(Ciudad de México, 30/08/2019) Un estudio comparó y evaluó el uso y abuso de la fuerza letal en 5 países de América Latina: Colombia, México, Brasil, El Salvador y Venezuela. El abuso de la fuerza letal por agentes de la seguridad pública del Estado –policías y militares– constituye un problema compartido en muchos países de América Latina.

Frecuentemente, el uso de la fuerza letal es presentado como un costo inevitable de la seguridad. Sin embargo, a pesar del importante número de personas muertas a manos del Estado, la gran mayoría de casos de uso de la fuerza letal no son investigados al presumir que se dieron en un contexto que los hace legítimos. Como consecuencia, no existe rendición de cuentas, asunción de responsabilidades ni tampoco incentivos para contener el uso excesivo de ila fuerza letal. En diversos países, los informes de derechos humanos señalan la existencia de abusos de la fuerza letal o ejecuciones  extrajudiciales por parte de policías y militares.

De acuerdo con la normativa internacional (el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, los Principios de Naciones Unidas Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias y el Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias –Protocolo de Minnesota–), el uso de la fuerza letal debe tener carácter excepcional. Además, tal uso debe desarrollarse siempre con el debido respeto de los derechos humanos y de los principios de legalidad, necesidad, moderación y proporcionalidad.

El uso abusivo de la fuerza letal tiene varios efectos negativos, además de las víctimas que genera. Por una parte, erosiona la imagen de las instituciones de seguridad –y del Estado, en general– y puede propiciar el incremento de la violencia. Para los propios policías y militares, el abuso de la fuerza letal puede incrementar los riesgos de su profesión al incentivar dinámicas de mayor violencia contra sus integrantes.

El informe muestra los resultados de una investigación sobre uso y abuso de la fuerza letal en cinco países de América Latina: Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela.

Venezuela

1. Número absoluto de civiles muertos por agentes de seguridad pública en servicio
(por disparo de arma de fuego)

En 2017 se informó oficialmente de 4.998 personas fallecidas por “resistencia a la autoridad”.

2. Número de civiles muertos por agentes de seguridad pública en servicio por cada 100.000 habitantes (tasa)

Según datos oficiales (MIJ-INE), la tasa sería de unos 15.9 civiles muertos por agentes de seguridad pública por cada 100.000 habitantes.

3. Número de civiles muertos por agentes de seguridad pública en servicio por cada 1000 agentes de seguridad pública (tasa)

Como sucede en distintas áreas de la política pública en Venezuela, el acceso a la información sobre la cantidad de agentes de seguridad del Estado es difícil. Sólo se cuenta con números aproximados de inicios del año 2017 que indicaban, desde su vocería oficial, que para febrero existían 175.000 funcionarios policiales en el país,  cifra que ha aumentado en los últimos años como consecuencia de las juramentaciones de nuevos funcionarios. Si se parte de la cifra de 175.000 funcionarios y de las 4,998 “muertes por resistencia a la autoridad”, ambas del año 2017, la tasa aproximada de civiles muertos por cada 1000 agentes de seguridad del Estado en servicio sería de 28.56.

Es de advertir que esta cifra probablemente subestima la cantidad real de policías. Como ya se mencionó, durante los últimos años el gobierno nacional ha realizado diversas graduaciones de miles de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado (PNB, GNB, CICPC, SEBIN); incluso creó nuevas divisiones como la FAES en julio de 2017. En consecuencia, el número preciso de nuevos funcionarios se desconoce oficialmente y está probablemente subestimado para este año 2017

4. Número de civiles muertos por agentes de seguridad pública en servicio por cada 1000 personas detenidas (tasa)

No se cuenta con información desagregada que totalice a las personas detenidas en el país por año. Sólo se tienen estimaciones de la población penitenciaria llevadas a cabo por ONG especializadas en estos temas en las que no se consideran los constantes egresos e ingresos ni la rotación de los detenidos, así como tampoco los enormes subregistros de detenciones arbitrarias e ilegales que son de corta duración.

