(La Haya, 07/11/2022) El 1 de noviembre de 2022, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karin A. Khan, presentó una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (“CPI”) requiriendo una autorización para que su Oficina reanude la investigación en la Situación Venezuela I. La solicitud del fiscal no se presenta en el vacío: viene luego de la asunción en el cargo de un nuevo Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la renovación por dos años más del mandato de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (MII).

La solicitud del fiscal surge como resultado de una evaluación objetiva e independiente de su Oficina, que concluyó que el diferimiento solicitado por Venezuela, en sus propios términos, “no está justificado, al menos en esta etapa”. Entre las razones aducidas, el Fiscal señala que “de los 893 casos denunciados, solo 265 casos (29,68% del total) contienen alguna información básica (en forma de “resumen”) en relación con la cuestión de la existencia de procesos internos relevantes”. Además, el Fiscal expresa que, a pesar de los esfuerzos informados por el Estado hacia el objetivo de rendición de cuentas, «la información disponible muestra que los patrones y las políticas que subrayan los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad no están siendo investigados, los procesos internos se centran en los perpetradores directos (y miembros aparentemente de bajo nivel de las fuerzas de seguridad del Estado) y principalmente en delitos calificados como de gravedad “menor”. Así, “(…) una parte sustancial de la criminalidad relevante no está siendo investigada en absoluto».

En un documento de 62 páginas, el Fiscal de la CPI resume su solicitud en tres supuestos fundamentales. 1) Los procedimientos internos no reflejan suficientemente el estándar de investigación previsto por la Fiscalía; 2) la protección contra la responsabilidad penal de algunas personas y 3) la falta de independencia e imparcialidad de los operadores de justicia. Cada supuesto incluye una serie de argumentos. A modo de ejemplo,  en el primer supuesto se desarrolla que “las autoridades internas no han investigado la supuesta política de Estado y el ataque sistemático contra una población civil ni de personas en posiciones de autoridad”; en el segundo, existen “insuficiencias en la calificación jurídica y valoración de la gravedad”; en el tercero, enumera una serie de factores que afectan la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, incluyendo marco normativo, composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), vinculación del TSJ con el partido de gobierno y provisionalidad de los cargos.

Esta solicitud del fiscal de la CPI envía muchos mensajes positivos, de los cuales vamos a resaltar tres en particular. El más importante es que ratifica la presencia de crímenes de lesa humanidad que el Estado no ha investigado conforme con el Estatuto de Roma. El “por ahora” refiere a una formalidad procesal que la Fiscalía de la CPI conoce de antemano que no podrá revertirse a menos que haya una voluntad y resultados genuinos sobre reformas estructurales, que no existe. El segundo mensaje es que la CPI ha citado a lo largo del documento los informes de la MII para fundar en extenso sus argumentos, es decir, muestra una entrada al diálogo y complementariedad que la Fiscalía de la CPI ha marcado en su exposición, lo cual facilita el camino para el desarrollo del proceso penal sobre la base de aportes de terceros.

Tercero, y no menos importante, destaca una cita de la CPI para la justicia de las víctimas en Venezuela. “La complementariedad [de la CPI] debe evaluarse sobre la base de los hechos tal como existen, no como podrían materializarse en el futuro”. La intervención de la CPI seguirá avanzando en la medida en que Venezuela no implemente cambios sustantivos y tangibles. Este enfoque pragmático y ajustado a Derecho del Fiscal de la CPI contrasta abiertamente con lo que fue el enfoque de apoyo político de la ex comisionada Bachelet, que celebraba las medidas del Estado por su mero anuncio, sin mirar si al menos existía implementación.

El Fiscal de la CPI ha renovado las esperanzas por la búsqueda de justicia y la rendición de cuentas en Venezuela. Queda de parte de la Sala de Cuestiones Preliminares I la respuesta a la solicitud del fiscal, y de todos los actores interesados, el compromiso de seguir promoviendo vías de comunicación para el diálogo y posible coordinación entre el nuevo Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la MII y la Fiscalía de la CPI. Esto es una opción posible y deseable, pues todos los mandatos recaen sobre Venezuela y ya convergen en varios temas.{

Fuente oficial: Alerta Venezuela