(Nueva York, 16/3/2020) El Centro Global para la Responsabilidad de Proteger nuevamente clasifica a Venezuela como un país de «Gran Preocupación, motivado a la continua violencia dirigida por el Estado ha creado un ambiente que facilita la realización de posibles crímenes atroces en Venezuela.
A pesar del incremente del aislamiento internacional, el gobierno de Maduro mantiene el control de instituciones claves y las fuerzas de seguridad. Impunidad para graves violaciones de derechos humanos cometidos por varias fuerzas estadales ha envalentonado al gobierno a continuar con las ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros crímenes, así como la persecución sistemática de sus supuestos oponentes. El gobierno anunció planes de realizar elecciones durante 2020 podría resultar en mayor inestabilidad y violencia.
El gobierno está fallando en cumplir con su responsabildad de proteger a todos los venezolanos sin importar su afiliación política.
Respuesta internacional
Desde noviembre 2017 la UE ha impuesto prohibiciones de vuelo y congelamiento de 25 altos oficiales del gobierno. El gobierno de los Estados Unidos ha impuesto sanciones extensivas sobre Maduro, su familia y altos mandos de sus gobierno. El 3 de diciembre, varios gobiernos regionales impusieron sanciones a 29 altos oficiales.
El 26 de diciembre 2018 Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú refirieron la situación de Venezuela a la Corte Penal Internacional, solicitando a la Fiscal general abrir una investigación formal sobre posibles crímenes de lesa humanidad. El 27 de septiembre 2019, bajo el liderazgo del llamado Grupo de Lima, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución estableciendo una misión independiente de determinación de responsabilidades sobre Venezuela, con el mandato de investigar ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos a detenidos desde 2014.
Acciones necesarias
El gobierno debe terminar la persecución sistemática de oponente y asegurar investigaciones imparciales de todas las ejecuciones extrajudiciales. El gobierno debe conceder acceso ilimitado a la Misión de Determinación. Los Estados miembros de Naciones Unidas deberían continuar imponiendo sanciones a todos los funcionarios del gobierno responsables de abusos y violaciones sistemáticas de derechos humanos, que tomen acciones que limiten el acceso de la población a bienes básicos, servicios esenciales o ayuda humanitaria.
Traducción no oficial
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