CIVICUS solicitó a las fuerzas armadas venezolanas que garanticen la seguridad de los ciudadanos que exigen sus derechos en las calles

(Sudáfrica, 11/02/2019) Civicus, la alianza global de la sociedad civil, constituye una red influyente de organizaciones a nivel local, nacional, regional e internacional, y abarca el espectro de la sociedad civil, ha emitido un nuevo comunicado sobre el uso excesivo de la fuerza en torno a la protestas en Venezuela.

Civicus en un comunicado condena el uso excesivo de la fuerza y la represión por las fuerzas de seguridad venezolanas contra las protestas pacíficas en Venezuela que han dejado un saldo de alrededor de 40 personas muertas y más de 800 detenidos.

La alianza de organizaciones de la sociedad civil recuerda que de acuerdo a los reportes de las redes de organizaciones venezolanas, desde que Maduro asumió sus funciones presidenciales en 2013 el número de muertes producto de uso excesivo de la fuerza para disolver las protestas ascendió a 250. Las protestas contra los crecientes desafíos económicos, la grave escasez de alimentos, medicamentos y necesidades básicas, así como los niveles extremadamente altos de inflación, han sido reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad. Los grupos de la sociedad civil informan que más de 13,000 personas han sido arrestadas en los últimos cinco años, como parte de las tácticas estándar del gobierno para responder a las protestas pacíficas.

Además, el comunicado destaca los llamados por parte de expertos de Naciones Unidas al cese a la represión, como es el caso del Relator para la libertad de asociación, Clement N. Voule, quién instó al Estado venezolano a «Abstenerse de utilizar una fuerza excesiva, desproporcionada e indiscriminada hacia los manifestantes». Al igual que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de NU, Michele Bachelet quién solicitó una investigación independiente sobre los alegatos de uso excesivo de la fuerza contra los protestantes.

Natalia Goméz, responsable de incidencia afirmó «el gobierno debe garantizar la seguridad y protección de las personas que participan en las manifestaciones, en todo momento».

Informes de organizaciones locales, como Espacio Público, reportaron que periodistas que cubrían las protestas han sido atacados y detenidos. Se denunciaron 15 casos de violaciones a la libertad de expresión el 23 de enero. La restricciones a la libertad de expresión se ha visto cada vez más limitada han incrementado en los años recientes. Civicus subraya que «desde la elección presidencial esta situación se ha vuelto cada vez más crítica».

Civicus alerta tener conocimiento sobre una propuesta de ley para regular el ciber espacio, lo cual establecería mecanismos de control sobre el acceso al internet.

«Lo que vemos hoy es el resultado acumulado de muchos años de deterioro, de socavar la democracia y de la criminalización del ejercicio de los derechos». «Las OSC se han visto profundamente afectadas, no solo por la aplicación de leyes restrictivas que limitan su funcionamiento, sino también por la creación de un entorno de alto riesgo, en el que las amenazas y los ataques contra los defensores de los derechos humanos y las OSC se han convertido en un problema cotidiano», dijo Beatríz Borges, del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ).

CIVICUS ha instado a las autoridades venezolanas a respetar el derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente y liberar a todos los detenidos. CIVICUS también solicitó a las fuerzas armadas que garanticen la seguridad de los ciudadanos que exigen sus derechos en las calles.

Traducción no oficial

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