(Ginebra, 30/05/2024) En un informe presentado hoy sobre la educación en Venezuela, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) hace un llamado para que las autoridades venezolanas tomen medidas inmediatas para reversar el drástico deterioro del sistema de educación pública en la última década.
El informe, Oculto a plena luz del día: el declive de la educación pública en Venezuela, examina especialmente las secuelas de la pandemia del COVID-19 y concluye que las autoridades fracasaron abrumadoramente a la hora de garantizar que la población estudiantil tuviera pleno acceso al derecho a la educación en el momento del brote y durante el transcurso de la pandemia.
La negligencia del Estado respecto a sus responsabilidades educativas durante la pandemia sirvió para exacerbar lo que ya era un desempeño deficiente en la realización del derecho a la educación. El estado actual del sistema educativo se caracteriza por una infraestructura escolar deteriorada, escasez de docentes, altas tasas de deserción escolar y, en general, una educación de mala calidad.
“En abierta contradicción con la cruda realidad a la que se enfrentan millones de estudiantes, profesoras y profesores, las autoridades venezolanas han afirmado en repetidas ocasiones que el sistema de educación pública es en gran medida adecuado para satisfacer el derecho a la educación”, afirmó Santiago Cantón, Secretario General de la CIJ. “Aunque las tasas de abandono escolar son terriblemente altas y los profesores no perciben un salario digno, el gobierno no parece tener ningún plan ni política para revertir esta tendencia”, añadió Cantón.
El informe evalúa las principales causas y consecuencias del empeoramiento de la situación educativa durante la pandemia desde la perspectiva de la población estudiantil y del personal docente. Esto incluye un análisis de las deficiencias del Plan Cada Familia una Escuela, la piedra angular de la respuesta gubernamental para garantizar el derecho a la educación durante la pandemia del COVID-19.
El informe también ofrece una visión general del sistema de educación pública en Venezuela antes de la pandemia del COVID-19. El informe muestra que elementos críticos necesarios para el buen funcionamiento del sistema educativo se han deteriorado desde al menos 2015. Este deterioro se debe en parte a una emergencia humanitaria bien documentada y a la erosión del Estado de Derecho en el país. La emergencia humanitaria ha tenido un impacto negativo en la construcción de infraestructuras, el acceso a los servicios públicos en las escuelas, el programa de alimentación escolar, las tasas de abandono escolar y los salarios y las condiciones de trabajo del personal docente. Además, la ausencia de un sistema de Estado de Derecho que funcione correctamente ha impedido la transparencia y la rendición de cuentas en las políticas educativas y en sus resultados.
“El deplorable estado de la educación pública en Venezuela está inextricablemente ligado a la erosión del Estado de derecho y a la compleja emergencia humanitaria que esta erosión ha creado. En este caso concreto, la no garantía del Estado de Derecho y de todo el espectro de protecciones de los derechos humanos, incluido el derecho a la educación, está poniendo en peligro el futuro de millones de niñas y niños venezolanos”, mencionó Santiago Cantón.
La CIJ recomienda que las autoridades venezolanas responsables, en particular el Ministerio de Educación, aborden la extrema degradación del sistema educativo público mediante la adopción de leyes, políticas y medidas específicas para garantizar que la población estudiantil reciba una educación de calidad impartida por personal docente cualificado y bien remunerado, en escuelas con infraestructura y equipamiento adecuados. Para ello, entre otras cosas, el Ministerio de Educación debería:
- aumentar la dotación, cuantitativa y cualitativa, de recursos materiales y humanos para el sistema público de enseñanza en los niveles preescolar, primario y secundario;
- hacer una evaluación de los retrocesos educativos causados por la pandemia del COVID-19;
- priorizar la universalización y la mejora de la calidad del programa de alimentación escolar;
- priorizar la disponibilidad y aceptabilidad de los servicios públicos en las escuelas; y
- tomar medidas concretas para garantizar el disfrute de los derechos laborales del personal docente.
