Las Américas enfrentan su mayor crisis de desplazamiento en la historia moderna. Tres millones de venezolanos, alrededor del 10% de la población, han huido de sus hogares para escapar de la represión política, la escasez extrema de alimentos y medicamentos, la falta de servicios sociales y el colapso económico general. La atención internacional se ha centrado en gran medida en cómo se está desarrollando esta crisis en algunos de los países latinoamericanos vecinos. Sin embargo, la respuesta en esa región no merece menos escrutinio.

Trinidad y Tobago, por ejemplo, ha recibido a más de 40,000 venezolanos, pero ha hecho poco para apoyarlos. Si bien el gobierno aprobó una Política nacional para abordar los asuntos de refugiados y asilo en la República de Trinidad y Tobago (Política de refugiados) en 2014, no la implementa. Tampoco existe legislación nacional para los refugiados y solicitantes de asilo. En su lugar, el gobierno considera a los solicitantes de asilo y aquellos a quienes la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) les otorga la condición de refugiado como inmigrantes indocumentados. Mientras tanto, el gobierno carece de una política de migración y su ley de migración existente no puede proporcionar a estos individuos derechos y asistencia adecuados.

El número total de llegadas de venezolanos a Trinidad y Tobago es mucho menor que en muchos países de América Latina. Sin embargo, como porcentaje de su población, ha recibido más venezolanos que casi cualquier otro país. Hay preocupaciones muy serias sobre la xenofobia contra los venezolanos en el país. Además, Trinidad y Tobago no proporciona a los venezolanos asistencia adecuada o acceso a protección y servicios, ni les ha ofrecido ningún estatus temporal especial, como lo han hecho muchos países de acogida latinoamericanos.

En cambio, los refugiados y migrantes venezolanos a menudo se ven obligados a vivir escondidos. En palabras de un solicitante de asilo venezolano en la isla, «arresto, detención, deportación son temores constantes para nosotros, afectan sobre todo cómo vivimos nuestras vidas». En noviembre de 2018, un equipo de Refugees International (RI) viajó a Trinidad y Tobago evaluará la situación de los refugiados y migrantes venezolanos allí, el segundo de una serie de misiones que RI ha emprendido en los países anfitriones para arrojar luz sobre esta creciente crisis regional.

En Trinidad y Tobago, los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes no pueden regularizar su estatus a menos que cumplan con varios criterios estipulados en la Ley de inmigración, criterios que la gran mayoría no puede cumplir. Dado que la política migratoria del país sigue siendo un trabajo en progreso, los venezolanos que han huido de su país se quedan sin ningún medio para residir legalmente o mantenerse a sí mismos y sus familias. Se informó a RI que, en noviembre de 2018, aproximadamente 440 personas estaban detenidas en Trinidad y Tobago, donde carecen de un acceso adecuado a asistencia legal y atención médica. No ha habido paneles organizados para monitorear independientemente las condiciones de detención.

ACNUR lleva a cabo determinaciones de la condición de refugiado para aquellos que hacen solicitudes de asilo. Sin embargo, incluso aquellos a quienes se les otorga la condición de refugiado reciben solo tres derechos: (1) no ser deportados, (2) libre circulación y (3) reunificación familiar – y no tienen acceso a empleo legal ni a otros servicios (excepto algún acceso a atención médica primaria que se ofrece a todas las personas presentes en el país). Y desde finales de 2018, a pesar de que estos derechos se conceden supuestamente, algunos refugiados reconocidos incluso han sido acusados ​​de entrada ilegal. En un desarrollo bien recibido, el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) establecieron recientemente una Plataforma Nacional en Trinidad y Tobago. Este mecanismo forma parte de la Plataforma Regional de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela (Plataforma Regional), que la ONU ha establecido para coordinar una respuesta regional a la crisis de Venezuela.

Hay varias maneras en que Trinidad y Tobago puede mejorar su respuesta a la afluencia de venezolanos que huyen de su país y las terribles circunstancias que enfrentarían al regresar. Uno sería instituir un proceso de regularización especial, que permitiría a los inmigrantes indocumentados que se encuentran actualmente en el país solicitar permisos de residencia y trabajo. El gobierno debe aprobar una legislación sobre refugiados y asilo que refleje sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Estos incluyen compromisos para proporcionar acceso a la educación pública a todos los niños, independientemente de su estatus legal y el acceso al trabajo legal de los refugiados. Trinidad y Tobago también debería reducir su uso de la detención de inmigrantes y utilizar alternativas a la detención.

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