(Washington, D.C. 21/04/2023) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica su Informe Anual 2022 que contiene el detalle de los avances y desafíos más relevantes en derechos humanos para la región, así como información de su gestión institucional para el cumplimiento de su mandato. En su conjunto, el Informe representa un instrumento de referencia regional, acceso a la información y transparencia institucional.  Entre las tendencias preocupantes identificadas por la CIDH (las cuales son señaladas en el artículo IV) destacan el debilitamiento de la institucionalidad democrática, de la independencia judicial, de las instituciones nacionales de derechos humanos, y de la confianza social en las instituciones estatales; el cierre de espacios democráticos, y la violencia y criminalización contra personas defensoras y periodistas en algunos países.

En el panorama regional la Comisión también identificó la intensificación de acciones de militarización y mayor uso de la figura de los Estados de excepción como medida para atender situaciones que afectan la seguridad ciudadana.  Asimismo, observaron acciones estatales tendientes a reprimir protestas sociales mediante el uso desproporcionado de la fuerza.

En cuanto a la situación de grupos en situación de discriminación y vulnerabilidad histórica, se resaltan como desafíos regionales la situación de personas en movilidad humana; las graves condiciones que enfrentan personas privadas de libertad; y la persistencia de la discriminación y violencia contra mujeres, personas mayores, con discapacidad, LGBTI, afrodescendientes, indígenas, y niñas, niños y adolescentes.

Los Estados de Cuba, Guatemala, Nicaragua, y Venezuela se encuentran en el Capítulo IV.B conforme al Art. 59.6 del Reglamento de la CIDH, debido a que se observan graves violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática, la plena vigencia de los derechos humanos y la democracia.

Venezuela

• Institucionalidad democrática

Tras años de injerencias, particularmente sobre el sistema de justicia, el Poder Ejecutivo sigue monopolizando todos los poderes públicos del Estado. Como consecuencia de ello, las instituciones del nivel público nacional operan primordialmente para garantizar la permanencia del partido de gobierno en el poder y no para promover y proteger los derechos humanos.

En lugar de fungir como un garante de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de los otros poderes del Estado, el Poder Judicial ha profundizado la crisis institucional que atraviesa el país. Para ilustrar este punto, en el 2022 se cumplieron 5 años de las decisiones 155 y 156 del TSJ, que suspendieron las facultades de la Asamblea Nacional y otorgaron amplísimos poderes discrecionales al Poder Ejecutivo10; estas fueron calificadas como una usurpación de funciones y la anulación de facto de la representación popular.

Este año, el Estado adoptó tímidas e inefectivas medidas en aras de fortalecer la independencia judicial. El 18 de enero de 2022, la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Como aspectos positivos, la reforma prohibió al TSJ modificar disposiciones legislativas y dispuso que la Asamblea Nacional es el órgano encargado de designar a las autoridades de la inspectoría General de Tribunales, órgano con competencias disciplinaras, así como de la Escuela de la Magistratura. La reforma prohibió además que estos cargos sean ocupados por personas magistradas. De esta manera, se evita que una persona magistrada tenga facultades disciplinarias sobre jueces de menor jerarquía, lo cual podría afectar su independencia. De otra parte, redujo de 32 a 20 el número de personas magistradas integrantes del TSJ, sin prohibir la reelección de magistradas y magistrados cuyos períodos están próximos a finalizar. En esa misma línea, aumentar el número de personas diputadas en el comité de postulaciones tiende a profundizar la crisis institucional porque en el país no hay garantías para realizar elecciones libres ni justas.

Al margen de esta reforma, la CIDH considera que el Estado no ha adoptado medidas idóneas, efectivas y prácticas para fortalecer la independencia del Poder Judicial, como serían: la apertura de concursos públicos de oposición para ingresar a la carrera judicial o fiscal; la disminución de cargos en provisionalidad y el respeto a su estabilidad; el ejercicio de medidas disciplinarias y penales antes hechos probados y juzgados de corrupción; así como la designación de personas magistradas del TSJ a través de procedimientos que prioricen la idoneidad y denoten consensos amplios.

