(Caracas, 14/02/2024) Al concluir la visita oficial a Venezuela del Relator Especial para el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhiri, el experto brindó un balance con sus conclusiones preliminares tras visitar el Distrito Capital, Anzóategui, Miranda, Sucre y Zulia.
El Relator informó haber sostenido reuniones con múltiples actores: representantes de alto nivel de los gobiernos nacional, regional y municipal, miembros del poder judicial, organizaciones internacionales, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, académicos, profesores, estudiantes, campesinos, pescadores, ganaderos, sacerdotes y representantes de la industria agroalimentaria.
Medidas Coercitivas Unilatelares (MCU)
Fakhiri indicó que comprobó como las medidas coercitivas unilaterales en forma de sanciones económicas han limitado la capacidad presupuestaria del gobierno para aplicar sus programas de protección social y prestar servicios públicos básicos. «Las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela también han aumentado los costos relacionados con la prestación de asistencia humanitaria y han impedido que las instituciones financieras internacionales aporten financiación alguna», dijo. Agregó que estas afectan con mayor intensidad a las personas que viven en condiciones de extrema pobreza o en circunstancias vulnerables, creando obstáculos para la recuperación de la economía que se contrajo aproximadamente un 74% entre 2014 y 2022. Detalló que las sanciones afectan negativamente a la producción y distribución de alimentos, y hacen que los alimentos producidos localmente sean económicamente inaccesibles para muchos, dada la escasez y el alto costo del combustible. «Debido al sobrecumplimiento por parte de los bancos y proveedores extranjeros, el gobierno venezolano se enfrenta a serias dificultades para importar bienes y servicios esenciales para un nivel de vida adecuado que no se producen en Venezuela, como materias primas y suministros para el sector alimentario y agrícola, así como medicamentos y suministros y equipos de salud». Solicitó a todos los Estados pertinentes que revisen y levanten inmediatamente las sanciones sectoriales impuestas a Venezuela, incluidas las sanciones secundarias contra terceros.
Pero el Relator destacó que las medidas coercitivas unilaterales han creado nuevos patrones de poder que exacerban los problemas político-económicos existentes, aumentado la desigualdad. «Hay un mayor uso de medidas de emergencia e instituciones para hacer frente a las sanciones que, de hecho, reducen la transparencia y crean las condiciones que propician la corrupción y la impunidad. Por ejemplo, la Ley Antibloqueo aprobada en octubre de 2020 otorgó amplios poderes al gobierno para contratar con empresas privadas sin notificación pública efectiva, y para privilegiar esos contratos por encima de las leyes vigentes. También me preocupa que la legislación sobre Zonas Económicas Especiales opaquen más la toma de decisiones públicas y prioricen los contratos privados sobre las leyes públicas», indicó.
Inseguridad alimentaria y malnutrición
«El hambre es insidiosa. El hambre no pertenece a este o aquel partido político y no pertenece a este o aquel ministerio. El hambre y la malnutrición son una cuestión de Derechos Humanos», enfatizó el experto, recordando que el derecho a la alimentación significa que todo el mundo tiene derecho a no tener hambre, no sólo a ser alimentado. «Para liberarse del hambre, las personas deben liberarse de la opresión, la explotación y la ocupación», dijo.
Sobre las estrategias de supervivencia, el Relator señaló que durante las dificultades de los últimos años, los venezolanos han tenido que confiar más en su relación con la tierra, los ríos y el mar, y entre ellos, potenciando su soberanía alimentaria. Usó como ejemplo la iniciativa «Pueblo a Pueblo» luego de visitar la comunidad Mapirikaki en Anaco, Anzoátegui, pero indicó las personas a lo largo del país sigue teniendo problemas para acceder a suficientes alimentos buenos y sanos, «ya sea por sus bajos ingresos o porque los alimentos no llegan a su comunidad», dijo. Señaló que Venezuela puede seguir aprendiendo de las «prácticas populares de soberanía alimentaria» y adaptando las políticas públicas y las instituciones para que se ajusten mejor a las obligaciones en materia de Derechos Humanos.
