(Caracas, 14/01/2022) La organización venezolana de derechos humanos, Alerta Venezuela realizó comentarios sobre el cumplimiento de compromisos internacionales por parte de Venezuela en su informe oficial al tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU)
A fines de diciembre de 2021, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), publicó el Informe Nacional (IN) del Estado venezolano para el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el cual se refiere, entre otros temas, al cumplimiento de compromisos internacionales por parte de Venezuela. A continuación, se analiza el alcance del cumplimiento de tales obligaciones, con énfasis en la cooperación del país con el sistema de derechos humanos de la ONU y el acceso de la sociedad civil a procesos inclusivos de participación en el diseño y ejecución de planes y políticas sobre derechos humanos y el papel de la Defensoría del Pueblo.
Aunque el IN afirma haber aceptado 193 recomendaciones y haber asumido 24 compromisos voluntarios en el segundo ciclo EPU (2016), no brinda información específica sobre la puesta en práctica de dichas recomendaciones y compromisos. En contraste, la Recopilación preparada por la OACNUDH sobre el cumplimiento de compromisos internacionales por parte de Venezuela, muestra políticas, prácticas y vacíos normativos que evidencian la ausencia de cumplimiento de muchas de las recomendaciones aceptadas.
El IN asevera haber consultado a organizaciones y movimientos sociales para la implementación de las recomendaciones del segundo ciclo del EPU, para la elaboración del informe para el tercer ciclo, para la elaboración, implementación y evaluación del primer plan nacional de derechos humanos y para la elaboración del sistema nacional de seguimiento a los instrumentos internacionales de derechos humanos; igualmente, afirma haber realizado varios congresos anuales de derechos humanos. Sin embargo, defensores de derechos humanos independientes consultados por AlertaVenezuela, afirmaron no haber sido convocados a participar en ninguna de estas iniciativas.
Alerta Venezuela insistió en diversas ocasiones con el equipo de la OACNUDH en Venezuela sobre la necesidad de incorporar el componente de participación amplia de las OSC en los procesos de elaboración, ejecución y evaluación del Plan Nacional de Derechos Humanos y en el mecanismo de seguimiento. Aunque el equipo de OACNUDH brindó asistencia técnica al Estado sobre estas materias, no existe información pública sobre los resultados concretos o de los progresos realizados por el Estado ni evidencia de que las autoridades hayan acogido favorablemente las recomendaciones sobre participación de las OSC independientes.
El IN se refiere al carácter independiente de la Defensoría del Pueblo (DdP) y su “apego a los Principios de París”, obviando que la DdP fue degradada a categoría B en 2016, y que en 2017 la inconstitucional asamblea nacional constituyente designó un nuevo defensor del pueblo sin cumplir con el procedimiento de selección previsto por la Constitución. Tanto la misión internacional independiente de determinación de los hechos como el equipo de la OACNUDH en Venezuela han constatado la ausencia de independencia de la institución, como se refleja en la Recopilación (párr. 11).
El IN afirma que el Estado “reconoce y protege el trabajo desarrollado por las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos, así como el de los defensores de derechos humanos”, cuando hay un cierre progresivo y permanente de espacios para el trabajo de las OSC, se criminaliza la cooperación internacional a las organizaciones de derechos humanos, hay defensores en el exilio, presos o enfrentando procesos judiciales sin garantías como ha sido reiteradamente denunciado por los titulares de procedimientos especiales[1].
Aunque el IN sostiene que “el 93% de las 213 acciones del plan [nacional de derechos humanos] fueron total o parcialmente implementadas”, la ausencia de indicadores y procesos de participación impiden corroborar la veracidad de esta afirmación. Tampoco es posible confirmar la existencia de un sistema nacional de seguimiento a los instrumentos internacionales de derechos humanos, ya que, más allá de una nota de prensa de 2019 en el sitio web de la Cancillería, no hay acceso al supuesto sistema ni a información sobre su funcionamiento.
Pese a que el IN hace varias afirmaciones sobre una supuesta cooperación con los órganos de tratado, procedimientos especiales y oficina de la Alta Comisionada, lo cierto es que hay retraso en la presentación de algunos informes, tratados principales y protocolos facultativos sin ratificar, la Oficina de la Alta Comisionada y su titular han sido objeto de descalificaciones y amenazas de suspensión de presencia en el país. Además, pese a que las visitas de los procedimientos especiales son parte integral de la Carta de entendimiento entre la OACNUDH y el Estado, después de más de dos años de presencia de la OACNUDH en el país solo se ha producido una visita.
Por último, en cuanto a la cooperación internacional con otros órganos multilaterales, el IN menciona la participación de Venezuela en varios mecanismos regionales; sin embargo, ninguno tiene funciones de promoción y protección de derechos humanos. Mientras tanto, el Estado permanece al margen del sistema interamericano de derechos humanos, tras haber denunciado la Convención Americana en 2012, a lo que se suma el incumplimiento sistemático de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las sentencias de la Corte Interamericana.
Alerta Venezuela advierte que la presencia de la OACNUDH en Venezuela es usada por el gobierno para intentar aparentar una cooperación que no existe, al tiempo que ejerce presión sobre la Oficina de la Alta Comisionada y amenaza con suspender su permanencia en el país, si persiste en señalar las violaciones de derechos humanos identificadas por la Oficina.