5. Número de civiles muertos por agentes de seguridad pública en servicio por cada 1000 armas incautadas (tasa)

No existe información oficial sobre armas incautadas discriminadas por año. Existe más información propagandística sobre la destrucción de armas que sobre sus orígenes.

6. Número absoluto de agentes de seguridad pública muertos por homicidio en servicio (por disparo de arma de fuego)

En el seguimiento de noticias a través del que se contabilizaron 1,497 civiles fallecidos por intervención de funcionarios en la prestación del servicio, se registraron 16 agentes de seguridad pública víctimas de homicidio durante estas situaciones.

En un seguimiento aparte llevado con la misma metodología, pero concentrado sólo en funcionarios víctimas de homicidio por armas de fuego durante 2017, se contabilizaron 57 funcionarios fallecidos de manera violenta mientras se encontraban en actos de servicio. La escogencia de una u otra cifra dependerá de lo que se quiera analizar.

7. Número de agentes de seguridad pública muertos por homicidio en servicio por cada 1000 agentes de seguridad pública (tasa):

Si partimos de la cifra conservadora de 175 mil funcionarios del año 2017 explicada en la sección del indicador I-3, y la cifra escogida de la sección anterior (I-6), la tasa sería de 0.32 por cada 1000 funcionarios.

8. Proporción de homicidios dolosos totales que corresponden a homicidios dolosos por arma de fuego provocados por intervenciones de agentes de seguridad pública en servicio

En este caso se cuenta con las informaciones oficiales ya referidas: 19.387 homicidios, de los cuales 4.998 fueron ocasionados por la fuerza pública, es decir, un 25.8% de los homicidios ocurridos en el país se deben a la intervención estatal. De cada cuatro homicidios, uno es producto de la acción de los agentes de seguridad. En estos datos no se especifica si todas estas muertes son consecuencia del uso de armas de fuego. No obstante, si se siguen las tendencias de los datos históricos recientes, puede inferirse que se trata aproximadamente del 90% de los homicidios ocurridos en el país.

9. Razón entre civiles muertos por arma de fuego por agentes de seguridad pública en servicio y agentes de seguridad pública muertos por arma de fuego durante el servicio

Si se toma como referencia la cifra de 57 funcionarios fallecidos en actos de servicio ocurridas durante ese mismo año, con independencia de las circunstancias específicas que generen o no muertes de civiles y el número de 1,497 civiles fallecidos, también según los datos de prensa, tendríamos que por cada funcionario fallecido morirían 26 civiles.

10. Razón entre el número de civiles muertos por agentes de seguridad pública por arma de fuego durante el servicio y el número de civiles heridos por agentes de seguridad pública por arma de fuego durante el servicio (índice de letalidad)

En los casos analizados con el seguimiento de prensa se contabilizaron 1.497 civiles fallecidos por agentes de seguridad pública por arma de fuego durante el servicio y 92 civiles heridos en las mismas circunstancias. Esto da una razón entre ambas cifras de 16.3. Es decir, que por cada civil herido fallecen 16.

Análisis

El perfil de los civiles fallecidos es el de hombres jóvenes de una edad promedio de 25 años. En la medida en que aumenta la edad disminuye el riesgo de victimización. El perfil de los funcionarios víctimas de homicidio es de una edad en promedio 7 años mayor, su juventud se asocia con los cargos que ejercían dentro de la institución, pertenecientes al nivel operacional (78%), el más bajo de los tres niveles jerárquicos. Paradójicamente, uno de los cuerpos policiales que más víctimas de homicidio genera, el CICPC, no se encuentra entre los organismos que tiene la mayor cantidad de funcionarios muertos en actos de servicio. Por otra parte, se constató que el 65% de los funcionarios víctimas de homicidio no se encontraban prestando el servicio.