«El derecho a la alimentación está vinculado al derecho humano más amplio de disfrutar de un nivel de vida adecuado. En Venezuela, la inseguridad alimentaria está fuertemente correlacionada con la crisis de los medios de sustento», dijo, recordando que la hiperinflación, con una tasa anual cercana al 190% en 2023, y la dolarización informal de la economía venezolana debilitan aún más el poder adquisitivo. «Casi el 82% de los venezolanos vive en la pobreza en términos de nivel de ingresos, y el 53% está expuesto a la pobreza extrema, con ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. La situación también se ve agravada por el precio del combustible y la falta de electricidad y agua potable», advirtió. Además, explicó que las familias se ven obligadas a utilizar mecanismos negativos para hacer frente a la situación, tales como reducir el tamaño de las porciones, saltarse comidas y comprar alimentos menos nutritivos. «Las mujeres soportan una carga desproporcionada, ya que a menudo son las cuidadoras de sus familias y comunidades y aún así tienen que trabajar para obtener un salario o un beneficio. Algunas mujeres se ven obligadas a intercambiar sexo por comida. Las mujeres y jóvenes embarazadas y en periodo de lactancia corren un riesgo especial, dada la creciente crisis de los medios de subsistencia», describió.
«Me preocupan mucho los niños. He recibido muchos testimonios de distintos puntos del país que indican que algunos niños están cada vez más expuestos a riesgos asociados con mecanismos de supervivencia negativos como la separación familiar, el trabajo infantil, la explotación sexual, la violencia física y los abusos», dijo. El Relator enfatizó que niños menores de 5 años con desnutrición aguda, los adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes con bajo peso son los más afectados por la inseguridad alimentaria y nutricional. «El futuro de Venezuela está en juego», alertó. Además, explicó que los niños suelen ir a la escuela sólo cuando se les sirve la comida. «Alimentar a todos los niños a través de las escuelas, utilizando la mayor cantidad posible de alimentos de origen local, es la forma más eficaz de asegurarse de que sean fuertes y sanos», señaló. Indicó que la comunidad humanitaria internacional está aumentando su apoyo en torno a los programas de alimentación escolar. «Espero que en el futuro, las iniciativas dirigidas por la comunidad en las que los pequeños productores locales proporcionan directamente la mayor parte de los alimentos para las escuelas se conviertan en la fuente dominante de los programas de alimentación escolar».
«Los hospitales necesitan un apoyo significativo para garantizar que los pacientes tengan las dietas especiales con las que se recuperan», urgió. Además, instó al restablecimiento del apoyo a los comedores universitarios para fortalecer el derecho a la alimentación de los estudiantes en las instituciones de educación superior.
En cuanto al desplazamiento forzado de personas venezolanas, señalo que la inseguridad alimentaria, la desnutrición y el deterioro de los medios de subsistencia le fueron mencionados como la principal causa. «Al marcharse tantas personas en edad de trabajar, los niños se quedan atrás, lo que aumenta la carga financiera y de seguridad alimentaria de los abuelos y familiares», advirtió.
Sobre la eficiencia del CLAP, el Relator destacó que apoya a 7,5 millones de familias venezolanas reciben una bolsa, según datos proporcionados por el gobierno. No obstante, señaló que cada vez son más las críticas que recibe el programa CLAP, incluyendo la entrega inconsistente, el abastecimiento esporádico en zonas remotas, así como su falta de valor nutricional y calidad. «He oído con frecuencia que se niegan las bolsas CLAP a personas consideradas como críticas o que expresan opiniones políticas alternativas. Algunos beneficiarios sugieren que las bolsas del CLAP son tratadas por las autoridades como una limosna caritativa y no como parte de la liberación del hambre, lo que socava la dignidad humana de los receptores», alertó. Según la información obtenida sobre el programa social, el Relator dice haber concluido que este se ha vuelto susceptible a clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela ni cumple las normas sobre el derecho a la alimentación.
Recordó que la legislación sobre derechos humanos dicta que el Estado tiene la obligación fundamental de tomar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre y la malnutrición, incluso en tiempos de crisis económica o sanciones, y llamó al gobierno a desarrollar un plan de acción urgente sobre el derecho a la alimentación en el país, a través de un proceso socialmente inclusivo. «Un plan de acción sobre el derecho a la alimentación, basado en las leyes y los mecanismos de participación existentes, puede ayudar a que las medidas de ayuda humanitaria se orienten más hacia la mejora de los medios de vida y el desarrollo inclusivo», instó.
Transparencia y rendición de cuentas
El experto recuerda que de acuerdo con el derecho internacional en materia de derechos humanos, la formulación e implementación de políticas públicas relacionadas con el derecho a la alimentación y a un nivel de vida adecuado exigen el pleno cumplimiento de los principios de transparencia, participación popular inclusiva y descentralización.