• Poder electoral, adelanto de elecciones y derechos políticos

En Venezuela no existen garantías democráticas para la participación política en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Entre los principales desafíos están: el nombramiento irregular de personas rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) por más de 20 años; las inhabilitaciones políticas impuestas por órganos administrativos; y los posibles cambios arbitrarios en el cronograma electoral por parte del Poder Ejecutivo.

Una de las principales razones por las cual se atribuye la falta de confianza en el CNE es que, entre 1991 y el 2021, las personas rectoras de este órgano no fueron designadas conforme a los procedimientos constitucionales previstos17. Según medios de prensa, el 4 de mayo de 2021 se designó una nueva composición del CNE conforme a los procedimientos constitucionales.

De otra parte, en el 2022 continuaron las inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría General de la República. Al menos 30 personas han sido impedidas de presentar su candidatura para aspirar a cargos de elección popular, afectando desproporcionadamente a los partidos políticos disidentes del gobierno, como es el caso del Partido Comunista de Venezuela, y a los partidos de oposición reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática

En relación con estos puntos, la CIDH reiteró que el ejercicio de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos. En tal sentido, si bien saluda la designación acorde a los preceptos legales de personas rectoras del CNE, subraya que para lograr una composición realmente balanceada es necesaria una representación diversa del órgano designador, es decir, la Asamblea Nacional, lo cual no ocurre dado que al menos 256 escaños de 277 pertenecen a la bancada oficialista. 

• La necesidad urgente de una transición hacia la democracia y el estado de derecho

Los desafíos en materia de derechos humanos en Venezuela denotan la necesidad de procesos de diálogo dirigidos a reestablecer la institucionalidad democrática, promoviendo la real, efectiva y práctica independencia de los poderes públicos y la consolidación de un sistema de pesos y contrapesos. En este sentido, saluda la reanudación oficial de los diálogos de México el 25 de noviembre de 2022 entre el gobierno y la plataforma unitaria, que reúne a sectores opositores. La Comisión Interamericana resalta la importancia de que cualquier proceso de diálogo tenga como parámetro los estándares interamericanos e internacionales, especialmente en relación con la independencia y separación de los poderes públicos; así como la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que se involucre efectivamente a la sociedad civil en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación.

Graves violaciones de derechos humanos

La Comisión Interamericana ha registrado graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos de Venezuela. Estas violaciones se han cometido como parte de un plan del gobierno para cooptar los distintos poderes públicos y reprimir cualquier intento de alternancia. Entre ellas destaca ejecuciones extrajudiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza, detenciones arbitrarias de personas que protestan o asumen públicamente posiciones de disenso con el Poder Ejecutivo, desapariciones forzadas, así como torturas y otros tratos crueles en contextos de privación de libertad.

En ese orden de ideas, las graves violaciones de derechos humanos documentadas en años anteriores constituyen parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, lo cual, de acuerdo con el derecho internacional, podría configurar crímenes de lesa humanidad. Esta conclusión está basada en la gran cantidad de víctimas, la gravedad de las acciones, y en la existencia de ciertos patrones de conducta llevados a cabo con recursos del Estado que respondieron a una política definida y avalada desde la cúspide del poder estatal.

En los últimos años, la CIDH ha tenido menos información cuantitativa sobre graves violaciones de derechos humanos. Esto puede deberse a algunas medidas adoptadas por el Estado, como la reforma a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entidad a la que están adscritas las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo y otros cuerpos caracterizados por el uso excesivo y letal de la fuerza; o la creación de un cuerpo civil adscrito al Ministerio Popular para la vigilancia, custodia y seguridad de las personas privadas de libertad. Otras razones que podrían explicar este fenómeno serían la apertura formal de una investigación por parte de la Fiscalía de la CPI; la disminución de las protestas sociales como consecuencia de la pandemia de la COVID 19.

• Ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes

La CIDH ha advertido sobre la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales desde su última visita al país, en el año 2002. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos documentó 18.093 casos de asesinatos cometidos presuntamente por agentes del Estado entre 2014 y 2020, incluyendo al menos 8.292 ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo con el Centro de Acción Social de la Compañía de Jesús (Centro Gumilla) y el Programa Venezolano Educación-Acción (PROVEA), en el 2021 hubo 1.414 ejecuciones extrajudicial.

En la primera quincena del 2022, agentes de seguridad del Estado estuvieron involucrados en al menos 27 asesinatos en operativos de seguridad ciudadana. Las presuntas ejecuciones extrajudiciales continuaron a lo largo del año. Al mes de septiembre de 2022, organizaciones de la sociedad civil habían documentado al menos 565 casos de esta grave violación, en su mayoría en el estado Aragua. De esos casos, un 85% corresponderían a jóvenes entre 18 a 25 años. Además, del total de hechos registrados, un 53% habrían sido cometidos en el marco de operativos especiales de la policía.

Este año en particular, se registró la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas Yanomami por parte de agentes militares en el sector Parima B del Alto Orinoco, estado Amazonas. Este hecho reviste especial preocupación por tratarse de un pueblo indígena que enfrenta discriminación estructural e histórica. Adicionalmente, porque el Estado celebró en el 2012 un acuerdo de solución amistosa homologado por la CIDH en el que se comprometió a adoptar medidas de vigilancia, salud y protección.

Además de ejecuciones extrajudiciales, organizaciones de la sociedad civil registraron otras graves violaciones de derechos humanos en 2022, como: 348 presuntas detenciones arbitrarias, al menos 25 con fines políticos (24 civiles y 1 militar); 22 presuntos casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; y 4 de desapariciones forzadas por cortos periodos de tiempo.

Situación de la libertad de expresión

En Venezuela se registran severas restricciones al derecho a la libertad de expresión y la persistencia de un ambiente hostil para el ejercicio de la labor periodística4. Este contexto se caracteriza por hostigamientos, persecuciones, detenciones arbitrarias, falta de trasparencia y señalamientos estigmatizantes contra quienes investigan y participan activamente de asuntos de interés público y político.

La ONG Espacio Público documentó, entre enero y agosto de 2022, al menos 58 restricciones a la cobertura periodística. Del mismo modo, este año, la CIDH tuvo conocimiento sobre alegadas obstrucciones a la labor informativa en coberturas de eventos electorales; operativos de desalojos; situaciones de emergencia a causa de derrumbes; el funcionamiento del transporte público del país; sucesos ocurridos en hospitales públicos y eventos públicos.

Del mismo modo, persiste el cierre de medios de comunicación independientes con base en el alegado incumplimiento de los requisitos administrativos para la transmisión radial o la utilización del espacio radiofónico, a través de procesos administrativos con escasas garantías legales. Entre enero y septiembre de este año, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL) habría determinado el cierre de al menos 26 emisoras de Radio en Portuguesa, Anzoátegui, Guárico, Barinas, Cojedes, Zulia y Sucre, en procedimientos llevados a cabo por agentes del Estado y agentes de cuerpos de seguridad58. Se estima que, entre 2003 y 2022, se cerraron más de 200 emisoras por orden de CONATEL.

En 2022, organizaciones sociales denunciaron la aplicación de la Ley Contra el Odio en contra de ciudadanas y ciudadanos que cuestionan al Gobierno en redes sociales. Por ejemplo, un hombre fue detenido en el estado Apure por “incitación al odio” contra la Policía Nacional Bolivariana, luego de publicar un video en redes sociales en el que criticaba la actuación policial; asimismo, le habrían retenido su celular. Además, un ciudadano fue detenido en Aragua de Barcelona por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por supuesta “incitación al odio”, tras publicar estados en WhatsApp con críticas a dicho organismo y a la alcaldía del municipio, las cuales habrían sido calificadas por la GNB como “vilipendias y maldiciones contra los organismos de seguridad e instituciones del Estado” en el acta de detención. Asimismo, la humorista Olga Mata habría sido detenida bajo cargos de “incitación al odio” tras publicar un video de humor en la red social TikTok en el que hacía referencia a funcionarios.

Situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

Con respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en el país, la Comisión y la REDESCA observan con preocupación los serios desafíos para su garantía, en un contexto de una crisis humanitaria compleja, grave y multidimensional, que ha sido agudizada por los impactos de la pandemia del COVID-19. Bajo este escenario, se toma nota de los altos índices de pobreza y desigualdad en el país, en los que existen estimaciones que sostienen que más de 90% de la población vive en la pobreza, y que, a junio de 2021, el promedio de la pobreza a nivel nacional sería del 97,4%, la pobreza extrema del 68,5% y la pobreza multidimensional del 70,8%66. Por su parte, a marzo de 2022, HumVenezuela estimó que el 94,5% de la población no contaría con ingresos suficientes para atender rubros tales como su alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y vestimenta.

Es de destacar que estos niveles de pobreza son muy altos y tienen impactos sustanciales al traducirse en obstáculos directos para la garantía de los derechos humanos para gran parte de la población. Además, se toma nota que estos indicadores favorables van de la mano con reportes que señalan que la desigualdad ha crecido de forma simultánea (con un Gini que pasó del 0,56 en 2021 a 0,603 en 2022), la cual derivaría en que haya una diferencia de 70 veces del ingreso promedio entre el decil más pobre y el más rico el primero con un ingreso de 7,9 dólares, mientras el segundo 553,2 dólares.

En este escenario, la CIDH y la REDESCA observan que, pese a que el país habría salido del ciclo hiperinflacionario en el que se encontraba desde hace varios años y de un ligero repunte del consumo, producción e importaciones, la mejoría de estos indicadores económicos no se ha traducido en el bienestar de la población en general. Así, se destaca que los altos niveles de la inflación, la perdida creciente de la capacidad adquisitiva y la dolarización de facto han tenido un efecto diferencial y desproporcionado sobre las personas con menores recursos económicos y sobre quienes no pueden acceder a los dólares, acentuando de esta manera la desigualdad. En consecuencia, la vulneración de los DESCA y la seria dificultad para adquirir la canasta básica de alimentos y medios suficientes para una vida decorosa constituyen una constante transversal a pesar de una perspectiva un poco más favorable frente a la situación económica.

Con relación al derecho a la salud y sus determinantes sociales, la Comisión y la REDESCA observan que, aunque la pandemia ha tenido unos impactos significativos en el sector salud y en la población, las serias afectaciones del sistema precedían la emergencia sanitaria. Al respecto, la CIDH identificó, en su Informe de País de 2018, que en Venezuela existe escasez y desabastecimiento de medicamentos, insumos, material y tratamiento médico. Dicha situación contextual se ha venido agravando desde el 2014, frente a la que es importante resaltar que se ha llegado a reportar un colapso del sistema de salud ante su persistente precarización, lo que habría sido exacerbado por la pandemia. Por su parte, en el marco de la pandemia, se toma nota de las denuncias constantes sobre el subregistro de contagios y muertes, así como la falta de transparencia con relación al proceso de inmunización en el país. De esta manera, se observaría una gran discrepancia entre las cifras presentadas por el Gobierno y las de organismos internacionales y monitoreo independiente. A modo de ejemplo, mientras a finales de 2021 el ministro de salud afirmaba que la tasa de inmunización era del 87%, según datos de la OPS esta era de aproximadamente el 40,44% de la población75. Igualmente, en febrero de 2022, el Ejecutivo indicó que Venezuela había alcanzado la vacunación del 102% de las personas mayores de 18 años, pero a la fecha la OMS reportaba que solo el 49,8% de la población contaría con pauta de vacunación completa.

