Comunicado: Continúan los avances en Venezuela para imponer una ley contra la sociedad civil y cerrar definitivamente el espacio cívico

(Caracas, 22/01/2024) Las organizaciones y personas abajo firmantes hacemos llegar, una vez más, a la comunidad nacional e internacional nuestra alarma y profundo rechazo a la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” que la Asamblea Nacional (AN) ha reactivado a través de un aparente proceso de consulta pública con el fin de llegar a su posible aprobación, a pesar de que durante el año 2023 el Estado recibió fundamentadas y numerosas objeciones de la comunidad internacional tanto de la Oficina del Alto Comisionado y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Misión Independiente de Determinación de los Hechos y de la sociedad civil nacional e internacional sobre la improcedencia de esta ley, por su carácter abiertamente violatorio del derecho a la libertad de asociación y otros derechos humanos, ya que ocasionaría el cierre definitivo y la militarización del espacio cívico y daños irreparables a los derechos de la población y al tejido de la sociedad venezolana

Con claros vicios de proceso, sin un texto publicado por parte de la AN ni por ningún ente público, del que se conoce solo una versión extra oficial, aun cuando el proyecto de ley fue aprobado en primera discusión hace un año, el 24 de enero del año 2023, y sin una convocatoria previa, amplia y plural por medios masivos u oficiales, el 12 de enero fue iniciada la llamada consulta en la sede de la AN en Caracas y televisada por el canal del parlamento, en la que fue pública y notoria la intención de hostigar, criminalizar e inhabilitar a la sociedad civil venezolana ya que se volvió a exponer una lista preexistente de 62 organizaciones acusadas de delitos sancionables con esta ley, y se llevó a cabo en presencia mayoritaria de cuerpos militares y de inteligencia policial.

En referencia al contenido del texto, reiteramos que esta ley:

– No es un instrumento de regulación, puesto que ya existe en Venezuela un sistema regulatorio legalmente establecido y favorable al ejercicio de la libertad de asociación, de acuerdo con la norma constitucional, tanto en materia de registro, rendición de cuentas y fiscalización. Un sistema que, desde 2010, el propio Estado restringió, introduciendo mecanismos discrecionales y arbitrarios que obstaculizaron los procedimientos y que, en 2019, fue suspendido parcialmente con el fin de centralizarlo y limitarlo más, ocasionando serias dificultades a las fundaciones y asociaciones civiles para cumplir los requisitos legales vigentes. Se prevé, entre otros registros, un empadronamiento militar en el Registro para la Defensa Integral que es administrado por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, tal como lo prevé el articulo 35 y ss. de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación.

– No está concebida para mejorar la prevención y sanción de posibles ilícitos o situaciones irregulares por parte de asociaciones civiles y fundaciones, puesto que, en sus propias declaraciones e intercambio de información con organismos internacionales, como el GAFIC en la Evaluación Mutua de Marzo 2023, el Estado ha afirmado que, en todo caso, estos supuestos hechos tienen una ocurrencia muy menor en el país y existen los procedimientos judiciales para investigarlos y aclararlos, de conformidad con el Estado de Derecho y debido proceso. En su exposición de motivos y articulado, la ley transforma el derecho asociativo en un asunto de “orden público” con el que se afianza la sospecha y presunción de delitos y la intervención injustificada de los cuerpos militares y de seguridad en la vigilancia y control de las asociaciones sin fines de lucro, profundizando la criminalización, penalización, ilegalización y confiscación de las libertades de reunión pacífica, expresión, información, participación, defensa de derechos, así como la denuncia, la crítica, el cuestionamiento o la disidencia. pacífica, el acceso a los sistemas de protección de derechos y a la cooperación internacional para la asistencia humanitaria y el desarrollo, asimilando todos estos derechos con “terrorismo”, “conspiración”, “desestabilización”, “injerencia extranjera” o simplemente “actividades políticas”.

– No promueve ni protege el derecho a la libertad de asociación. Por el contrario, sin bases que la justifiquen y de forma contraria a la Constitución y a los estándares internacionales que protegen la esencia libre, civil y autónoma del derecho a la asociación, la ley se extiende de manera totalizante, ambigua y desproporcionada a todas las fundaciones y asociaciones civiles de derecho privado sin fines de lucro; deja sin efecto los registros de los que disponen las asociaciones con personalidad jurídica para trabajar en el país, de acuerdo con el sistema y las leyes vigentes, los cuales considera inexistentes; crea un nuevo régimen asociativo de “relevancia pública”, militar y fuera de la Constitución, que impone la autorización, control y fiscalización del Estado sobre todo el ciclo de vida de las asociaciones (fines, fundación, funcionamiento y actividad); ilegaliza toda asociación de hecho y establece un sistema de controles y requisitos adicionales, innecesarios, permanentes y no compatibles con la condición civil de las asociaciones, que los hace de imposible cumplimiento. En específico, la ley viola frontalmente el artículo 5 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Sociales, Económicos y Culturales que prohíbe la destrucción de derechos o su restricción excesiva.