«A pesar de la obligación legal que obliga a todos los entes del Estado a obtener y producir datos estadísticos relacionados con el ejercicio de sus funciones, todas las dependencias gubernamentales han dejado de publicar datos relevantes para el monitoreo y seguimiento de la situación alimentaria y nutricional en Venezuela», advirtió. Tomando como ejemplo el Instituto Nacional de Nutrición dejó de publicar información del Sistema de Supervisión Alimentaria y Nutricional en 2008; el Balance Alimentario no se publica desde 2012; y el Instituto Nacional de Estadística dejó de publicar la encuesta de seguimiento al consumo de alimentos desde 2015.
«La falta de datos oficiales y el hecho de no hacer pública la metodología estadística oficial dificultan la capacidad del Gobierno para afrontar con eficacia los retos y atender las necesidades básicas de la población. Sin información periódica y fiable, es más difícil evaluar y adaptar las políticas alimentarias para proteger a la población más vulnerable de los efectos del dinámico conjunto de crisis» indicó el experto, explicando que las personas deben tener acceso a la información, ostentar el poder de narrar las realidades de sus vidas y el derecho a expresar sus perspectivas para abordar las brechas institucionales y políticas. «La falta de transparencia en el uso de los escasos recursos públicos y en la implementación de programas sociales a gran escala también permite la corrupción e incide negativamente en la rendición de cuentas de los servicios públicos» destacó, e instó al gobierno a que aumente la transparencia pública y garantice el acceso a la información sobre las políticas alimentarias, así como a que establezca mecanismos para garantizar la rendición de cuentas en la aplicación de los programas relacionados con el derecho a la alimentación y los medios de subsistencia en Venezuela.
Aplicación de las leyes vigentes
«La Constitución venezolana reconoce el derecho a la alimentación. Lo que me da esperanza es que Venezuela tiene muchas leyes progresistas, desarrolladas a través de mecanismos de participación efectivos, que tienen el potencial de hacer realidad el derecho a la alimentación» dijo. Destacó que la Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas, y un conjunto de leyes para desarrollar los derechos específicos de los pueblos indígenas. En 2009, para satisfacción de los pescadores artesanales de Venezuela, la prohibición de la pesca de arrastre, la Ley de Semillas. También encomió al gobierno por sus programas de apoyo a los pequeños productores locales, como la Alianza Científico-Campesina. También observó cómo las ferias de pescado patrocinadas por el Gobierno en las ciudades conectan directamente a los pescadores con los consumidores urbanos; «crea un precio justo para todos».
Pero, a pesar de estos avances legislativos y políticos, el Relator también observó el creciente sentimiento de decepción entre los movimientos sociales, los campesinos, los pescadores y los pueblos indígenas en relación con la falta de aplicación y cumplimiento de las leyes. «Si el Gobierno no aplica eficazmente las leyes existentes, disminuirá la voluntad popular de utilizar los mecanismos de participación. A su vez, esta menor participación popular vaciará las instituciones gubernamentales», urgió. Informó que recomendó al gobierno para que aplique el proceso de certificación que protege las semillas procedentes de las comunidades locales, los campesinos, los afrodescendientes y los pueblos indígenas, ya que reforzará el sistema alimentario nacional, haciéndolo más resistente al cambio climático y a las crisis económicas.
Sector privado
«De mi reunión con las autoridades he sabido que el Gobierno está ampliando su compromiso con el sector privado con vistas a impulsar la producción y distribución local de alimentos. El sector privado desempeña un papel importante a la hora de garantizar la consecución del derecho a la alimentación», dijo el experto.; quién también indicó el haber observado un riesgo de futuros monopolios y monopsonios. «Me preocupa que en los próximos años el nuevo sistema de contratos privados y de acuerdos de contratación pública pueda conducir a la creación de latifundios de facto. Con un papel cada vez más importante del sector privado, deben establecerse sólidas medidas de transparencia y rendición de cuentas. Las nuevas medidas también deben abordar las cuestiones de conflicto de intereses entre los sectores público y privado» aconsejó.
Grupos en situación vulnerable
Indicó que los pueblos indígenas siguen careciendo de recursos y de acceso a una alimentación adecuada y la falta de apoyo e inclusión hacia las personas discapacitadas. Además, sobre las personas mayores advirtió que a causas de la elevada tasa de migración y al colapso del poder adquisitivo de las pensiones, las personas mayores se han vuelto invisibles y abandonadas, mientras se desatienden sus necesidades alimentarias y nutricionales. Agregando que los miembros de la comunidad LGBTQI+ sufren a menudo discriminación y reciben prestaciones sociales limitadas, ya que sus familias no están debidamente reconocidas. «Entre todos estos grupos, las mujeres se convierten en los sujetos más vulnerables», indicó.