Desde hace más de siete años no se publica el boletín anual epidemiológico y durante la pandemia tampoco se habría provisto información sobre las pruebas diagnósticas. Frente a este panorama, la REDESCA enfatiza que para la garantía efectiva del derecho a la salud se deben satisfacer una serie de elementos esenciales e interrelacionados -calidad, accesibilidad, disponibilidad y aceptabilidad-. En cuanto a la accesibilidad es imprescindible garantizar el acceso a la información acerca de cuestiones relacionadas con la salud.

Con relación a las constantes fallas en los servicios de agua y electricidad, se observan con profunda preocupación las denuncias de que al menos personas habrían muerto entre 2019 y 2021 en hospitales debido a las fallas eléctricas que se registran en el país, y que pese a esta situación, a inicios de 2022, a nivel nacional se registra que, en promedio, los hospitales no cuentan con servicio eléctrico cuatro horas a la semana, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales. Es de destacar que tan solo en el primer semestre de 2022 se ha denunciado la muerte de 225 personas en hospitales del país debido a fallas de equipos médicos y ascensores causadas por los cortes eléctricos.

La REDESCA observa con especial atención el impacto que esta situación sobre ciertos grupos en situación de vulnerabilidad o riesgo, como son las personas mayores; las personas con discapacidad; las personas con bajos recursos; niños, niñas y adolescentes; las mujeres; pueblos indígenas; así como aquellas personas con patologías crónicas, incluyendo incluso a quienes son beneficiarias de medidas cautelares por parte de la Comisión. Lo anterior, considerando especialmente que, a partir de la pandemia, las capacidades limitadas del sistema de salud se habrían orientado a atender el Covid-19, y a raíz de ello, se habría agudizado la atención frente al cáncer, la diabetes, la hemofilia, la insuficiencia renal, entre otras.

Esta situación expuesta anteriormente sería aún más problemática teniendo en cuenta la falta de atención a los determinantes básicos y sociales de la salud. En esta línea, la pobreza – que experimenta la mayoría de la población- se ha constituido en un impedimento directo para acceder a los servicios de salud. Así, se ha estimado que, ante el colapso del sistema de salud, el 90% de las personas que acuden al mismo deben financiar los insumos y tratamientos – incluyendo exámenes de diagnósticos. Igualmente, que más del 60% del gasto en salud en el país proviene del gasto de bolsillo de la población.

En relación al derecho al agua, se observa que para el año 2021 se habría dado un aumento de los problemas relacionados con el acceso a agua potable y saneamiento. Es de destacar que para marzo de 2022 se indicó que el 90% de la población de Venezuela estaría afectada por deficiencias de acceso agua, con lo que habría aproximadamente 19,1 millones de personas que señalaron interrupciones o restricciones severas en el suministro de agua o que carecían de conexión al sistema de acueductos.

La CIDH y la REDESCA siguen con especial atención los impactos socioambientales por la explotación de oro que realizan empresas y actores autorizados por el Gobierno. En este contexto, es de destacar que FundaRedes ha alertado que esta situación mantendría en constante amenaza la riqueza natural y mineral del estado Bolívar, además de afectar los derechos de la población que reside en la zona, incluyendo sus derechos a la vida, a la salud y a contar con un ambiente sano. En esta línea, Human Rights Watch también ha advertido que la minería en los estados del sur ha derivado en deforestación, contaminación de las aguas y en el desplazamiento de comunidades indígenas. Igualmente, que las personas que se dedican a la minería- incluso con la participación de menores con tan solo 10 años en algunos casos- soportan duras condiciones de trabajo, incluyendo turnos de 12 horas sin equipos de protección.

