(Bogotá, 27/07/2020) Los pueblos indígenas de América Latina han pedido un grito de ayuda, ya que COVID-19 está llegando incluso a los rincones más impenetrables de la Amazonía. Las organizaciones indígenas y de la sociedad civil ya están advirtiendo sobre un posible etnocidio. En el momento en OXFAM redactó este informe, el pico de la pandemia en la región aún no se ha alcanzado y el virus se está extendiendo desde los centros urbanos a las zonas rurales a toda velocidad.
Cuatro de los diez países del mundo con el mayor número de casos confirmados se encuentran en América Latina. Brasil es el segundo país del mundo con el mayor número de muertes, solo superado por los Estados Unidos; México ocupa el cuarto lugar y Perú el décimo. Brasil también ocupa el segundo lugar en número de infecciones, con Perú quinto y México séptimo. Juntos, estos tres países suman cerca de 125,000 fallecidos y más de 2,600,000 casos confirmados (aproximadamente uno de cada cinco en el mundo).
Hay comunidades indígenas en alto riesgo en todos los países de la región. En juego están las vidas de 45 millones de personas que pertenecen a más de 800 pueblos indígenas. De estos, unos 100 están distribuidos en varios países, alrededor de 200 mantienen aislamiento voluntario o están en contacto inicial, y casi 500 corren el riesgo de desaparecer debido a su reducido número. Debido a su menor resistencia inmune, su falta de acceso a la atención hospitalaria y la creciente penetración de las actividades extractivas en sus territorios, las comunidades indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial son motivo de especial preocupación.
Lejos de los hospitales y las cámaras de noticias, los indígenas en América Latina se enferman y mueren sin tener acceso a los medios necesarios para protegerse. Enfrentan la pandemia en condiciones de exclusión social, racismo y discriminación, lo que pone de relieve las desigualdades históricas y la extrema precariedad en los servicios básicos y de salud.
Desde México a través de los países de América Central y del Sur, incluidos los países de la cuenca del Amazonas, los datos sobre la situación de los pueblos indígenas en esta pandemia no son visibles ni completos en las estadísticas oficiales. Lo que existe a menudo no refleja la verdadera situación debido a problemas de subregistro y la falta de desagregación por etnia. Probablemente nunca sabremos el alcance de la catástrofe. Pero gracias al importante esfuerzo de recopilación de datos realizado por las organizaciones indígenas, podemos rastrear la evolución de la pandemia y ver las discrepancias con las cifras oficiales.
La región amazónica es una de las más afectadas, con una población indígena de aproximadamente tres millones de personas distribuidas en nueve países. De los 400 pueblos indígenas que lo habitan, a mediados de julio el virus ya había alcanzado 172. En apenas dos meses, el número de muertes entre la población indígena aumentó nueve veces (pasando de 113 a 1.018), un aumento que se duplica el registrado entre la población general. Perú es el país con el mayor número de personas afectadas entre la población indígena amazónica. Allí, más de un tercio de las muertes en los departamentos amazónicos corresponden a pueblos indígenas, según los datos recopilados por las propias organizaciones indígenas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que los pueblos indígenas son uno de los grupos humanos más expuestos a la pandemia. Las medidas elementales para detener la propagación del virus, como lavarse las manos con frecuencia, no son factibles sin acceso a agua corriente o jabón. El distanciamiento social puede ser incompatible con las formas tradicionales de vida comunitaria que caracterizan a muchas poblaciones indígenas. En comunidades seminómadas y de reunión, las medidas de aislamiento recomendadas significan no poder acceder a medios básicos de subsistencia.
La crisis de salud agrava aún más las condiciones de vulnerabilidad y exclusión social de las poblaciones indígenas, con tasas de pobreza extrema que son tres veces las del resto de la población latinoamericana.
Como advierte la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las poblaciones desplazadas y refugiadas son extremadamente vulnerables. Este es el caso de numerosos grupos indígenas binacionales, como los Wayúu o los Bari que viven en Colombia a lo largo de la frontera con Venezuela, o los 5,000 indígenas Warao desplazados de Venezuela al epicentro de la pandemia en Brasil. Además de no recibir asistencia médica debido a la falta de documentación, estas poblaciones están bajo la amenaza continua de los grupos armados ilegales que controlan las áreas fronterizas. A esto se suman las deportaciones, el cierre de fronteras y las medidas que restringen su libertad de movimiento.
Para las mujeres indígenas, que ya sufren una triple discriminación porque son mujeres, indígenas y pobres, las responsabilidades de cuidado se han vuelto aún más costosas y las exponen a un mayor riesgo de infección.
También tienen menos acceso a la atención médica y la información en sus propios idiomas. Como ellos mismos afirman: ‘La salud y nutrición de nuestras familias en nuestras comunidades está, sobre todo, en manos de las mujeres indígenas; nos preocupamos por ellos, conservando y transmitiendo nuestros conocimientos y prácticas ancestrales «. Durante la pandemia, las mujeres también están más expuestas a la violencia porque no pueden escapar de sus agresores y porque se sabe que en contextos de emergencia aumenta el riesgo de agresiones.
Los adultos mayores representan la autoridad de gobierno; son los custodios y transmisores de conocimientos ancestrales sobre cuestiones vitales como el idioma y la cultura, la medicina tradicional o la protección forestal. El hecho de que las tasas de mortalidad de COVID-19 sean desproporcionadamente más altas entre la población mayor de 65 años es devastador, ya que la pérdida de sus ancianos tiene consecuencias irreparables para los pueblos indígenas. La pandemia está tomando líderes icónicos que lideraron luchas históricas, como Santiago Manuin en Perú.
Las personas indígenas que viven en las afueras de las ciudades, que representan aproximadamente la mitad de la población indígena total en América Latina, no tienen acceso seguro al agua y al saneamiento, y mucho menos a la atención médica. La gran mayoría sobrevive trabajando en trabajos informales, que actualmente no pueden hacer.
Las mujeres indígenas están representadas desproporcionadamente en la economía informal. En Bolivia, Guatemala y Perú, por ejemplo, el 83% de las mujeres están empleadas en el sector informal y carecen de protección social. En última instancia, el hambre y el desempleo están empujando a cientos de miles de personas a un éxodo masivo de regreso a sus lugares de origen, eludiendo las restricciones a la movilidad.
Traducción no oficial
