(Ciudad de México, 03/05/2023) Ante las acciones de los gobiernos de Chile y Perú para militarizar sus fronteras, y el estado de emergencia declarado por el gobierno de la presidenta Boluarte en Perú ante la llegada de migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela y Haití, Amnistía Internacional recordó ambos gobiernos que esta es una crisis de personas en necesidad de protección internacional, personas que requieren de un plan integral de atención que coloque a los derechos humanos en el centro de las respuestas de ambos gobiernos.

“Al militarizar sus fronteras y cerrar la puerta a miles de personas que huyen de violaciones masivas de derechos humanos en sus países de origen, incluidos niños, las administraciones de Boric y Boluarte están exacerbando innecesariamente la situación y creando una crisis humanitaria con un mayor riesgo para la vida y la seguridad de estas personas”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde principios de febrero de 2023, el gobierno chileno ha desplegado tropas a lo largo de sus fronteras con Bolivia y Perú para evitar la llegada de indocumentados, en su mayoría venezolanos, al país. El cierre de la frontera ha provocado altas tensiones en las últimas semanas. El miércoles 26 de abril, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en siete departamentos fronterizos y ordenó el despliegue de sus fuerzas armadas. Estas medidas se han adoptado en un contexto de creciente estigmatización y xenofobia, y debates legislativos que buscan criminalizar la migración irregular, señaló AI.

Se estima que al menos 300 personas, entre familias con niños y adolescentes, mujeres embarazadas y enfermos crónicos, se encuentran varadas en la frontera entre Perú y Chile en una situación humanitaria crítica sin alimentos, agua, refugio ni atención médica en un desierto conocido por sus condiciones extremas. La mayoría de estas personas son de Venezuela pero también se ha reportado la presencia de haitianos y de otras nacionalidades.

Amnistía Internacional siente profunda preocupación por la absoluta incertidumbre en la que se encuentran estas personas como resultado de las políticas crueles y deshumanizantes implementadas en violación de las normas y leyes internacionales en Perú y Chile para la protección de las personas en necesidad de protección internacional.

La organización recuerdó que los venezolanos están saliendo de su país como consecuencia de violaciones masivas de derechos humanos, reiteradamente documentadas por mecanismos internacionales, por lo que los gobiernos de Chile y Perú están obligados a brindar protección y garantizar el derecho a solicitar asilo, de conformidad con tratados internacionales ratificados por ambos países y transpuestos a su legislación.

Amnistía Internacional ha señalado además que los haitianos no pueden ser devueltos a su país debido a la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que allí se vive, que incluye violencia generalizada, inestabilidad política, inseguridad alimentaria y un sistema de salud al borde del colapso. El derecho internacional prohíbe que un país niegue la entrada a personas que necesitan protección internacional o las devuelva por la fuerza a su país de origen.

“Cuando los Estados recurren a medidas unilaterales contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, desencadenan un efecto dominó. En lugar de aplicar medidas que castiguen a quienes buscan protección internacional y mejores condiciones de vida, Chile y Perú deberían estar cooperando para dar una respuesta humanitaria y de derechos a quienes llegan y las comunidades que los reciben. Militarizar las fronteras pone en peligro no solo a los refugiados y migrantes, sino también a las personas que viven en esas áreas”, dijo Erika Guevara-Rosas.

Amnistía destacó que para enfrentar la crisis, es fundamental que las autoridades chilenas y peruanas reactiven y adapten de inmediato sus sistemas para procesar las solicitudes de asilo. Según información recibida, no se han procesado solicitudes en Perú desde 2020. Amnistía Internacional documentó recientemente que las autoridades chilenas estaban implementando prácticas y políticas que están impidiendo que personas con necesidad de protección internacional accedan a refugio en Chile, en violación de sus derechos humanos. derechos.

Según la plataforma R4V, más de 7,23 millones de venezolanos han tenido que salir de su país en los últimos años, huyendo de crímenes de lesa humanidad, violaciones masivas de derechos humanos y una crisis humanitaria compleja. Aproximadamente 1,5 millones de ellos están en Perú y 444.000 en Chile.

Traducción no oficial

Fuente oficial: Amnistía Internacional