(Ginebra, 13/09/2021) Durante la presentación del nuevo informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la apertura de su 48° periodo se sesiones, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH), informó a los Estados miembros del Consejo sobre el hostigamiento hacia las personas defensoras de derechos humanos en el país, en especial aquellos que defienden los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
ACNUDH informó que documentó 17 casos de violaciones de derechos humanos relacionadas con la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que incluyen 4 casos de amenazas e intimidación (incluyendo dos mujeres) y 12 casos de detención arbitraria. Según la Alta Comisionada, muchos de los casos documentados iban acompañados de actos de violencia e implicaban la criminalización de actividades legítimas.
Según la ACNUDH, transmitió sus preocupaciones sobre nueve de esos casos a las autoridades pertinentes. En el momento de redactar el informe se habían tomado medidas en al menos tres casos. Además, observó los escasos progresos realizados en la protección de
las personas defensoras de los derechos humanos, la investigación de las violaciones de los derechos humanos cometidas contra ellas y la garantía del derecho a participar en los asuntos públicos, tal como recomendó anteriormente.
En el informe también se documentaron ocho casos de criminalización, amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes debido a su participación en movimientos estudiantiles o a la documentación de violaciones de los derechos humanos. Tres casos consistieron en agresiones y hostigamiento contra cuatro miembros de la Confederación de Estudiantes de Venezuela durante la preparación de la Ruta por Venezuela. Su presidente fue detenido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en una asamblea frente al edificio de un partido opositor en Maturín (Estado Monagas), el 16 de abril de 2021, y dos dirigentes estudiantiles fueron agredidos por miembros de las fuerzas de seguridad, en cuatro puntos de control diferentes, entre los estados Mérida y Portuguesa, en mayo de 2021.
Además, en el informe se menciona el enjuiciamiento de siete dirigentes sindicales y seis trabajadores por su defensa de los derechos laborales o por haber denunciado irregularidades, por delitos como terrorismo, asociación ilícita, revelación de secretos de Estado e incitación al odio, algunos de ellos tras ser denunciados por sus supervisores a las autoridades o tras haber publicado en las redes sociales mensajes críticos contra el Gobierno. Ocho siguen detenidos al momento de este informe. Dos dirigentes sindicales fueron supuestamente despedidos de sus puestos por su defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.
El informe cita los resultados de una Comisión de Investigación de la Organización Internacional del Trabajo en 2o19, donde concluyó que los actos de persecución, detención y difamación contra dirigentes sindicales, muchos de ellos por parte del Estado, constituían un obstáculo a las libertades civiles básicas, y contribuían a crear un clima de estigmatización e intimidación altamente disuasorio para el ejercicio de la libertad de asociación. La OIT sigue evaluando la implementación de medidas para remediar estas preocupaciones. Aunque el Gobierno rechazó estas conclusiones, solicitó asistencia técnica en 2021 para mejorar el cumplimiento de los convenios laborales pertinentes.
El ACNUDH destacó el sobreseimiento, el 22 de julio de 2021, en la causa penal contra una defensora de derechos humanos que trabaja en la promoción de los derechos de las mujeres a la salud, incluyendo la sensibilización y difusión de información sobre los derechos sexuales
y reproductivos, detenida el 12 de octubre de 2020 por miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y acusada penalmente por asistir a víctimas de violación que solicitaban un aborto. El ACNUDH alienta al Gobierno a que aplique estas recomendaciones y adopte todas las medidas necesarias para que nadie sea criminalizado o criminalizada por defender el derecho de las mujeres, incluyendo a la salud sexual y reproductiva.
Además, se registraron 12 quejas formales de organizaciones de la sociedad civil ante autoridades administrativas y judiciales y ante la Defensoría del Pueblo, relacionadas con el acceso a los servicios públicos. Todas las quejas seguían sin respuesta oficial al momento de este informe. Las personas miembros de la sociedad civil informaron al ACNUDH de que pocas quejas formales se presentaban ante las autoridades competentes por falta de confianza en los sistemas administrativo y judicial y por temor a las represalias.
