En años recientes, cada vez más personas se han visto forzadas a huir de Venezuela a causa del caos político, la debacle económica y las flagrantes violaciones a los derechos humanos. Llegado noviembre de 2019, más de 4,6 millones de venezolanos habían buscado refugio fuera de su país. Se trata de la segunda mayor crisis de desplazamiento en el mundo y la más grande en la historia de América Latina.
Colombia acoge a 1,5 millones de refugiados y migrantes venezolanos, mucho más que cualquier otro país receptor. Desde que comenzó la crisis, dicha acogida ha sido relativamente generosa, pues el país ha movilizado asistencia humanitaria de emergencia, facilitado el acceso a los servicios y al trabajo y creado mecanismos para que cientos de miles puedan regularizar su situación migratoria. En sentido más amplio, Colombia ha sido ejemplo y líder en la región, pues ha mantenido una política de fronteras abiertas, mientras que otros cierran cada vez más sus puertas.
De hecho, el que los países de acogida en la región hayan fracasado en la alineación de sus políticas ha dejado a Colombia cargando con las consecuencias de las medidas cada vez más restrictivas que imponen sus vecinos. Entretanto y reconociendo la enormidad de la crisis, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha creado una plataforma que gestionan conjuntamente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyo fin es coordinar mejor la respuesta de la ONU para que sea articulada entre sus distintas oficinas, los aliados en la implementación y los principales países de acogida, y para movilizar los recursos necesarios. La respuesta de la comunidad de donantes, sin embargo, se ha quedado corta.
En este contexto, la capacidad de respuesta del sector público en Colombia para acoger a la población venezolana es cada vez más débil, ante la insuficiencia de los recursos y de las capacidades institucionales. Al mecanismo de coordinación que han dispuesto la ONU y la OIM en el país, conocido como el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), le ha costado trabajar eficientemente con el aparato institucional de la asistencia humanitaria en Colombia.
Muchos venezolanos desconocen cuáles son sus derechos y los servicios a su disposición. Quienes sí los conocen suelen tener que enfrentar barreras prácticas para hacerlos valer, como complejos trámites burocráticos o cobros inesperados. Pese a las generosas políticas colombianas, la mayoría de los refugiados y migrantes venezolanos entran al país y permanecen en él en situación de irregularidad, con poca ayuda y corriendo un riesgo mucho mayor. Además, los grupos vulnerables, incluidas las mujeres y niñas, carecen de acceso a servicios especializados, y otros son víctimas de discriminación a medida que aumenta la xenofobia.
Es probable que estas tendencias empeoren conforme aumente la cantidad de venezolanos que buscan refugio en Colombia y se quedan en el país por periodos prolongados. Lo que está sucediendo en Venezuela y en la región es fuerte indicador de que continuará el sostenido aumento. Entretanto, Colombia sigue lidiando con sus propios problemas internos. Pese a la firma en el 2016 del acuerdo de paz que puso fin formalmente a una guerra civil de decenas de años, en el país siguen operando grupos armados al margen de la ley y cerca de 8 millones de colombianos siguen en situación de desplazamiento interno. La opinión pública se suma cada vez más a la visión de que la implementación de los acuerdos, en cabeza del gobierno, es insuficiente. La frustración ante esta situación y ante otras políticas internas llevó a que estallaran protestas en el territorio en noviembre de 2019, que generaron a su vez un rechazo contra los venezolanos.
Hechos recientes ponen de manifiesto cómo la crisis de desplazamiento interno, cada vez peor, colisiona con las presiones causadas por la afluencia de venezolanos, lo que agrava las consecuencias humanitarias para todos. Los desplazados internos del país se ven cada vez más marginados y desamparados ante los cambios que donantes y prestadores de asistencia humanitaria han hecho a su programación para abordar las necesidades de los venezolanos desplazados. Muchos refugiados y migrantes se asientan en las mismas comunidades donde residen los desplazados internos, lo que pone a ambas poblaciones, tan vulnerables, a competir por los recursos. A esta tendencia la podrían exacerbar los planes de reducir la presencia de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés), que se encarga de coordinar la respuesta humanitaria de la ONU a la crisis de desplazamiento interno en Colombia.
