(Washington, 09/01/2019) Human Right Watch (HRW) ha elaborado un nuevo informe sobre los derecho humanos en Venezuela, títulado «Venezuela: Tortura de acusados de conspiración».
HRW junto a la organización venezolana Foro Penal, denuncian las prácticas sistemáticas de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad venezolanas de detener y torturar a militares acusados de conspirar contra el gobierno. Además, las autoridades también han detenido y torturado a familiares de algunos presuntos implicados para intentar averiguar dónde se encontraban.
A su vez, algunos detenidos sufrieron abusos aberrantes que constituyen tortura para obligarlos a aportar información sobre supuestas conspiraciones. En la mayoría de los casos, las detenciones las realizaron miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Ambas organizaciones analizaron información sobre 32 personas afectadas en estos casos. Las víctimas incluyen militares de diferentes rangos acusados de conspirar contra el gobierno y civiles acusados de colaborar con Oscar Pérez, un policía insubordinado que habría sido ejecutado extrajudicialmente luego de oponerse al gobierno venezolano.
En algunos casos, familiares, incluyendo el hijo, la madre, el padre, o la pareja de presuntos implicados fueron detenidos extorsivamente para dar con el paradero de los supuestos conspiradores. En ciertos casos, sufrieron graves abusos.
Los agentes de inteligencia sometieron a varios de los detenidos a abusos físicos y psicológicos. Los abusos sufridos incluyen golpizas brutales, intentos de asfixia con bolsas de plástico, cortaduras con hojillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, privación de comida y acceso al baño, y amenazas de muerte. Varios detenidos no tuvieron acceso a sus familiares o abogados de confianza por días. Durante su detención, que tuvo lugar en prisiones o en sedes de la DGCIM, los detenidos no han tenido acceso a tratamiento médico adecuado para diversos problemas de salud.
A los presuntos involucrados se los acusa con múltiples cargos, incluyendo “traición” e “instigación a la rebelión”. Varios abogados que representan a los acusados y que tuvieron acceso a expedientes judiciales y estuvieron presentes en audiencias en estos casos, incluidos procesos contra civiles en tribunales militares, indicaron que las acusaciones eran fabricadas y que no había pruebas concretas contra los acusados. Human Rights Watch solicitó información al gobierno venezolano sobre cuáles eran las supuestas acciones en las cuales se basaban los cargos y qué pruebas tenía contra los presuntos implicados en estos casos, pero no recibió respuesta.
El trabajo de Human Rights Watch y del Foro Penal muestra que los casos analizados aquí siguen el mismo patrón de torturas y abusos contra detenidos cometidos por policías venezolanos, agentes de inteligencia y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que las organizaciones han documentado desde 2014, lo que demuestra que no se trata de casos aislados, como fue documentado en informes de 2014 y 2017 de HRW.
Desde 2014, Human Rights Watch ha documentado más de 380 casos de trato cruel, inhumano o degradante contra opositores del gobierno o personas que las autoridades perciben como tales, incluidos al menos 31 casos de tortura en Venezuela. El Foro Penal indicó que al menos el 15 % de los detenidos por motivos políticos les informaron que habían sufrido torturas o maltratos. Estos casos no reflejan la verdadera magnitud del problema, debido a que muchas veces las víctimas no denuncian los abusos por temor a sufrir represalias.
Más de 12.800 personas han sido detenidas desde 2014 en el marco de las manifestaciones contra el gobierno, según datos del Foro Penal. Esto incluye a manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin la correspondiente orden judicial. Más de 7.500 han sido excarcelados bajo medidas de libertad restringida y todavía enfrentan causas penales. Desde 2017, la justicia militar ha procesado a más de 800 civiles, violando estándares internacionales de derechos humanos.
Entre los casos documentados se encuentran:
- Dr. José Alberto Marulanda
- Juan Antonio Gómez (pseudónimo)
- Ariana Granadillo Roca, estudiante de medicina
- Carlos Alberto Mora Álvarez
- Luis Hernando Lugo Calderón y Carlos José Esqueda Martínez
- Lorenzo Pérez y su esposa y Lidia González (pseudónimos)
- Henry José Medina Gutiérrez, gbert José Marín Chaparro y Tamara González (pseudónimo)
Para leer el comunicado oficial ingresa aquí
