(Ginebra, 15/07/2020) CEPAZ – La directora ejecutiva de el Centro para la Justicia y Paz, Beatriz Borges, realizó una intervención en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en respuesta a la presentación del nuevo informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), «Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a derechos económicos y sociales y situación en el Arco Minero del Orinoco»
Señora Presidenta,
Planteamos la agravada crisis en Venezuela y como quienes exigen sus derechos son criminalizados y perseguidos. Especialmente, las personas defensoras que denuncian la agudización de la emergencia humanitaria compleja.
La declaratoria del estado de alarma ha sido utilizada como excusa para profundizar la política de persecución. Según Cepaz, en tres meses de cuarentena se han registrado al menos 184 casos vinculados con patrones de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Destacan especialmente, ataques contra defensores, periodistas y personal de salud por denunciar la situación de COVID-19 en hospitales, la falta de insumos de bioseguridad y la poca transparencia en las cifras que difunde el gobierno.
Los retornados venezolanos son víctimas de amenazas, estigmatizaciones y violaciones a sus derechos. El gobierno Maduro los han llamado: armas biológicas.
Todo esto ocurre con total impunidad, sin respeto al estado de derecho y sin independencia del Poder Judicial. Hoy no es posible obtener justicia en Venezuela. Por ello, son indispensables los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Especialmente, vemos necesario que se extienda el mandato de la misión internacional independiente de determinación de los hechos.
El reporte de la Alta Comisionada confirma la no cooperación ni cumplimiento de las recomendaciones y obligaciones internacionales que tiene Venezuela y alerta al Consejo de Derechos Humanos que la crisis, lejos de avanzar, se agrava.
Solicitamos a los Estados alertar sobre la profundización de la crisis humanitaria y la necesidad de proteger el espacio cívico y a las personas defensoras frente a la criminalización, ataques y represalias.
