(Johannesburgo , 06/12/2023) CIVICUS denuncia en su informe anual, que, actualmente casi un tercio de la población mundial vive en países con espacios cívicos cerrados. Este es el porcentaje más alto desde 2018, cuando CIVICUS comenzó a investigar sistemáticamente las condiciones del espacio cívico en todo el mundo. Así, el porcentaje de la población que vivía en países cerrados aumentó del 26% en 2018 a 30,6% en 2023. Estos datos señalan una crisis en el espacio cívico, subrayando la imperante necesidad de unir esfuerzos inmediatos a nivel global para revertirla.
Este año también registramos el porcentaje más bajo de personas viviendo en países abiertos, donde el espacio cívico no sólo es libre, sino que también está protegido. Hoy en día, sólo el 2% de la población mundial disfruta de la libertad de asociarse, manifestarse y expresar su desacuerdo sin restricciones significativas, frente a casi el 4% hace apenas cinco años.
Desde la edición anterior de este informe, que cubría 2022, las calificaciones del espacio cívico han cambiado en 12 países durante el último año, empeorando en siete países y mejorando en cinco.
La última actualización de las calificaciones de los países del CIVICUS Monitor, en diciembre de 2023, indica que la sociedad civil se enfrenta a un entorno cada vez más hostil. Ahora mismo hay 28 países o territorios con un espacio cívico cerrado, 50 con un espacio cívico represivo y 40 con un espacio cívico obstruido, lo que significa que 118 de 198 países y territorios están experimentando graves restricciones a las libertades fundamentales. En comparación, 43 países tienen un espacio cívico estrecho y sólo 37 tienen una calificación abierta.
La gravedad del deterioro del espacio cívico queda ejemplificada por el número de países que ha pasado a la categoría represivo o cerrado. De los siete países degradados, cinco pasaron a las dos peores categorías. Bangladesh y Venezuela ahora están clasificados como cerrados, mientras que Kirguistán, Senegal y Sri Lanka han bajado a calidad de represivos, a medida que las condiciones de la sociedad civil continúan empeorando.
Europa continúa sumando a la lista de países degradados: Bosnia y Herzegovina ahora se ubica en la categoría de obstruido y Alemania pasa de abierta a estrecha. En los últimos seis años, 12 países europeos han visto reducidas sus calificaciones debido al deterioro de las condiciones del espacio cívico. Cinco países han mejorado sus calificaciones en 2023, aunque, como en años anteriores, la situación para la sociedad civil en esos países sigue siendo desafiante. Libia pasó de la categoría cerrada a la de represivo. Benín, Lesoto y Madagascar pasaron de represivos a obstruidos. En particular, Timor Leste se unió a la categoría de estrecha. Las secciones regionales describen las condiciones que llevaron a todos los cambios en la calificación.
Tácticas de represión
De las tres libertades que vigilamos en el CIVICUS Monitor, la libertad de expresión es el objetivo más común de agentes estatales y no estatales, y representa aproximadamente la mitad del total de violaciones que registramos. La intimidación fue la violación más destacada durante el período que abarca el informe, con casi el 65% de los incidentes dirigidos contra periodistas y medios de comunicación. Otras violaciones a la libertad de expresión registradas son la censura y la detención de periodistas.
Los Estados también violan frecuentemente el derecho a la libertad de reunión pacífica mediante la detención de manifestantes y el uso excesivo de la fuerza. Otras violaciones comúnmente denunciadas en el CIVICUS Monitor son incidentes de acoso contra personas defensoras de derechos humanos (PDDH) y periodistas, junto con la detención y el procesamiento de activistas de la sociedad civil.
Venezuela
Aunque Venezuela fue calificada en la categoría ‘represivo’ en los últimos años, el impacto acumulativo de las medidas represivas sistemáticas contra las PDDH y las voces disidentes finalmente llevaron a la caída del país a la categoría de ‘cerrada’. En la práctica, estas medidas han suspendido libertades cívicas fundamentales, dejando a la sociedad civil en un precario estado de vulnerabilidad.
Hay varios mecanismos de censura que forman parte de una estrategia para perseguir a activistas y limitar las críticas al gobierno. Por ejemplo, en mayo de 2023, un programa de opinión de radio decidió cancelar su transmisión debido a las presiones recibidas, tras informar sobre un escándalo que involucraba al gerente de la petrolera estatal venezolana PDVSA Gas Comunal en Barinas.
La incertidumbre regulatoria sobre los medios en Venezuela es un mecanismo de control que, en 2022, llevó al cierre de 81 estaciones de radio y al menos cinco durante la primera parte de 2023. Esta cifra convierte a 2022 en el período con mayor número de estaciones cerradas en las últimas dos décadas. Además, en los últimos nueve años, más de 60 periódicos venezolanos dejaron de circular indefinidamente debido al control gubernamental, la falta de fondos o la imposibilidad de comprar suficiente papel para imprimir sus ediciones. Las cadenas de televisión se han visto obligadas a autocensurarse o a cerrar, y 10 cadenas extranjeras han sido expulsadas del país.
La libertad de asociación también está en riesgo en Venezuela. En enero de 2023, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura un proyecto de ‘Ley de ONG’, que podría utilizarse para controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar a las OSC que trabajan en el país. Se ha utilizado legislación similar en otros países, como Nicaragua, para cerrar cientos de OSC y arrestar a líderes de la oposición, periodistas y PDDH.
La situación legal de las OSC en Venezuela ya es frágil. Bajo el marco legal actual, algunos informes estiman que el 28,3% de las OSC que operan en Venezuela no han podido obtener calidad de persona jurídica. Mientras tanto, casi el 55% de las organizaciones registradas han informado que enfrentan obstáculos al cambiar sus juntas directivas o someterse a cambios administrativos similares. En un hecho más reciente, el 4 de agosto de 2023, la Corte Suprema de Justicia ordenó la intervención
del Comité Nacional de la Cruz Roja Venezolana. Como medida de precaución, creó una junta de reestructuración ad hoc con autoridad para gestionar los activos de la organización y convocar elecciones internas.
Fuente: CIVICUS
