(Washington DC., Durante 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”) continuó monitoreando la situación general de derechos humanos en Venezuela y observó que persiste la grave afectación de los derechos humanos de las y los venezolanos. La profundización de la crisis política y social del país, en el marco de la represión generalizada, ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho.

En Venezuela existe un claro quebrantamiento del principio de separación de poderes. Esto se evidencia en la falta de independencia judicial y en la extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente. La ausencia de un sistema operante de pesos y contrapesos se observa en el hecho que el Poder Ejecutivo continúe ejerciendo poderes extraordinarios, y haya prorrogado el estado de excepción al menos 20 veces desde 2016, sin la aprobación de la Asamblea Nacional como exige la Constitución. Todo ello ocurre en un contexto estructural de persecución a la disidencia que se caracteriza, entre otras cosas, por la militarización de la seguridad pública, las arbitrariedades, y el uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones por desabastecimientos de alimentos, la interrupción de servicios públicos y la escasez de insumos básicos.

La Comisión ha observado también que persiste el deterioro en el goce de los derechos civiles y políticos; en particular, en el ejercicio de la libertad de expresión y la participación en los asuntos públicos. Se continúan registrando muertes violentas durante manifestaciones; detenciones arbitrarias y encarcelamiento de opositores y personas que hacen público su disenso con el gobierno; represión y restricciones indebidas a la protesta; despidos y amenazas a empleados públicos como castigo por su disenso; campañas de estigmatización y hostigamiento en perjuicio de periodistas, opositores políticos, defensoras y defensores de derechos humanos y ciudadanos en general; el uso del derecho penal y otros controles sancionatorios para castigar o inhabilitar el trabajo de opositores políticos y prensa crítica; así como la imposición de obstáculos para acceder a información de interés público.

En este sentido, la CIDH encuentra especialmente preocupante los ataques y la persecución contra las y los diputados opositores de la Asamblea Nacional. La CIDH observa que, si bien los hostigamientos contra parlamentarios no son un fenómeno nuevo en Venezuela, éstos se han intensificado luego de las elecciones de 2015, cuando la oposición al gobierno de Nicolás Maduro ganó una amplia mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional. En 2019, el Tribunal Supremo de Justica continuó anulando los actos adoptados por la Asamblea Nacional de forma sistemática y remitiendo sus decisiones al Ministerio Público para que se abran investigaciones penales en contra de las y los diputados. Por su lado, la Asamblea Nacional Constituyente continuó levantando la inmunidad parlamentaria de diputados opositores y declarando su responsabilidad penal por tipos penales como “traición a la patria”. A su vez, altos dirigentes del Poder Ejecutivo continuaron haciendo declaraciones públicas en contra de las y los diputados, lo que contribuye a un clima de animadversión para ejercer el derecho a la participación política.

La independencia judicial continúa gravemente afectada porque muchas juezas y jueces ostentan el cargo en forma provisoria o han sido nombrados sin respetar los procedimientos legales prestablecidos. Otra situación que es especialmente preocupante para la CIDH tiene que ver con el procesamiento de civiles en la jurisdicción penal militar, mediante la utilización de tipos penales como “traición a la patria” y “rebelión”, en el contexto de las manifestaciones. La CIDH recuerda, una vez más, que la jurisdicción penal militar tiene un alcance restrictivo y no es el fuero competente para el juzgamiento de civiles.

Como consecuencia de la militarización de la seguridad ciudadana, se siguen registrando ejecuciones extrajudiciales y operativos caracterizados por el uso excesivo y letal de la fuerza, así como también 502 allanamientos sin orden judicial y ataques contra viviendas. Esto ha provocado severas afectaciones a la vida, la integridad personal, la propiedad privada y el derecho al debido proceso de las y los venezolanos; en particular, de quienes son identificados con la oposición.

Asimismo, la Comisión observa con especial preocupación que continúa el deterioro en el goce y acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (en adelante, “DESCA”). En efecto, la escasez de alimentos y medicamentos, sumada a la interrupción constante de servicios de agua y energía, ha generado afectaciones graves a derechos como la salud, la alimentación y la educación. Ejemplo de esto es el brote de enfermedades potencialmente mortales y prevenibles. Frente a este escenario, la respuesta del Estado ha sido deficiente, y en muchas ocasiones precaria, afectando particularmente a niñas y niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

En términos generales, la CIDH reitera que Venezuela atraviesa una crisis humanitaria que se caracteriza por la escasez de alimentos y medicamentos, la suspensión constante de servicios públicos como el agua potable y la electricidad, un sistema público de salud en precarias condiciones, y altos índices de violencia e inseguridad. Tal situación ha contribuido a que millones de personas hayan abandonado el país. Según cifras de la ACNUR, a la fecha de elaboración de este informe hay más de 4.500.000 migrantes forzados venezolanos que han buscado asilo y protección en diferentes países de la región.

Igualmente, durante 2019, la Comisión dio seguimiento a acontecimientos de la vida nacional que diagnostican una profunda inestabilidad política, que se suma a la crisis humanitaria que vive el país. El 10 de enero, Nicolás Maduro se posesionó como Presidente de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia en lugar de la Asamblea Nacional, como debería acontecer en circunstancias normales según la Constitución de Venezuela. En su momento, la CIDH calificó que el proceso electoral no contó con las mínimas condiciones para la realización de elecciones libres y justas en el país, y alertó sobre la profundización del debilitamiento institucional en Venezuela.

Informe completo aquí