Según cifras oficiales en 2017, la cantidad de civiles fallecidos por intervención de la fuerza pública alcanzó el 26% de los homicidios en el país (esto significa que en uno de cada cuatro homicidios ocurridos en el país están involucrados funcionarios del Estado). Este porcentaje viene en aumento durante los últimos años. En 2010, era apenas de 4%.

En el marco de los 979 casos analizados que arrojaron un total de 1,497 víctimas fatales, sólo se registraron 318 personas detenidas y 659 armas de fuego incautadas, lo que refleja una clara desproporción respecto a la cantidad de civiles fallecidos en estos procedimientos. Por cada persona detenida fallecen 5 civiles, probablemente el 56% de los fallecidos se encontraba desarmado. En contraste, por cada funcionario herido fallecen 3.

En cuanto al indicador sobre el número de víctimas por incidente para evaluar la presencia de masacres u homicidios múltiples por evento, el promedio de víctimas por intervención fue de 1.53 víctimas por caso, una cifra muy cercana a la observada en registros oficiales en periodos anteriores (1.3). No obstante, no hay que perder de vista que el año 2016 se caracterizó por la ocurrencia de

3 masacres que conmovieron al país: la de Tumeremo –oficialmente se admiten 17 víctimas (se denuncian 28)–, la de Barlovento –13 víctimas– y la de Cariaco –9 víctimas–. Al margen de estos eventos puntuales con grandes cantidades de víctimas, puede afirmarse que en el país lo que existe es una masacre por goteo61 que se presenta diariamente en el país. Según cifras oficiales, durante 2017 fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado catorce personas diarias; de éstos, sólo cuatro casos llegaron a ser conocidos por los medios de comunicación.

Conclusiones y recomendaciones para controlar o reducir la letalidad policial

Las víctimas de la violencia en Venezuela, a semejanza del resto de la región, son jóvenes de los sectores populares; ellos son víctimas y victimarios. La violencia institucional reproduce estas lógicas de manera más dramática. En los datos analizados se pudo apreciar la desproporción en el uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. En estos casos, los enfrentamientos son eventos excepcionales. Las muertes en manos de las fuerzas de seguridad cada vez ocupan un porcentaje mayor en los homicidios del país. Las cifras del año en estudio nos indican que uno de cada cuatro homicidios ocurridos en Venezuela es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Diariamente 14 personas fallecen por estas razones. Al analizar la relación entre muertos y heridos civiles con los ataques mortales que sufren los funcionarios, se constata una gran asimetría entre ambos: por cada funcionario fallecido pueden morir 26 civiles; por cada civil herido fallecen 16 civiles; en contraste, por cada funcionario herido, fallecen tres funcionarios. Ante esta realidad que se ha descrito, en procura de salvar vidas, a continuación se proponen unas líneas de acción iniciales para contener racional e institucionalmente esta fuerza letal del Estado que parece operar de manera cada vez más ilimitada:

1.  Las máximas autoridades políticas e institucionales del país deben condenar oficialmente el uso arbitrario y excesivo de la fuerza, en especial, los casos de ejecuciones extrajudiciales. En esta condena se debe hacer énfasis en las responsabilidades de la cadena de mando, así como prohibir la eventual existencia de grupos armados que actúen al margen de la estructura formal del Estado que puedan incurrir en este tipo de actos.
2. Debe contarse con información de calidad y diagnósticos concretos para la toma de decisiones e intervenciones acertadas sobre estos casos.
3. Exigir el cese de operativos policiales militarizados genéricos y de redadas de esta naturaleza.
4. Exigir la investigación y sanción de los responsables de las muertes generadas en estos contextos.
5. Suspender a cualquier funcionario sospechoso de participar en violaciones de derechos humanos hasta que se lleve a cabo una investigación imparcial eindependiente.
6. Garantizar que las instituciones responsables de la seguridad ciudadana, el Ministerio Público y la administración de justicia no empleen a ningún funcionario público que haya sido declarado directa o indirectamente como responsable de violaciones de derechos humanos. Debe garantizarse que cada funcionario objeto de tales señalamientos sea debidamente investigado, procesado y juzgado.
7. Garantizar la cooperación plena de la policía y las instituciones militares en las investigaciones, así como en la detención de los funcionarios contra los que se hayan dictado órdenes de aprehensión.
8. Proteger efectivamente a las víctimas, familiares y testigos, del uso de la fuerza letal por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, en especial las que han sido objeto de amenazas. Garantizar un sistema de indemnización y compensación de familiares y víctimas.
9. Aplicar los Principios de Naciones Unidas Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias y el Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias (–Protocolo de Minnesota–), así como sus respectivas actualizaciones, para todos los casos de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
10. Prohibir e impedir en la práctica las detenciones arbitrarias e ilegales, especialmente las desapariciones forzadas, en las que los familiares desconocen la información sobre la aprehensión y el lugar de reclusión del detenido.
11. Establecer claros controles (internos y externos) y fiscalización sobre las instituciones policiales y militares, especialmente respecto al uso de armas y municiones. El Estado debe tener control real y efectivo sobre estas instituciones. La discrecionalidad de estos funcionarios debe ser la mínima necesaria y estar enmarcada dentro de la ley.
12. Debe evitarse que policías y militares lleven el control político de la seguridad ciudadana. Se debe asegurar la rendición de cuentas de estas instituciones. El objetivo de éstas debe ser la reducción de la violencia, en especial de la que tiene resultados letales, no su incremento.
13. Desmilitarizar la seguridad ciudadana y asegurar el retiro de las fuerzas militares así como sus lógicas y tácticas en labores de seguridad ciudadana. Garantizar la supervisión y el mando civil en estas actividades. La colaboración de militares en estas labores, de acuerdo al marco legal vigente en Venezuela, debe ser sólo excepcional.
14. Revertir la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y volver a reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
15. Ante la conflictividad y la reducción de la violencia, el Estado debe intervenir de manera oportuna y permanente. La intervención policial en la conflictividad no es exclusiva, pero sí es importante. Se necesita una mejor y debida prestación del servicio policial, tal como se ha diseñado a partir del año 2006 desde la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) y plasmado en 2009 en la LOSPCPNB. Este modelo normativo debe trascender de la mera propaganda oficial para convertirse en una realidad institucional.
16. Es fundamental construir una mínima estabilidad, solidez y fortaleza institucional, revisar la estructura política del Estado, ejercer el poder limitado por la ley, con pesos y contrapesos, con un poder judicial y un Ministerio Público independientes, con un órgano de investigaciones adscrito a este último.

Conclusiones y comparaciones

La incidencia de muertes de civiles es extremadamente elevada en Venezuela, seguida por El Salvador. En Venezuela, el número absoluto de personas muertas por el Estado es incluso superior al de Brasil, a pesar de contar con una población –en términos absolutos– casi siete veces menor. La tasa de civiles muertos supera los 15 civiles muertos por cada 100,000 habitantes, un registro mayor que la tasa de homicidios en la gran mayoría de
los países del mundo. El Salvador, por su parte, presenta una tasa de más de seis civiles muertos por el Estado y Brasil de algo más de dos. Sólo Colombia registra valores inferiores a uno. El caso de México es difícil de evaluar, pues la fuente es la prensa y, como ya fue explicado, hay un claro riesgo de subestimación.

Los indicadores de abuso de la fuerza revelan un escenario preocupante en varios de los países estudiados. El caso extremo es Venezuela, donde más de un cuarto de los homicidios son debidos a la intervención de los agentes del Estado. El Salvador también supera el límite de 10% que está asociado al abuso de la fuerza. Brasil posee un indicador más moderado, pero aún elevado (7.3%). Sólo Colombia revela valores reducidos (1.5%).  En el caso mexicano, como se mencionó anteriormente, la fuente periodística no permite una comparación con el
resto de los países.

Informe completo aquí