«Por último, me preocupa seriamente la seguridad alimentaria de los prisioneros y los detenidos en Venezuela. Estoy preocupado por el bienestar de los detenidos en los centros de detención de las estaciones de policía», dijo. Detalló que los centros de custodia fueron diseñados como instalaciones temporales, a la espera de una audiencia judicial y no incluyen ninguna infraestructura para alimentar a los detenidos. Sin embargo, debido a los retrasos en los procesos judiciales, estos centros de custodia se han convertido de hecho en lugares de hacinamiento y detención de larga duración, con personas que pasan entre 7 y 8 años. «Las autoridades no proporcionan a los detenidos ni comida, ni agua, ni baño, ni asistencia sanitaria. Estos centros son inhumanos y degradantes y pueden constituir tortura», alertó. Acogió con satisfacción la reciente iniciativa de los poderes ejecutivo y judicial de agilizar el acceso de los detenidos a una audiencia, e instó a que los detenidos deben ser puestos en libertad si se alcanza el número máximo de días de detención antes de una audiencia. Resaltó que la situación es algo mejor en las penitenciarias, aunque en algunas las autoridades ofrecen a las personas comidas inadecuadas, a veces sólo una arepa al día.
Con preocupación señaló que las familias soportan una pesada carga, al tener que proporcionar alimentos a los detenidos en cualquier tipo de centro. «Estas familias, generalmente mujeres, sufren grandes dificultades logísticas y económicas. Las personas encarceladas y sin apoyo familiar se ven obligadas a obtener alimentos de otros reclusos compartiendo lo que tienen o intercambiando sexo por comida», dijo. Recordó al gobierno su obligación garantizar que los detenidos tengan acceso a la justicia y al debido proceso y que todos los detenidos siguen teniendo derecho a la dignidad humana y a todos los demás derechos humanos, como la alimentación, el agua y la salud.
Recomendaciones preliminares
1. Las medidas coercitivas unilaterales limitan significativamente la capacidad del gobierno y del pueblo venezolano para lograr el derecho a la alimentación. Por lo tanto, hago un llamamiento a todos los Estados pertinentes para que revisen y levanten las sanciones sectoriales impuestas a Venezuela, incluidas las sanciones secundarias contra terceros.
2. Insto al Gobierno a que aumente la transparencia pública y garantice el acceso a la información sobre las políticas alimentarias y publique regularmente datos precisos y verificables. Esto también incluye garantizar la rendición de cuentas en la implementación de programas relacionados con el derecho a la alimentación y los medios de subsistencia en Venezuela.
3. Hago un llamado al gobierno para que continúe y amplíe su apoyo a los campesinos, pescadores, ganaderos y agricultores urbanos y suburbanos, especialmente a las mujeres y a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esto no sólo refuerza la soberanía alimentaria, sino que también mejora los medios de vida locales.
4. Recomiendo al gobierno que garantice que las transacciones de las empresas privadas sean justas y transparentes, y que se refuerce la transparencia del sistema de contratación mediante el refuerzo de la normativa y los mecanismos relativos a los conflictos de intereses.
5. Exhorto con insistencia al gobierno a que lleve a cabo una revisión exhaustiva de la seguridad alimentaria y de las condiciones de vida de los detenidos, y a que garantice el derecho de los detenidos a una alimentación adecuada, al agua y a la salud.
6. Recomiendo al Gobierno de Venezuela y a la comunidad internacional de ayuda humanitaria que desarrollen un plan para convertir los planes internacionales de ayuda humanitaria en programas de desarrollo dirigidos localmente. Esto debería incluir la mejora de los programas dirigidos por la comunidad para proporcionar alimentos en las escuelas y permitir que la comunidad internacional de ayuda humanitaria proporcione asistencia directa con dinero en efectivo basándose en los principios de humanidad, transparencia, imparcialidad, neutralidad e independencia. Mi trabajo internacional durante la pandemia de COVID-19 me ha demostrado que la ayuda directa en efectivo es el primer paso más eficaz para satisfacer las necesidades nutricionales inmediatas, mejorar los medios de subsistencia y mejorar la economía.
7. Por último, insto urgentemente al Gobierno a que elabore un plan de acción urgente sobre el derecho a la alimentación en Venezuela, basado en la legislación vigente, mediante un proceso socialmente inclusivo y los mecanismos de participación existentes.