De este modo, la ley persigue propósitos inconstitucionales y violatorios de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, por lo que no admite consulta ni mejora posible, tal como ha sido expresado por los órganos de protección de derechos humanos y de la sociedad civil venezolana, en defensa de sus derechos, exigiendo al Estado “derogar o abstenerse de adoptar cualquier medida o ley que pueda limitar el ejercicio del derecho a la libertad de asociación o dé lugar a un control indebido de las organizaciones de la sociedad civil o una injerencia en sus actividades, y establecer un entorno seguro y propicio para que todas las organizaciones de la sociedad civil puedan realizar sus actividades sin temor a represalias” en todos sus ámbitos de desempeño civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

La supresión del espacio cívico y del derecho de asociación, tal como está planteado en el proyecto de ley y la virtual anulación de las actividades de las fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro, impacta profundamente las condiciones para el próximo proceso electoral en el país. La garantía de elecciones justas y democráticas no solo implica permitir la participación sin restricciones de candidatos, sino también mantener una sociedad civil vigorosa y robusta que pueda ejercer contraloría ciudadana y fomentar el derecho al voto. La comunidad internacional y todos los involucrados en la superación de la crisis venezolana y la búsqueda de una transición pacífica y democrática no pueden pasar por alto esta amenaza, que socavaría la celebración de elecciones justas, seguras y libres. No puede haber auténticas elecciones en Venezuela sin la sociedad civil y esta no puede ser controlada por entes militares. El cumplimiento del Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para todos debe medirse también a través de la garantía y el respeto del derecho a asociación de las organizaciones no gubernamentales.

En consecuencia: 1) Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional a no insistir en el avance y discusión de un texto que viola a todas luces múltiples derechos humanos, incumple e irrespeta la Constitución Nacional y no contribuye de ninguna manera a mejorar el ambiente país en un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja y periodo electoral; 2) Instamos a la comunidad nacional e internacional a rechazar la adopción de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, y cualquier otro texto normativo que pueda limitar excesivamente el ejercicio del derecho a la libertad de asociación o dé lugar a un control militar indebido de las organizaciones de la sociedad civil o una injerencia en sus actividades.

Organizaciones que suscriben:

A.C. Casa del Nuevo Pueblo
A.C. CEDISUC
A.C. Comunidad en Movimiento
A.C. Concentroccidente del GS Cesap
A.C. Jóvenes y Desarrollo
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
Acceso a la Justicia
Acción Campesina
ACOANA
Activados Panamá
Agencia Cojedeña de Investigación (ACI)
AlertaVenezuela
Alianza de Familiares y Víctimas en Venezuela (ALFAVIC VENEZUELA)
Alianza por Venezuela
Alma
Amigos Trasplantados de Venezuela
Amnistía Internacional
Apuneg
Aquí Cabemos Todos
Asociación Civil Centro Campesino El Convite
Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)
Asociación Civil Los Naguaritos
Asociación Civil Portachuelo
Asociación Civil Radar de los Barrios
Asociación Civil Súmate
Asociación Civil Uniandes
Asociación Civil Venezolanos en Córdoba Argentina
Asociación Comunitaria Blandin
Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela
Asociación de Propietarios y Residentes de Prados del Este
Asociación Migrantes Venezolanos
Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana (Avessoc)
Asociación Venezolana para la Hemofilia
Asocoinbar
ASOENVEAR
ASOVEDRA
Aula Abierta
AVEPR
CAFE DDHH
Caleidoscopio Humano
Caminando y Construyendo Sociedad Inclusiva
CAMPO
Canada Venezuela Democracy Forum
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
CCCB – Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto
CECAVID
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
Centro de Activismo y Desarrollo Democrático para la región (CDDLatam)
Centro de Animación Juvenil

