(Ginebra, 30/04/2024) Expertas del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas expresaron su preocupación por el aumento de desapariciones forzadas durante el contexto pre electoral en Venezuela.
Desde diciembre de 2023 se ha registrado un alarmante aumento en las desapariciones forzadas que afectarían a ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público, han advertido hoy expertas de la ONU.
En su mayoría, las personas desaparecidas forzadamente son integrantes del principal partido político de la oposición y militares, señalan.
«Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente», advirtieron las expertas.
«Estas detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Las mismas parecen seguir un patrón según el cual las personas son privadas de libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia letrada», afirmó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
“Privar a una persona de su libertad, seguido de la negativa a reconocer su detención, u ocultar su suerte o paradero, la sitúa fuera de la protección de la ley. Esto constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultación”, afirmó el Grupo de Trabajo.
«Es crucial que se garantice sin demora información precisa sobre las personas privadas de libertad a cualquier persona que tenga un interés legítimo, como sus familiares y representantes legales de su elección», señalaron las expertas.
“El delito de desaparición forzada conlleva la violación de múltiples derechos humanos”, señalaron. Entre ellos, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad, y el derecho a no ser sometido a actos de tortura.
«También se violan los derechos fundamentales de los familiares de la persona desaparecida», afirmaron. «En estas situaciones, a menudo son las familias de las personas desaparecidas quienes llevan la carga de buscar a sus seres queridos en centros de detención, donde no sólo se les niega sistemáticamente información sobre su suerte o paradero, sino también se les expone al riesgo de represalias», dijeron las expertas. «El Estado tiene la obligación de buscar y develar la verdad sobre las personas desaparecidas. La impunidad de estos crímenes socava la confianza en el Estado de Derecho y en las instituciones, y perpetúa un clima de miedo e inseguridad en la sociedad.»
«Instamos al Gobierno de Venezuela a prevenir, erradicar y enjuiciar todo acto de desaparición forzada; a que proporcione información sobre la suerte y el paradero de las personas actualmente detenidas en régimen de incomunicación por el Estado, y a que les ofrezca todas las garantías legales, incluido el derecho a comunicarse con sus familiares y a recibir visitas de éstos, el acceso a asistencia letrada de su elección y el derecho a comparecer ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención», finalizaron las expertas.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias está en contacto con las autoridades en este respecto y ha expresado al Gobierno su disponibilidad para proporcionar cooperación y asistencia técnica, con vistas a garantizar que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares, y que cualquier caso de desaparición forzada se investigue de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos.
*Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas: Aua Baldé (Presidenta), Gabriella Citroni (Vicepresidenta), Angkhana Neelapaijit, Grażyna Baranowska y Ana Lorena Delgadillo Pérez
Fuente: OACNUDH