La CIDH y la REDESCA ha advertido con anterioridad los impactos de las actividades extractivas en el Arco Minero del Orinoco (AMO), ya que la falta de control estatal en la zona -en la que se han reiterado las denuncias por el control que ejercen grupos armados ilegales-, ha generado un estado de vulnerabilidad para los habitantes, con un impacto desproporcionado y diferenciado en mujeres, pueblos indígenas. Dicha situación estaría caracterizada por los altos impactos ambientales, la escasez de los medios de vida – alimentos, bienes y servicios- y riesgos significativos en materia de salud126. Por ejemplo, las mujeres enfrentan mayores riesgos de sufrir violencia sexual y los pueblos indígenas ven afectados sus modos de vida y supervivencia por su relación especial con la tierra y los territorios.

Grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación

La CIDH y la REDESCA ha advertido con anterioridad los impactos de las actividades extractivas en el Arco Minero del Orinoco (AMO), ya que la falta de control estatal en la zona -en la que se han reiterado las denuncias por el control que ejercen grupos armados ilegales-, ha generado un estado de vulnerabilidad para los habitantes, con un impacto desproporcionado y diferenciado en mujeres, pueblos indígenas. Dicha situación estaría caracterizada por los altos impactos ambientales, la escasez de los medios de vida – alimentos, bienes y servicios- y riesgos significativos en materia de salud126. Por ejemplo, las mujeres enfrentan mayores riesgos de sufrir violencia sexual. y los pueblos indígenas ven afectados sus modos de vida y supervivencia por su relación especial con la tierra y los territorios migrantes y en necesidad de protección internacional. Por tal motivo, la CIDH hace las siguientes consideraciones particulares a estos grupos y personas.

• Mujeres

Las mujeres en Venezuela continúan enfrentando desafíos para llevar una vida libre de violencia y para acceder a servicios integrales de salud que sólo ellas necesitan, lo que dificulta el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Ello, en un contexto marcado por la discriminación basada en el género y por la legislación restrictiva en materia de interrupción voluntaria del embarazo.

También en relación con la violencia contra las mujeres, en el 2022, el Ministerio Público publicó por las cifras de femicidios a nivel nacional, algo que no ocurría desde 2016. En este aspecto, indicó que en el periodo 2017-2022 se registraron 1.008 casos de femicidios consumados y frustrados. Por estos hechos se presentaron 1.073 acusaciones; se solicitaron 412 órdenes de aprehensión; y se otorgaron medidas de protección a mujeres en riesgo.

Adicionalmente, la Comisión resalta que la falta de acceso a servicios e insumos de salud que sólo las mujeres y personas con capacidad de gestión requieren podría configurar una afectación al principio de igualdad y no discriminación, además de afectar sus derechos a la integridad física, psíquica y moral. Es preciso eliminar las barreras de jure y de facto que impiden acceder a servicios de salud sexual, reproductiva y materna, así como a revisar su legislación restrictiva en materia de interrupción voluntaria del embarazo.

• Personas defensoras de derechos humanos

Si bien este año se registró una disminución de ataques a las personas y organizaciones que defienden derechos humanos, la sociedad civil continúa registrando cifras preocupantes. Según el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), el primer semestre de año se registraron 214 ataques en las siguientes modalidades: estigmatización (146), intimidación y hostigamiento (45); amenaza (15); ataques digitales (2); judicialización (2); otros (5)

• Personas refugiadas, migrantes y en necesidad de protección internacional provenientes de Venezuela

La crisis institucional y de derechos humanos en Venezuela ha provocado un desplazamiento de personas en la región nunca antes visto en dimensión y temporalidad. De 2015 a 2022 más de 7.100.100 personas han salido de Venezuela, de las cuales 5.960.556 se han desplazado a países de América Latina y el Caribe. Los mayores países de acogida de personas provenientes de Venezuela son: Colombia, con 2,5 millones; Perú, con 1,5 millones; Estados Unidos, con 545.000 (contabilizados a agosto de 2021); Ecuador con 502.200; y Chile con 448.000.

La situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela no ha variado sustancialmente en comparación con años anteriores. Quienes defienden derechos humanos en el país siguen enfrentando un entorno de estigmatización e intensos hostigamientos consecuencia de su trabajo. Resulta especialmente preocupante la instrumentalización de la legislación “contra el odio” o “antiterrorista” o de “cooperación internacional” para criminalizar directa o indirectamente las actividades de defensa.

• Personas Privadas de Libertad

La situación de las personas privadas de libertad (PPL) en Venezuela se presenta como una de las más graves en la región. Esta se caracteriza principalmente por una falta de estadísticas oficiales actualizadas, dualidad de sistemas penitenciarios, hacinamiento y empleo excesivo de la prisión preventiva. Además, se presentan actos de corrupción tanto en las prisiones como en los centros de detención policial, y se registra la falta de control efectivo de las cárceles por parte de las autoridades, lo cual deriva en la existencia de sistemas de “autogobierno” así como favorece la existencia de violencia intracarcelaria.

Uno de los principales desafíos que obstaculizan la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela es la existencia de una dualidad de sistemas penitenciarios. Uno oficial, que a marzo de 2022 alojaba a 32.200 personas186 en 52 centros de reclusión -35 masculinos, una cárcel de mujeres y 16 anexo femeninos- a cargo del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, y otro paralelo, compuesto de aproximadamente 500 espacios de detención preventiva, que a la misma fecha albergaría a 35.000 personas.

De forma reiterada, la Comisión no ha podido acceder a datos oficiales sobre la población privada de la libertad en el 2022. No obstante, reitera la extrema gravedad de esta situación puesto que, según datos de las organizaciones de la sociedad civil, varias personas permanecen en espacios de detención preventiva durante años, a pesar de que los mismos no están adecuados para alojar personas por más de 48 horas. Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario argumenta que la protección de los derechos de estas personas no está bajo su responsabilidad, aduciendo que se trata de responsabilidad de la policía.

Las condiciones de detención continúan siendo críticas, presentando riesgos a la vida e integridad de las personas privadas de la libertad. Dichas condiciones se caracterizan principalmente por atención médica negligente y dificultades en el acceso a alimentación y al agua potable y a medicamentos, los cuales tienen que ser suministrados por los familiares.

En cuanto a las dificultades en el acceso a alimentación, según datos recibidos durante audiencia pública realizada en el ámbito del 183 Período de Sesiones, la desnutrición se presenta como la primera causa de muerte en detención. En particular, desde 2017 hasta enero 2022, la desnutrición ha provocado el fallecimiento de 399 personas detenidas en centros penitenciarios. Además, cerca del 70% de la población carcelaria presentaría desnutrición.

Las mujeres continúan enfrentándose a condiciones de detención caracterizadas por falta de infraestructura que responda a sus necesidades, ausencia de atención de su salud sexual y reproductiva, y falta de provisión de elementos de higiene. Además, al igual que ha ocurrido en años anteriores, durante el 2022, se habría registrado actos de violencia sexual en perjuicio de mujeres privadas de libertad, tanto por parte de funcionarios como de otros hombres encarcelados. De manera particular, en el caso de las mujeres, se ha documentado que incluso son forzadas a actos de violencia sexual para acceder a alimentos.

• Niñas, Niños y Adolescentes

La situación de niñas, niños y adolescentes (NNA) en Venezuela continúa siendo delicada debido al débil funcionamiento del Sistema Nacional de Protección (SNP), el contexto de abandono y violencia, la alta tasa de embarazo infantil, y la falta de acceso a derechos sexuales y reproductivos. La falta de producción y difusión de información oficial sobre las necesidades de protección de NNA también es un obstáculo para el respeto y la garantía de sus derechos.

Conforme a información del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNIFEC), más de tres millones de NNA se encuentran en necesidad de asistencia humanitaria en Venezuela. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil han advertido que existe opacidad respecto de la inversión pública en políticas y programas de niñez y adolescencia, incluyendo programas de atención humanitaria.

