(Washington D.C., 21/04/2021) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su nuevo informe anual, donde la Comisión presenta un balance de sus actividades, los logros, retos y preocupaciones en materia de derechos humanos en los países de la región. En esta oportunidad, Venezuela nuevamente se encuentra en el Capítulo IV, espacio que comparte junto a Cuba y Nicaragua y, donde se relata las situaciones con graves afectaciones de derechos humanos.
Institucionalidad y separación de los poderes públicos
Según la CIDH, en 2020 observó que persiste la grave afectación de los derechos humanos de las y los venezolanos. En particular, la que este año terminó el periodo de la Asamblea Nacional electa en 2015, «última institución del poder público nacional revestida de legitimidad democrática», destacó la Comisión.
A su vez, la CIDH reitera que en Venezuela existe un «claro quebrantamiento del principio de separación de poderes», lo cual según el órgano interamericano se evidencia en la ausencia de garantías mínimas para la celebración de elecciones parlamentarias, la falta de independencia judicial, y en la extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente. «La ausencia de un sistema operante de pesos y contrapesos se observa también en el hecho que el Poder Ejecutivo continúe ejerciendo poderes extraordinarios, y haya prorrogado el estado de excepción al menos 30 veces desde 2016, sin la aprobación de la Asamblea Nacional como exige la Constitución», se resalta en el informe.
La Comisión encuentra preocupante la persecución y ataques contra los y las diputadas opositores de la Asamblea Nacional. «La Comisión Interamericana observa que, si bien los hostigamientos contra parlamentarios no son un fenómeno nuevo en Venezuela, éstos se han intensificado luego de las elecciones de 2015, cuando la oposición al gobierno de Nicolás Maduro ganó una amplia mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional».
Además, la Comisión resaltó que la Asamblea Nacional, electa en 2015, vio su funcionamiento «gravemente lesionado» por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y las injerencias de otros poderes públicos. Destacando, particularmente hechos ocurridos en 2020, donde el Tribunal Supremo de Justicia continuó adoptando decisiones que desconocen mandatos constitucionales en cabeza del parlamento, desestiman los procesos democráticos internos de los partidos políticos y siembran desconfianza en las reglas del juego democrático.
La situación mencionada anteriormente llevó a la CIDH ha considera que la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela ha contribuido a que la crisis institucional no encuentre un freno. «En lugar de fungir como un garante de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de los otros poderes del Estado, el Poder Judicial ha creado nuevos obstáculos para superar la crisis que atraviesa el país», afirmó la Comisión. A lo que se suma la preocupación que en 2020, la CIDH observó que el Poder Judicial opera cada vez con más opacidad. «Esta circunstancia dificulta enormemente conocer, entre otras cosas, si las y los jueces son nombrados con apego a los procedimientos preestablecidos o cuál es el porcentaje de jueces provisorios del país», se indicó.
Sobre la Asamblea Nacional Constituyente, la Comisión destacó que durante el año 2020, no se registró ninguna discusión sobre un proyecto de texto constitucional. «En cambio, este órgano, convocado en 2017 mediante un decreto ejecutivo, ha fungido como un parlamento, arrogándose funciones que constitucionalmente corresponden a la Asamblea Nacional y a otros órganos como el Consejo Nacional Electoral. La Comisión Interamericana considera que la convocatoria y el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente han contribuido a la crisis institucional del país«, resaltó.
«A medida que avanza el deterioro en la institucionalidad democrática del país, continúa el menoscabo en el goce de los derechos humanos civiles y políticos, particularmente, en el ejercicio de la libertad de expresión y la participación en los asuntos públicos», asegura la Comisión en el informe. También señala que en 2020 persistieron las detenciones arbitrarias de personas que hacen público su disenso con el gobierno, las restricciones indebidas a la protesta y al acceso a la información pública, las campañas de estigmatización y hostigamiento en perjuicio de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como el uso del derecho penal y otros controles sancionatorios para castigar o inhabilitar el trabajo de opositores políticos.
DESCA y COVID-19
Asimismo, la Comisión afirmó haber observado con especial preocupación que continúa el deterioro en el goce y acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Describió como la escasez de alimentos y medicamentos, sumada a la interrupción constante de servicios de agua y energía, ha generado afectaciones graves a derechos como la salud, la alimentación y la educación. «A juicio de la CIDH, las afectaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ocurridas como consecuencia la crisis humanitaria en el país, son la principal causa del desplazamiento de cerca de 5 millones de personas en los últimos años», destacó.
En el año 2020, la Comisión Interamericana informó que también enfocó su observación en la respuesta de los Estados frente a la pandemia de la COVID-19-. En este contexto, identificó que el Estado de Venezuela tuvo serias deficiencias, y que, en ocasiones, en lugar de atender la crisis sanitaria como un asunto de salud pública, lo asumió como un tema de seguridad exterior. La militarización de fronteras, el cierre de pasos fronterizos, y la internación forzosa de personas provenientes del exterior, agravaron la situación de las personas retornantes, de por sí extremadamente vulnerable. La CIDH observó, igualmente, que el Estado no dispuso de mecanismos para corroborar la información relacionada con los casos de COVID-19 y las pruebas realizadas.
Efectos en los grupos vulnerables
La CIDH es advierte que, en un escenario de crisis como el que se registra en Venezuela, existen afectaciones particulares a grupos de personas en situación de vulnerabilidad, discriminación y exclusión histórica. Tal es el caso de las mujeres; los niños, niñas y adolescentes
(NNA); las personas privadas de libertad; las personas con discapacidad; las personas mayores; las personas LGBTI; los pueblos indígenas; las personas afrodescendientes; y personas en situación de movilidad humana.
