(Caracas/ Bogotá, 23/4/2020) Bajo la amenaza de la pandemia del COVID-19, Colombia y Venezuela han decretado confinamientos obligatorios y han cerrado su frontera común. Ambos países ahora se enfrentan a una parálisis económica prolongada y a una crisis de salud pública que expondrá a millones de migrantes venezolanos a un gran riesgo, en un momento en el que los lazos bilaterales continúan rotos, asegurá la organización internacional Crisis Group.

¿Por qué importa? Aunque los casos de infección reportados continúan siendo relativamente bajos en ambos países, la disputa por el poder político y el colapso de la economía en Venezuela hacen que esta sea especialmente vulnerable a un brote masivo. El impacto del COVID-19 también podría reavivar una profunda inconformidad por los altos niveles de desigualdad, los servicios públicos deficientes y la corrupción en Colombia.

¿Qué se debería hacer? Con al menos 1,8 millones de venezolanos en Colombia y una gran frontera compartida, los dos países deberían restablecer la cooperación oficial durante la pandemia. Los aliados del gobierno y la oposición en Venezuela deberían apoyar medidas urgentes para hacer un alto en el conflicto y permitir que el país reciba la ayuda internacional necesaria para salvar vidas.

Panorama general

La pandemia del COVID-19 pudo haber llegado tarde a América Latina, pero sus efectos desde ya ponen al descubierto las tensiones que enfrentan los Estados y las sociedades al tratar de frenar el contagio, mientras intentan mantener a flote las economías y el orden público intacto. A medida que la mayoría de gobiernos de la región cierran fronteras, detienen el tráfico aéreo, imponen un distanciamiento social riguroso y envían policías y militares a patrullar las calles, las pugnas latentes y los conflictos violentos se ven sometidos a nuevas presiones. La crisis más tóxica de la región, la competencia por el poder político de Venezuela, ya había llevado a millones a cruzar las fronteras con Brasil y Colombia en busca de un futuro mejor. Ahora que el temor al virus ha cerrado las fronteras nuevamente y forzado a Venezuela y Colombia a imponer confinamientos nacionales, se hace más evidente el peligro de presionar aún más a los más pobres y paralizar economías ya débiles en un momento lleno de hostilidades políticas. El imperativo humanitario debe ser prioridad de todos: para los rivales políticos en Venezuela, esto significa hacer un alto en el conflicto para permitir la entrada de mucha más ayuda externa; para los gobiernos de Colombia y Venezuela, significa encontrar formas de cooperar para combatir los riesgos para la salud pública a los que ambos países se enfrentan en este momento.

Tanto Venezuela como Colombia ya se han visto afectadas por disturbios y brotes de violencia a medida que entran en vigor directivas de salud pública, incluyendo disturbios penitenciarios donde hubo muertes, episodios de saqueo y protestas espontáneas de los más necesitados. Pero el destino de Venezuela es lo que despierta mayor preocupación en toda la región. Muchos países, incluidos algunos que no reconocen a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, argumentan que sería imprudente obstaculizar la ayuda humanitaria de emergencia. Temen que un sistema de atención médica que ha colapsado, tasas de desnutrición en aumento y epidemias preexistentes como la de malaria hacen que Venezuela sea excepcionalmente vulnerable al contagio. Sin embargo, otros parecen creer que este puede ser el momento justo para darle el golpe final a un gobierno que consideran corrupto y dictatorial. Esta línea de pensamiento parece haber llevado a algunos a aplaudir la decisión de EE. UU. de presentar cargos por narcoterrorismo y otros crímenes contra Maduro y otras figuras destacadas del gobierno el pasado 26 de marzo.

Lo cierto es que los migrantes y refugiados venezolanos que han salido del país se encuentran entre los más vulnerables a la enfermedad, dadas las condiciones en las que viven y trabajan. Al menos 4,9 millones de venezolanos han huido de tasas de pobreza de alrededor del 90 por ciento en su país de origen, solo para continuar luchando por sobrevivir en nuevas tierras; estos migrantes y refugiados enfrentan los mayores riesgos debido a la falta de acceso a atención médica y, a menudo, de enfermedades preexistentes. Miles de ellos están ahora volviendo a pie a su país de origen luego de sufrir las consecuencias económicas de la cuarentena en Colombia, donde vive la mayor población de refugiados venezolanos, estimada en 1,8 millones. A pesar de este flujo de retornados, existe la posibilidad de que el número de migrantes que escapan de Venezuela aumente en los próximos meses a medida que el virus en ese país se propague.

Colombia ha hecho grandes esfuerzos para garantizar que los migrantes y refugiados venezolanos tengan residencia legal y acceso a servicios públicos, pero un millón de ellos aún no tiene permiso formal de permanencia en dicho país. Además, Colombia no puede garantizar empleo estable o formal para todos, y menos aún bajo condiciones de distanciamiento social y cuarentena. Colombia también enfrenta otra serie de dificultades mientras se esfuerza por equilibrar la implementación de medidas de control de infecciones, con el peligro de volver a avivar las protestas de 2019 contra la desigualdad, los servicios públicos deficientes y la corrupción. Es probable que crezcan pequeños focos de descontento en la medida que las políticas diseñadas para frenar la propagación del COVID-19 afecten las perspectivas económicas. El Estado tiene recursos limitados para apoyar a los ciudadanos más vulnerables, lo que significa que muchos gobiernos locales están recolectando donaciones para cubrir un déficit en los programas de ayuda para aquellos afectados por las medidas de confinamiento.

Los lazos económicos informales, los movimientos migratorios en ambas direcciones y la geografía determinan que el destino de los esfuerzos de Colombia y Venezuela para combatir al COVID-19 estén entrelazados, al menos en un grado considerable, independientemente de que a los respectivos gobiernos les guste o no. Entre más rápido las fuerzas en conflicto en Venezuela declaren una tregua, y Bogotá y Caracas puedan dejar de lado sus desacuerdos para cooperar en la lucha contra la amenaza de la enfermedad, mejor será para los colombianos y venezolanos, particularmente para los más desfavorecidos.

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