(Venezuela/Washington D.C., 30/3/2021) Durante el 179° periodo de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un grupo de organizaciones de derechos humanos venezolanas denunciaron la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Contexto y la ley de cooperación internacional

Feliciano Reyna, en representación de las organizaciones Acción Solidaria y Civilis Derechos Humanos, describió a los miembros de la CIDH el contexto bajo el cual las organizaciones de derechos humanos operan en Venezuela bajo la emergencia humanitaria compleja que se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19 tanto en intensidad como gravedad, y citó cifras del estudio conjunto sobre los efectos de la emergencia sobre la población llamado HumVenezuela, el cual determinó que al menos 19 millones de personas de una población de 28 millones y medio se encuentran en un situación de pobreza multidimensional, siendo un incremento de 600 mil personas con respecto a 2019; 13 millones en situación de inseguridad alimentaria, equivalente a un aumento de 40% de las 9.9 millones que había advertido el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en 2019 . «En este contexto la sociedad venezolana enfrenta una grave de desestructuración institucional y del estado constitucional y democrático. Comunidades y organizaciones civiles que reclaman derechos y entienden la necesidad de dejar aún lado el conflicto político para lograr cambios que tengan como centro el bienestar de la población que se encuentra amenazada», dijo Reyna

Reyna informó a la Comisión sobre los patrones que violan el derecho humano internacional y las garantías, como la criminalización intensificada y las negativas de registros, así como procedimientos penales infundados en delitos como el terrorismo, legitimación de capitales e instigación al odio por defender derechos y prestar asistencia humanitaria. También describió la persecución sistemática contra periodistas, medios de comunicación, líderes comunitarios, estudiantes, defensores y defensoras de derechos humanos, por el hecho de protestar e informar sobre las privaciones que sufren las personas, y restricciones arbitrarias que impiden la operatividad de programas y servicios humanitarios.

Según Reyna, los patrones descritos anteriormente afectan en mayor o menor medida a las organizaciones de derechos humanos. Como ejemplo mencionó hechos de esta naturaleza sufrido por varias organizaciones como Fundación Mavid, Preparafamilia, Convite, Alimenta a la Solidaridad y Azul Positivo, enfatizando que este último sufrió la detención de 5 miembros quienes posteriormente fueron excarcelados pero sin libertad plena. «En este escenario ya altamente restrictivo alertamos sobre la amenaza de la aprobación de la ley de cooperación internacional que había sido presentada en  oportunidades anteriores, como en 2005 y 2010.  En 2006 esta Comisión expresó su preocupación por algunas disposiciones de esta ley, que de ser aprobadas podrían causar graves daños a la conformación, tendencia y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales», recordó Reyna. A su vez, Reyna destacó que en el comunicado de la CIDH se explicaba que esta ley tenía un lenguaje ambiguo y se prestaba a la discrecionalidad, creando el riesgo que sea interpretada de manera restrictiva y que limitaría el disfrute del libertades fundamentales. «Esta ley socavaría aún más los derechos de la población y permitiría la pérdida y uso indebido de los recursos, que ya son insuficientes, para responder a la emergencia humanitaria y sus daños devastadores a una población que se encuentra aún más expuesta por la pandemia».

A su vez, Eduardo Trujillo enfatizó que la ley de cooperación internacional ha sido un peligro para las organizaciones desde 2005 y reapareciendo en varias oportunidades, como en 2010, 2012 y 2015. «La aprobación de esta ley se traduciría en un efecto abrasivo en las organizaciones de la sociedad civil, al dificultar la posibilidad de poder recibir recursos a través de proyectos de cooperación con la comunidad internacional», advirtió. De acuerdo a Trujillo, esta ley responde a un «capricho» con el fin de limitar las actividades de las organizaciones en el país, al ser vista como un enemigo político y no como apoyos en el mantenimiento de la democracia.

Trujillo alertó que el proyecto de ley tiene varios componentes que podrían perjudicar la libertad de asociación al dificultar el registro de las organizaciones, como el peligro de que posibles cooperantes internacionales teman que parte de los recursos sean apropiados y usados para finas establecidos por el Estado. «Esto rompería las dinámicas de ayuda, no solo de los derechos humanos, también del sector humanitario», advirtió.