La crisis socioeconómica que atraviesa Venezuela ha generado dificultades en el acceso a servicios básicos de salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene. Según reportes de organismos de sociedad civil, al menos un millón setecientos mil niñas y niños menores de 5 años están expuestos a riesgos para su salud debido al cierre de servicios de atención pediátrica, esquemas de vacunación incompletos por una reducción de cobertura y malnutrición. Asimismo, las investigaciones sobre la situación nutricional reflejan que al menos un 34,8% de las niñas y niños menores de 5 años se encuentran en desnutrición crónica o retraso en el crecimiento.

Por último, las NNA continúan enfrentando grandes desafíos vivir y desarrollarse dentro de una familia, lo que se evidenciaría en el incremento en las cifras de abandono. Según reportes de organizaciones de sociedad civil, la cifra de NNA sin cuidado familiar, consecuencia de la migración, ronda los 841.000220. Lo anterior ha generado que las solicitudes de ingreso a espacios de cuidado se incrementen sin que el Estado aumente sus capacidades221. Conforme al monitoreo realizado, Venezuela pasó de tener 56 espacios de acogimiento residencial para NNA en 2016, a solo 30 este año.

• Pueblos indígenas

La CIDH mantiene su preocupación por la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas venezolanos, particularmente por el respeto y la garantía de sus derechos a la vida, integridad, territorio, así como sus DESCA

La invasión ilegal de sus territorios, la degradación ambiental, las afectaciones a sus actividades tradicionales de subsistencia, la violencia generalizada, incluyendo violencia sexual, son algunos de los riesgos que enfrentan los pueblos indígenas como consecuencia de actividades minerales ilegales y la presencia de grupos armados criminales.

El Estado ha promovido la militarización de la zona como medida para reforzar el control estatal sobre las actividades mineras en la zona. Como resultado de esta política han aumentado los niveles de violencia en la región, registrándose combates, corrupción y asesinatos, particularmente en el municipio de Gran Sabana, Bolívar.

La CIDH reitera la obligación del Estado de investigar y sancionar los hechos de violencia contra los pueblos indígenas desde un enfoque culturalmente adecuado. Asimismo, resalta la importancia de adoptar medidas decididas para abordar los factores de riesgo y amenaza que enfrentan, especialmente en relación con la garantía y protección de sus tierras y territorios en el contexto de realización de actividades, planes o proyectos en sus tierras y territorios.

• Personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI)

Las personas LGBTI continúan expuestas a situaciones de violencia. Esto se debe, entre otras cosas, al contexto venezolano, que está caracterizado por la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género real o percibida, la falta de cifras oficiales sobre las necesidades particulares de estas personas, así como por una legislación que no promueve sus derechos en condiciones de igualdad.

Ante la falta de cifras oficiales, organizaciones de la sociedad civil han adelantado esfuerzos por sistematizar esta información. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, entre abril y septiembre se reportaron 37 actos de violencia y discriminación contra personas LGBTI; el 16.22% de estos actos habrían sido cometidos por agentes policiales.

Por otro lado, el ordenamiento jurídico todavía contempla normas que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo género dentro del servicio militar. Tal es el caso del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que sanciona con pena de 1 a 3 años de prisión a la persona militar que «cometa actos sexuales contra natura». En el 2022, organizaciones de la sociedad civil informaron que existe una acción judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia sobre esta norma.

• Personas con discapacidad

Venezuela tiene un marco normativo que protege a las personas con discapacidad y reconoce derechos como el desarrollo integral y la integración familiar y comunitaria.

A pesar de esto, persisten condiciones materiales que restringen gravemente el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y la posibilidad de llevar una vida digna. Particularmente en 2022, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) de las Naciones Unidas expresó preocupación por la falta de protección reforzada a las mujeres con discapacidad y las consecuencias económicas que enfrentan.

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