Para hacer frente a esta realidad, la respuesta debe, cada vez más, apoyar medidas de mediano y largo plazo que beneficien a ambas poblaciones desplazadas y a las comunidades de acogida. La situación exige soluciones que faciliten la integración social y económica de los venezolanos a las comunidades de acogida, aunque resulta fundamental seguir brindando ayuda humanitaria inmediata a quienes recién atraviesan la frontera. Es fundamental también contar con más ayuda de la comunidad internacional; sin ella, Colombia no podrá mantener las generosas políticas para la población venezolana ni atender las necesidades de sus propios ciudadanos. Dicha ayuda crearía incentivos para que otros países sigan el enfoque de Colombia y promovería una mayor estabilidad dentro de los países y en la región. En definitiva, lo que resulta esencial para que Colombia pueda dar las protecciones y la asistencia que necesitan todas las personas desplazadas dentro de sus fronteras es que la respuesta sea integral y cuente con los recursos adecuados.
Recomendaciones
Acciones que debe adelantar la comunidad internacional:
• Los donantes deben financiar plenamente el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP, por sus siglas en inglés) de la ONU, por lo que resta del año 2019 y durante el año 2020.
• Para fomentar que se repartan las responsabilidades, los donantes deben promover la instauración de políticas regionales armonizadas, dar apoyo técnico y financiar iniciativas tales como el Proceso de Quito y la tarjeta de vacunación regional, que mejoran la respuesta regional.
• Los donantes deben aumentar la financiación a esfuerzos que promuevan la integración socioeconómica de los venezolanos en Colombia, lo que debe incluir medidas para fortalecer las capacidades institucionales de los sectores de la salud y la educación y fomentar que los venezolanos tengan más oportunidades para generar ingresos.
• La comunidad internacional debe seguir brindando socorro humanitario a quienes lo necesitan y garantizar protecciones especiales a los más vulnerables, incluidos los caminantes (quienes atraviesan Colombia a pie) y las mujeres y niñas.
• La comunidad internacional debe exigirle cuentas al Gobierno de Colombia para que aborde su conflicto interno y la crisis de desplazamiento que de este deriva, y debe acompañar la implementación del proceso de paz y la reparación a las víctimas del conflicto armado.
Acciones que deben adelantar los organismos multilaterales:
• La ONU debe reversar su decisión de reducir la capacidad de OCHA en Colombia, pues el rol de esa oficina en la coordinación de la respuesta humanitaria a las víctimas del conflicto armado es esencial en momentos en que los recursos y la atención dejan de volcarse hacia esa población vulnerable.
• Las instituciones financieras internacionales deben continuar facilitándole al Gobierno colombiano acceso a la financiación. Los proyectos financiados con subvenciones y mecanismos de financiamiento concesional deben promover la 4 inclusión socioeconómica de los venezolanos y los objetivos de desarrollo para las poblaciones desplazadas y las comunidades de acogida.
Acciones que debe adelantar el Gobierno de Colombia:
• Mantener abiertas las fronteras colombianas para la entrada de venezolanos y poner en marcha políticas de acogida ante la afluencia de esa población.
• Abrir un nuevo proceso de registro de venezolanos que sea continuo y cuente con una ruta clara y sencilla hacia la regularización de la situación migratoria y con garantías de protección.
• Facilitar la integración socioeconómica de los venezolanos, que incluye reducir obstáculos burocráticos y económicos que entorpecen el acceso a la salud, la educación y el trabajo y darle incentivos al sector privado para que genere oportunidades que brinden medios de vida.
• Involucrar a la sociedad civil para divulgar mejor la información, de manera que venezolanos y colombianos conozcan plenamente sus derechos y los servicios a su disposición.
• Comprometerse a implementar cabalmente el proceso de paz y reparar a las víctimas del conflicto armado, incluidas las necesidades de los desplazados internos colombianos.
• Invertir en campañas para contrarrestar la xenofobia y garantizar que las iniciativas a favor de los venezolanos desplazados favorezcan también a sus comunidades de acogida.
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