Abusos, persecución y detenciones arbitrarias

Marino Alvarado, miembro del Programa Venezolano para la Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), afirmó que bajo la excusa de la emergencia sanitaria han aumentado los abusos. «Maduro cree que Venezuela es su cuartel», dijo. Informó a los comisionados que la aplicación de la cuarentena se realiza de forma discrecional sin tomar en cuenta a los sectores más vulnerables y prioritarios, y sin entender que los derechos aún en medio de la pandemia no pueden ser suspendidos.

Alvarado aseguró que hay una ausencia  de criterios para garantizar derechos en medio de una emergencia sanitaria que ha jerarquizado el control sobre la ciudadanía y el orden del territorio, propiciando diversas vulneraciones sobre las personas. «Se prioriza la seguridad sobre la salud», aseguró. Además, indicó que estos abusos han afectado al personal de salud, comunicadores sociales, activistas políticos, defensores y defensoras de derechos humanos, y a todo aquel que exige sus derechos.

Entre los patrones de abuso Alvarado destacó las detenciones arbitrarias, imposición de realizar ejercicios físicos en la vía pública y uso de los medios públicos y redes sociales bajo el control del Estado para promover odio contra actores sociales y políticos, lo que genera un riesgo a su integridad física y sus vidas. A su vez, citó datos del Laboratorio de Paz, Cepaz y Provea, donde se demuestran que en los primeros 10 meses de la pandemia en Venezuela hubo 258 detenciones arbitrarias, sin tomar en cuenta las que fueron realizadas por períodos cortos de tiempo por no hacer uso del tapaboca u otras medidas preventivas De los casos anteriormente mencionados, 59 son mujeres, es decir 22.8%, y en el mes de abril se realizaron la mayoría de las detenciones arbitrarias con un  32.5% en Distrito Capital. Alvarado también resaltó que 29 de estas detenciones arbitrarias estuvieron dirigidas a sindicalistas. «Estas detenciones son contrarias a las recomendaciones realizadas por la CIDH y también las realizadas en 2019 por la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, quién expresó gran preocupación por la persecución constante de sindicalistas en Venezuela».

Alvarado resaltó las detenciones llevadas a cabo en 2021, como la detención de 5 miembros de la organización Azul Positivo, la del Diputado Gilberto Sojo y la más reciente la detención del defensor al derecho al agua, Jairo Pérez. También indicó que bajo el contexto de COVID-19 se ha recrudecido la persecución y acoso contra personas y grupos considerados críticos u opositores, al igual que el uso de la ley del odio como un instrumento para criminalizar a quienes denuncian, critican y exigen derechos. «La persecución en Venezuela por motivos políticos sigue siendo sistemática, tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana y la Alta Comisionada de Naciones Unidas». Al mismo tiempo, el defensor recordó que la Misión Internacional de Determinación de Hechos para Venezuela aseguró que estos patrones constituyen un crimen de lesa humanidad. «Ello indica la gravedad de la persecución en Venezuela«, subrayó.  También destacó que entre marzo y diciembre 2020 fueron asesinadas 6 personas en el contexto de protestas de exigencia de mejoras de los servicios públicos. «En lugar de atender los justos reclamos de la población, se recurre a la represión con la lamentable pérdida de vidas y una impunidad que alienta la repetición», dijo.

Por su parte, Eduardo Trujillo afirmó que las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela ha sido atacada por dos flancos, ataques de facto y de iure.

La directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Andrea Santa Cruz, explicó a los Comisionados sobre la falta de un sistema de justicia independiente que brinde respuestas a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos. «A nuestro entender es una herramienta de persecución política que garantiza la impunidad para todos aquellos que se manifiesten a favor de los intereses de quién hoy tiene el poder de facto» 

Modelo de Estado comunal

Laura Louza, directora ejecutiva de Acceso a la Justica informó a los Comisionados sobre las intenciones de la actual Asamblea Nacional de imponer la estructura de un Estado comunal, proyecto que Louza recordó fue rechazado en el referendum constitucional. «Este modelo ya existe en varias leyes nacionales pero no ha sido completamente implementado». Indicó que la Asamblea Nacional aprobó un plan legislativo con 35 leyes que deberán ser aprobadas este año, leyes que Louza destacó no se conocen su contenido, ni han sido discutidas con la población. Entre estas leyes destacan las que tienen relación con el Estado comunal.