Centro de Atención Integral Psicopedagógica Individual (CAIPI)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Estudios Derecho y Democracia (CEDED)
Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS (Argentina)
Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer – CISFEM
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
Centro para la Paz y Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
Cescoop
Circuito Gran Cine
Ciudadanía Activa
Ciudadano Nuevo
Civil Rights Defenders
Civilis Derechos Humanos
Clima21
Coalición por Venezuela
Colegio de Abogados del Estado Bolívar
Colegio de Enfermería de Puerto Cabello
Colegio de Enfermería
Comisión de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Apure
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Lara
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
Comité de DDHH para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad
Comité para la defensa de los derechos humanos parroquia Coche
Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales – Guárico
Compromiso Ciudadano
Confederación de Trabajadores de Venezuela en el Estado Guárico (CTV-GUARICO)
Consejo de Migrantes Refugiados y Colombianos Retornados de Bogotá
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento-CODHES.
Consorven
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
Cooperativa Dan Buen Cine
Corporación Colonia venezolana en Colombia
Creemos Alianza Ciudadana
Cumaná Mía
Damas de Blanco Venezuela
Due Process of Law Foundation
Ecoefecto
Educación para mejor vivir ONG
EPIKEIA Derechos Humanos
Equalia
Equipo de Proyectos y Asesoría Social
Familia SOS Libertad
Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV)
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes – FENASOPADRES
FetraYaracuy
FICU. Fundación para la integración Cultural de Migrantes y Refugiados
Fordisi
Foro Hatillano
Foro Penal

Foro San Antonio
Foro Venezolano de Política Exterior
FPPM-VE (Familiares de Presos Políticos Militares)
Frente Norte de Caracas
FUDECI
Fundación Agua Sin Fronteras
Fundación Aguaclara
Fundación Alianzas Solidarias
Fundación Amigos del Casco Histórico Ciudad de Barquisimeto
Fundación Caminando Contigo
Fundación Colonia de Venezuela en la República Dominicana Funcoverd
Fundación de los Derechos Humanos Anzoátegui
Fundación Dignidad, Justicia y Libertad, ONG OMNIPRODNAM
Fundación Duendes y Ángeles Vinotinto
Fundación Escuela de Artes escénicas Juan Parra
Fundación GRACE: Give Refugees a Chance
Fundación Haciendo Panas
Fundación Iribarren Lucha
Fundación John Boulton
Fundación Laboratorio de Desarrollo Humano
Fundación Loto Azul
Fundación Lucelia
Fundación Mahuampi Venezuela
Fundación Manitas Amarillas
Fundación Nakama’s
Fundación ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE REGIONAL O.I.R.
Fundación para el Debido Proceso «Fundepro»
Fundación para el Desarrollo Integral (FUNDESI)
Fundación para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres
Fundación San José de Chacao
Fundación Sine Qua Non
Fundación Venezolanos en el Exterior
Fundación Yo Te Apoyo
FundaRedes
Fundeci A.C.
Fundehullan
Gente del Petróleo
Global Centre for the Responsibility to Protect
Grupo Interdisciplanario Emergencia Humanitaria en Agua
Grupo La Colina A C.
Grupo Orinoco
Grupo Social Cesap
Hearts On Venezuela
Ideas por la Democracia
Impulsa Latinoamérica
Instituto CASLA
Instituto de Investigaciones de la Comunicación ININCO, UCV
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX)
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
Instituto para la Paz y el Desarrollo – IPADES
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos -INVESP

International Service for Human Rights (ISHR)
Justicia y Proceso Venezuela
Justicia, Encuentro y Perdón
Labo
Laboratorio de Paz
M.B.I. en Acción
Madres Poderosas
MAPANI
Mavid Carabobo
Mayday CONFAVIDT
Médicos Unidos de Venezuela
Mi Convive
Monitor Social A.C.
Movimiento Ciudadano Uniendo Voluntades
Movimiento de Trabajadores 9 de Enero
Movimiento Nacional Iniciativa de los Consumidores
Movimiento Por la Democracia (MPD)
Mulier
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Animación Juvenil
Observatorio de Ecología Política de Venezuela
Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario
Observatorio de Violencias LGBTIQ+
Observatorio Electoral Venezolano (OEV)
Observatorio Geopolítico de América Latina
Observatorio Global de Comunicación y Democracia
Observatorio Hannah Arendt Chapter USA
Observatorio Venezolano DDHHMujeres
Observatorio Venezolano de Prisiones
Observatorio Venezolano de Violencia
Odevida, Capítulo Venezuela
ONG El Despertar Ciudadano
ONG Hombres por la Equidad e igualdad
ONG Migrantes por el Maule
ONG Red Reto
ONG Unión Venezolana en Perú
Oportunidad Acciones Ciudadanas
Orfavideh. Organización de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales
Organización StopVIH
Osc.Ação Social Irmandade Sem Fronteiras
Padres Organizados de Venezuela
Paz Activa
Plan País
Plataforma Ayuda Venezuela
Por la Familia Venezolana
Prepara Familia
Pro-Venezuela Verein
PROMEDEHUM
Provea – Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos
Proyecto Monitor de Derechos Humanos
Psicoven
Red DDHH-Lara / Proyecto Roscio