(Ginebra, 17/02/2024) La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU lamentó el anuncio del ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, de suspender las actividades del organismo y su petición de que el personal abandone el país en las siguientes 72 horas.
La portavoz Ravina Shamdasani dijo que están evaluando los siguientes pasos a seguir. “Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas”, añadió.
El martes la Oficina publicó en X (antigua Twitter) que seguían “con profunda preocupación” la detención de la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel. “Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención de desaparición forzada”. Además, el organismo instó a que la liberaran de forma inmediata y a que se respetara su derecho a la defensa legal.
Antes del anuncio de las autoridades venezolanas este jueves, la Oficina señaló en X que tomaban nota de que se había confirmado el lugar de detención de Rocío San Miguel (y, por tanto, su paradero) y que se había puesto en libertad condicional a 4 familiares. “Deben respetarse las garantías procesales, incluido el derecho a la defensa”, añadieron.
Detención de la activista Rocío San Miguel
El martes, la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela* expresó su profunda preocupación por la situación de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue detenida por las autoridades venezolanas el viernes 9 de febrero.
La Misión señaló en un comunicado que las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, “cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar”.
“El Fiscal General acusó a San Miguel de participar en un intento de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares y otras instituciones en todo el país. Tanto San Miguel como su hija y otras cuatro personas se encuentran en paradero desconocido”, dijo la Misión.
La presidenta de la Misión de Investigación, Marta Valiñas especificó que el gobierno de Venezuela debía proporcionar información sobre el paradero no sólo de San Miguel y su hija, “sino de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen».
«Corresponde al Gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional penal», añadió Valiñas.
Fuente oficial: OACNUDH
