Ciudad Guayana, pues las autoridades sanitarias habrían reportado la muerte de dos niños warao por desnutrición.

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