(Ginebra, 11/06/2020) – La pandemia de COVID-19 ha ejercido una gran presión sobre los sistemas de salud pública en todo el mundo, y los Estados deben garantizar que se cumplan los más altos estándares de salud física y mental al responder a la crisis, dijo el Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental, Dainius Puras.
«El distanciamiento físico y otras medidas que se utilizan para reducir la propagación de COVID-19 son inadecuadas si se ignoran otros elementos cruciales como vivienda adecuada, agua potable y saneamiento, alimentos, seguridad social y protección contra la violencia», dijo Dainius Puras, El Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental.
«Las obligaciones vinculantes basadas en el marco del derecho a la salud obligan a los Estados a considerar la respuesta social más amplia en la lucha contra COVID-19», dijo Puras. «Observar la respuesta social más amplia no solo hará que las medidas COVID-19 sean más justas, sino que también serán más eficientes, efectivas y transparentes».
El marco del derecho a la salud obliga a los Estados a examinar la idoneidad de una serie de elementos, incluida la garantía de que los bienes, servicios e instalaciones de salud sean de buena calidad y sean accesibles de manera no discriminatoria.
«Otro aspecto fundamental del derecho a la salud es la participación de todas las comunidades afectadas, que apoya respuestas equitativas, facilita la acción dirigida por la comunidad y apunta a intervenciones que respetan los derechos«, dijo el Relator Especial.
Puras dijo que las medidas de bloqueo impuestas por los Estados también pueden exacerbar los riesgos para la salud pública. Estos incluyen mantener a los niños fuera de la escuela, evitar que las personas compren las necesidades básicas, cerrar los servicios de apoyo necesarios, aumentar la violencia de género y ampliar las inequidades en salud entre las poblaciones.
El experto también expresó su preocupación por la interrupción de los servicios de salud que no son COVID-19 durante la crisis, incluida la atención de salud sexual y reproductiva, antirretrovirales para personas que viven con el VIH, campañas de inmunización y atención y apoyo comunitarios, incluido el cuidado la salud mental.
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