Louza resaltó que una de las leyes mencionadas anteriormente ya fue aprobado en primera discusión, la ley de ciudades comunales, donde se establece que estas ciudades cuentan con un pacto constitucional propio, así como instituciones públicas e instancias comunales como si fueran el poder nacional, pudiéndose considerar como una réplica con cinco poderes públicos. «Se trata de ciudadanos con poderes comunales que no fueron electos por medio del voto, y que tienen potestades, pueden manejar presupuesto público, en incluso se prevée pueden tener potestades municipales de Estado o del propio poder nacional». Louza explicó que estos ciudadanos se encuentran sometidos al ejecutivo y su reconocimiento depende de este y en cuyos estatutos debe estar que su misión es la construcción del socialismo. Advirtió que esto llevaría a la pérdida de libertades individuales, sin olvidar la opacidad que regiría sobre esta estructura al solo tener que rendir cuantas al ejecutivo nacional. «Llevaría a una desaparición paulatina de la sociedad civil» .

Restricciones del espacio cívico

Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Usticia y Paz (CEPAZ), resaltó que las organizaciones de la sociedad civil organizada han tenido un rol fundamental en la esfera de los órganos de protección internacional de derechos humanos, en documentación, denuncia e incidencia de la situación de los derechos humanos en Venezuela. «Hemos sido consecuentes con la documentación de la emergencia humanitaria ante los órganos y mecanismos de supervisión, como los procedimientos especiales de Naciones Unidas, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela y la Comisión Interamericana». A pesar de los anterior Borges asegura que en Venezuela existe un ambiente restrictivo, compuesto por criminalización, persecución, represión, campañas de estigmatización y agregó que las restricciones se extienden al resto de los actores que forman parte del entorno cívico, como disidentes políticos.

Borges citó datos recolectados por CEPAZ donde se documentaron 127 hechos de persecución tan solo en los primeros dos meses del 2021, que incluyen amenazas, censura, estigmatizaciones, detenciones arbitrarias, allanamientos, tratos crueles e inhumanos, dirigidos contra opositores políticos, miembros de partidos, trabajadores de la prensa, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil. Además, aseguró que los derechos que corresponden al espacio cívico, como la libertad de expresión, de asociación y participación se ven sistemáticamente socavados en Venezuela, lo que en palabras de Borges «Restringe el espacio propicio para la defensa y protección y promoción de los derechos humanos de todos los venezolanos y las venezolanas». Agregó que el patrón de persecución documentado por la FFM  se ajusta a la persecución y criminalización de la cual las organizaciones de derechos humanos son objeto.

La directora de CEPAZ solicitó a la Comisión rechazar y exigir el cese de los patrones de criminalización, represión y persecución contra la sociedad civil venezolana y demás grupos que conforman el espacio cívico nacional por parte de las autoridades que controlan los poderes públicos; Demandar a las autoridades la restitución y garantías de los derechos para la existencia de un entorno propicio, democrático y seguro en que la sociedad civil pueda desenvolverse libremente; Requerir a las autoridades nacionales condiciones seguras y habilitantes para que se lleven acabo programas humanitarios sin restricciones ni impedimentos indebidos; y exigir a las autoridades que controlan el poder ejecutivo cesar la realización de nuevas leyes que pretende una sociedad estatizada y afecta directamente la independencia de poderes.

