(Ciudad de México, 04/09/2020) Amnistía Internacional ha documentado y denunciado la existencia de una política de represión instaurada por el gobierno de Nicolás Maduro con el fin de silenciar la disidencia y controlar a la población en Venezuela.

El uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales por parte de distintos cuerpos policiales, las detenciones arbitrarias, y el uso de la tortura en el marco de estas detenciones conforman esta política de represión. En los últimos años han salido a la luz distintos casos que reflejan tratos crueles, inhumanos y degradantes por las condiciones de reclusión, hasta extremos de tortura y de denuncias de confesiones obtenidas bajo este método.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante, la Alta Comisionada) dijo en su informe de julio de 2020 que “[los actos de tortura] tienen por objeto intimidar y castigar a las personas detenidas, y arrancar confesiones o incriminar a terceros mediante vídeos o declaraciones escritas.” Asimismo, denunció el riesgo de ser torturadas que corren las personas que son detenidas bajo regímenes de incomunicación y aislamiento.

También, en el informe específico sobre la situación del sistema de justicia en Venezuela, la Alta Comisionada manifestó que contaban con información sobre que “las personas privadas de libertad por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fueron sometidas a sesiones que involucraban una o varias formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su interrogatorio, que podrían llegar a constituir tortura. En los  casos documentados se hacía referencia a fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos,
inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales. Las personas detenidas también estuvieron expuestas a bajas temperaturas y/o luz eléctrica constante, esposadas y/o con los ojos vendados durante largos períodos y sometidas a amenazas de muerte contra ellas y sus familiares.”

Amnistía Internacional ha identificado y documentado casos de tortura en Venezuela, que se enmarcan en el patrón descrito y denunciado por la Alta Comisionada. En particular, la organización ha tenido acceso a un extracto del
expediente de investigación penal en contra de dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscritos a la DGCIM que supuestamente habrían tenido participación en la muerte de Rafael Acosta Arévalo, capitán retirado de la Marina venezolana.

Dicha investigación penal se abrió horas después del fallecimiento de Acosta Arévalo y, sin embargo, tras un análisis minucioso de un extracto del expediente penal, Amnistía Internacional considera que existen elementos que parecen
demostrar que la investigación no se realizó de manera independiente e imparcial.

Su muerte bajo custodia de las autoridades fue investigada y un tribunal ordinario condenó a dos funcionarios de la DGCIM por homicidio preterintencional, pero no investigó la posible tortura. La organización planteará a continuación las dudas que se derivan de un análisis de un extracto del expediente de investigación penal y que llevan a la conclusión de que la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo están aún impunes.

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