(Caracas, 16/10/2023) Los días 10 y 11 de octubre se llevó a cabo el V examen del Consejo de Derechos Humanos a Venezuela (el cual debió realizarse en 2018). El Comité sostuvo un diálogo con la delegación venezolana con el fin de realizar preguntas sobre temas de preocupación vinculados a los derechos civiles y políticos.
Opacidad en datos oficiales
Los miembros del Comité expresaron preocupación por la falta de estadísticas e información que debería ser de acceso público, como: contratación de empresas, cantidad de personas privadas de libertad (segregada por género y edad), titulares de inhabilitaciones políticas, etc, a pesar de haber sido solicitadas con anterioridad por el Comité, el Gobierno venezolano solo brindó información “genérica” y sin datos desagregados. “Desde 2017, los ciudadanos no tienen acceso a la información de las empresas contratadas por el Estado y no hay información pública de la auditorías a las empresa públicas por parte de la Contraloría.
Poblaciones vulnerables
En cuanto a las poblaciones vulnerables, los miembros del Comité expresaron preocupación por los altos índices de violencia de género, “90% de estos casos permanecen impunes y cada 4 de 5 mujeres han afirmado no querer denunciar ante las autoridades”. A su vez, las Relatora Kobauyah Tchamdia solicitó información por las medidas de apoyo y reparación a las mujeres víctimas de esterilización forzada. La Relatora Wafaa Bassim aseguró que, dada la información recibida, se encontraba preocupada por la situación de mujeres en situación de pobreza; solicitó estadísticas del acceso de estas mujeres al campo laboral y servicios de salud. Además, llamó al Estado venezolano a poner fin a la criminalización del aborto.
De igual manera, el Relator Hernán Quezada aseguró que las personas LGBTIQ+ se encuentran desprotegidas ante la falta de un marco legal que los resguarde ante actos de violencia y discriminación, “En 2022 se documentaron 97 casos de violencia física e incitación al odio a personas LGBTIQ+”, señaló. El Relator también afirmó estar preocupado por información recibida sobre explotación infantil en zonas mineras, “¿Qué medidas han tomado para poner fin a lo que podríamos considerar las peores formas de explotación infantil?, preguntó. Además, solicitó información actualizada sobre la demarcación de tierras indígenas, “Para 2021 solo 15% de las tierras fueros demarcadas y varias comunidades protestaron por haber sido delimitadas sin su consentimiento previo”.
Restricciones a la libertad de expresión y reducción del espacio cívico
Los miembros del Comité expresaron preocupación y preguntaron por la incompatibilidad de normas, decretos y leyes con lo establecido en el Pacto, como las reiteradas extensiones de estados de excepción, el registro único de organizaciones no gubernamentales y la ley de cooperación internacional.
La relatora Hélène Tigroudja manifestó que este era un proceso de suma importancia, “Ante el contexto preelectoral que atraviesa Venezuela vemos la reducción del espacio cívico”, señaló.
El Comité manifestó su preocupación por la información sobre el estado de la libertad de expresión, como: el acoso y ataques hacia periodistas, decomiso de equipos, restricciones al ingreso de medios internacionales, cierre de televisoras y estaciones de radio. “Hay denuncias de opacidad y parcialidad por parte de CONATEL”, indicó la Relatora Wafaa Bassim.
Desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales
Tomando en consideración los informes de la Misión de Determinación de los Hechos, el Comité preguntó a la delegación una postura sobre los casos documentados sobre desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, “¿Qué medidas ha tomado el Estado para garantizar la protección de ls personas víctimas de tortura, en especial las privadas de libertad?”, preguntó Bassim. Además, el Comité solicitó información sobre cuanto han avanzado las investigaciones de los casos mencionados por el Misión, y si ha habido imputaciones. “¿Se han cerrado los centros clandestinos de detención?, ¿se tomarán medidas para detener las detenciones arbitrarias de personas defensoras de derechos humanos?, preguntó el Relator José Santos País.
Falta de independencia del sistema judicial
Las acciones y decisiones del Tribunal Supremo de Justicia fueron interpelada en múltiples ocasiones. El Comité expresó preocupación por la provisionalidad de los jueces (que asciende a 90%) y la intervención del TSJ en comités directivos de partidos de oposición, ordenes de inhabilitar a personas percibidas como oponentes políticos. Además, se cuestionó la imparcialidad del Fiscal General, ante la provisionalidad de los fiscales, falta de información de acceso pública y posturas politizadas. “Nunca había visto a un Fiscal General defender de tal forma al Gobierno”, dijo el Relator José País ante la postura asumida por el Fiscal General, Tarek Saab, durante ambos días del diálogo.