A lo anterior Andrea Santacruz agregó que en el contexto de un emergencia humanitaria agravada por una pandemia, el Estado venezolano ha decidido crear medidas que cierre el espacio cívico venezolano. «Vemos una profundización del hostigamiento contra las organizaciones venezolanas»

Testimonios de la persecución

Katherine Martínez de Preparafamilia y Luis Francisco Cabezas, director de Convite dieron testimonio sobre la persecución y criminalización de las que son víctimas las organizaciones de derechos humanos y humanitarias en el país. Martínez expresó sentirse muy preocupada por el impacto que los hostigamientos tienen sobre las personas vulnerables. «En nuestro caso son los niños, niñas, sus familias y madres cuidadoras quienes se ven afectados cuando nos vemos impedidos en continuar con nuestro trabajo o al no poder recibir la ayuda humanitaria».

Cabezas afirmó que las organizaciones en Venezuela se encuentran bajo asedio. Relató el hallanamiento con el fin de buscar armas y bombas  en las instalaciones de la organización, relatando como fueron incomunicados por dos horas, sin acceso a asistencia legal durante los interrogatorios y decomiso de sus celulares personales. «Pudieron constatar que en nuestras oficinas solo tenemos comida y alimentos para personas mayores». Según Cabezas este evento creó un gran sentimiento de miedo e incertidumbre entre los miembros de la organización, al igual que en proveedores que posteriormente detuvieron sus relaciones. «Atacar a las organizaciones es atacar a la ayuda humanitaria», afirmó. Además, aseguró que ahora enfrentan un doble temor: temor a contagiarse de COVID-19 y temor a ser detenidos por brindar ayuda humanitaria. Cabezas aseguró nunca haberse considerado como un perseguido o estar en riesgo, pero luego de lo ocurrido comenzó a planteárselo. «Nunca pensé en explicarle a mi hijo de 9 años que hago y que hacer si llego a ser detenido, y luego de tener que hacerlo me di cuenta que soy un perseguido».

Martínez expresó que la sociedad civil organizada está comprometida con defender los derechos y ayudar a las comunidades. «La persecución y los hallanamientos no podrán detener la labor de la sociedad civil», dijo

Reacciones

Los miembros de la Comisión manifestaron admiración por el compromiso de las organizaciones de derechos humanos con la protección y lucha por mejor las condiciones de vida de la población venezolana. «Defender derechos en estas condiciones es una labor de grandes espíritus y gran fortaleza», expresó la Comisionada Esmeralda Arosemena, quién además solicitó mayor información por las acciones y respuestas dadas por el sistema de justicia ante las denuncias realizadas por las organizaciones, así como sobre el posible desarrollo de las propuestas de ley sobre el Estado comunal.

A su vez, el Comisionado Stuardo Ralón, quién también es relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad y para la prevención del combate y la tortura, manifestó que con lo expuesto por las organizaciones se visibiliza la agudización de la crisis de derechos humanos en Venezuela y con la propuesta de el establecimiento de un Estado comunal existe una gran amenaza para la sociedad civil de un «brazo ejecutor» del poder ejecutivo disfrazado como una iniciativa ciudadana.

El Relator Especial sobre la Libertad de Expresión, Pedro Vaca expresó que en un contexto con la casi erosión total de Estado de Derecho seguido de un pandemia, como en el caso de Venezuela, es el ambiente propicio para que se agudicen las detenciones arbitrarias y la represión. «Creemos que es muy importante seguir documentando y que exista una articulación con la Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE)». A su vez el Relator Especial solicitó información adicional sobre las detenciones arbitrarias y las limitaciones a las libertades de asociación.

Además, la secretaria ejecutiva Maria Claudia Pulido informó que la Comisión realizará un informe país sobre Venezuela, donde se documentaran los testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos. «Consideramos que existe una responsabilidad con respecto a la justicia transicional». Destacó que el informe estará dividido en 3 partes: institucionalidad democrática, situación de los derechos humanos y situación de las personas venezolanas en la región.

El Comisionado Joel Hernández, quién también es relator para los defensores de derechos humanos y operadores de justicia afirmó que el testimonio de Luis Francisco Cabeza es una muestra de la ausencia del Estado de Derecho, donde ocurren acciones del Estado sin ningún tipo de control. «La sociedad civil está reclamando sus espacios democráticos, porque solo en democracia hay respeto por los derechos humanos».

Video Criminalización de las personas defensoras de DH en el contexto del COVID-19 en Venezuela