(Maracaibo, 22/07/2022) De las 328 recomendaciones realizadas a Venezuela por 116 países durante el tercer ciclo del Examen Periódico Universal  (EPU), el Estado se niega a aceptar 59 de ellas, de las cuales dos están vinculadas con la autonomía y los derechos universitarios, señaló la organización venezolana Aula Abierta.

El Estado venezolano solo adquirió 12 compromisos voluntarios pero ninguno de ellos menciona expresamente el derecho a la educación, en cualquiera de sus niveles, indica la organización venezolana.

Las recomendaciones sobre la educación en Venezuela fueron producidas por Bangladesh, Brunéi, Corea, Eswatini, Filipinas, Omán, Rumanía, Santa Sede, Singapur, Países Bajos, Tanzania y Uruguay.

Uruguay manifestó su preocupación por la autonomía universitaria y solicitó “poner fin a la intervención en las universidades y otros institutos de enseñanza superior, y transformar sin demora el sistema paralelo de universidades no autónomas para que alcancen la plena independencia y la libertad académica”.

Por su parte, Países Bajos sugirió al Estado Venezolano “poner en práctica las acciones y medidas apropiadas para garantizar un entorno de trabajo seguro para la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, los docentes y los trabajadores del ámbito de la salud y de la ayuda humanitaria, sin temor a amenazas, represalias, persecución y encarcelamiento arbitrario ni restricciones injustificadas a la libertad de asociación”.

Respecto a lo anterior, Aula abierta en su contribución al Tercer Ciclo del EPU sobre Venezuela, alertó sobre la política de Estado contra la autonomía universitaria implementada por un sistema de educación superior paralelo y sometido al mismo. Las prácticas del CNU que vulneran la autonomía de gobierno de las universidades como mecanismo de control e instauración de un pensamiento único.

El plan de redimensión del Sistema Nacional de Ingreso Universitario, que buscaba vincular las carreras con planes de desarrollo económico y social del país, priorizando unas carreras sobre otras y omitiendo algunas de carácter humanístico, todo para consolidar un régimen socialista en el sistema de educación superior.

Las violaciones del derecho a la libertad de expresión y asociación, al igual que las conexas a los derechos laborales de educadores, estudiantes y autoridades universitarias en Venezuela, destacando la práctica continuada de imposición unilateral de tablas salariales al sector universitario y las graves transgresiones a la seguridad social y la atención médica de los docentes.

Autonomía, presupuesto justo y respeto a los derechos laborales

Aula Abierta reitera que el Estado venezolano debe cesar toda política y práctica que amenace o viole la autonomía de las universidades, sin distinción alguna, y la igualdad de trato a todas las instituciones existentes de educación superior, públicas y privadas, a fin de preservar la libertad académica y el desempeño de las funciones encomendadas a estas instituciones.

Detener la práctica de asfixia presupuestaria y ofrecer a todas las universidades públicas, sin discriminación alguna, acceso a un presupuesto estable, suficiente y autónomo, que garantice el derecho a estudiar en instituciones con infraestructuras físicas, docentes, técnicas y científicas adecuadas y de calidad.

Certificar el derecho de los profesores universitarios a un salario y a condiciones de trabajo dignas, a la contratación colectiva y a la libertad de colegiatura; absteniéndose de restringir el ejercicio de la libertad académica, de pensamiento, de expresión, de reunión y asociación, de profesores, estudiantes y personal universitario, para que toda opinión pueda ser expresada sin temor a discriminación o represión por parte del Estado.

Fuente oficial: Aula abierta.