(Londres, 17/06/2021) La secretaria general de Amnistía Internacional y ex Relatora de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudicales, Agnes Callamard, envió una carta abierta el nueva Fiscal General de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, donde llama al fiscal ha reivindicar al órgano judicial internacional y ha tomar decisiones sobre procesos aún pendientes en la CPI, siendo uno de ellos el examen preliminar sobre Venezuela.
A continuación una transcripción textual de la carta:
Fiscal, Karim Khan.
En nombre de Amnistía Internacional, le felicito por asumir el cargo de Fiscal de la Corte Penal Internacional («CPI»). La comunidad internacional le ha pedido que busque justicia en las situaciones más desafiantes, contra los perpetradores más poderosos. Amnistía Internacional extiende nuestra asistencia y apoyo en esta hercúlea tarea.
Usted asume este papel cuando la justicia internacional y el movimiento de derechos humanos en su conjunto se enfrentan a desafíos sin precedentes. Los continuos fracasos en la búsqueda de responsabilidades por crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de los derechos humanos se encuentran entre las causas fundamentales de una crisis de confianza en el movimiento de derechos humanos; el estado de derecho internacional; e instituciones internacionales, incluida la CPI. A pesar de esto, las demandas de intervención de la CPI continúan aumentando, ya que los crímenes del Estatuto de Roma continúan cometiéndose con impunidad. La crisis climática parece destinada a hacer que los conflictos sean aún más comunes; y ya podemos ver violaciones masivas de derechos humanos contra las personas afectadas por el cambio climático y el desplazamiento relacionado. Su oficina tendrá que responder a las llamadas para convertir el ecocidio en un delito según el Estatuto de Roma.
Por supuesto, no es necesario mirar hacia el futuro para reconocer la importancia de su función. Los recientes crímenes de guerra cometidos en los Territorios Palestinos Ocupados , los crímenes de lesa humanidad cometidos en Myanmar por un ejército envalentonado y el resurgimiento de la comisión de crímenes de derecho internacional en Colombia sirven para demostrar el costo de la demora en la búsqueda de la rendición de cuentas por hechos históricos y actuales violaciones.
En nuestra opinión, las situaciones en Filipinas, Palestina y Afganistán representan la razón de ser de la Corte Penal Internacional. Las investigaciones de la CPI actúan como un «último recurso» en situaciones que han permanecido en el punto ciego de la justicia internacional, especialmente porque los estados poderosos han bloqueado y obstaculizado la rendición de cuentas durante décadas. Como tal, no se puede subestimar la importancia del trabajo de su Oficina. De hecho, las investigaciones en estas situaciones representan avances trascendentales para la justicia, después de años, si no décadas, de falta de rendición de cuentas.
Otras situaciones también requieren su atención urgente. Durante más de una década, el gobierno nigeriano ha sido ‘voluntariamente incapaz’ de buscar justicia por los crímenes cometidos en el noreste del país, tanto por Boko Haram como por el ejército nigeriano. Habiendo concluido su examen preliminar, esperábamos que su Fiscalía procediera con una investigación, en cambio la situación se ha colocado en un patrón de detención arbitraria mientras se siguen cometiendo crímenes masivos con impunidad y se posterga aún más la justicia para las víctimas. Esperamos que reconozca que nuevas demoras en Nigeria solo perjudicarán las perspectivas de futuros enjuiciamientos exitosos e instamos a su Oficina a solicitar con urgenciaautorización para esta investigación. Compartimos preocupaciones similares con respecto a la situación en Ucrania, que también se ha mantenido «en el limbo» entre un examen preliminar y una investigación. Entendemos y lamentamos que los estados partes no asignen los recursos necesarios para proceder rápidamente con estas situaciones y se nieguen a asignarlos, y continuaremos pidiendo a gritos a los estados que cumplan con sus obligaciones. Sin embargo, en última instancia, las justificaciones de recursos para que la Fiscalía no haya realizado más progresos no consuelan a las víctimas que han esperado tanto tiempo por justicia en situaciones como Nigeria, donde la impunidad está tan profundamente consagrada.
En Venezuela, Amnistía Internacional ha documentado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y muertes causadas por fuerza excesiva por parte de agentes del gobierno o grupos de civiles armados progubernamentales, muchos de los cuales la Fiscalía ya ha concluido que constituyen crímenes de lesa humanidad, y esperábamos para una decisión de su Oficina que concluya su examen preliminar antes de hoy. Le instamos a que tome una decisión rápidamente y no siga sometiendo a las víctimas a la incertidumbre de un examen preliminar interminable.
En mayo de 2021, Amnistía Internacional y el Instituto Asser publicaron un informe pericial titulado » El Estatuto de Roma a los 40 «. El informe proporciona una serie de observaciones críticas de una ‘generación posterior a Roma’ de partes interesadas de la CPI para los próximos veinte años de la Corte. Un hallazgo clave fue que queda mucho por hacer para garantizar un acceso significativo a la justicia en la CPI para los más afectados por crímenes de derecho internacional.
Otro hallazgo clave fue que la justicia internacional integral puede requerir mirar «más allá de la CPI» y que la Fiscalía lleve a cabo su trabajo de conformidad con una noción más amplia de complementariedad. Esto implicaría que la Corte y la Fiscalía consideren su función dentro de un amplio sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma , incluida la participación, cuando corresponda, con otros procesos judiciales internacionales regionales y nacionales. Entendemos que comparte esta perspectiva.
Sin embargo, en nuestra opinión, la complementariedad no significa la primacía de los procedimientos estatales a toda costa, en particular cuando los estados no están realmente dispuestos o no pueden investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional. En este sentido, la decisión de la Fiscalía en diciembre de 2020 de no abrir una investigación en el Reino Unido / Irak fue vergonzosa , que cedió a la presión de un Estado parte poderoso y proporcionó una hoja de ruta para el obstruccionismo estatal a nivel nacional y en la CPI. . Al asumir el cargo, lo instamos encarecidamente a que reconsidere esta decisión y reconozca que un enfoque tan deferente hacia los Estados no representa complementariedad, sino más bien complicidad con la impunidad de las grandes potencias.
Su mandato representa un momento real para la revitalización de la Fiscalía, que no ha cumplido plenamente las expectativas puestas en ella, en particular por los más afectados por crímenes de derecho internacional. También nos ha preocupado que la Fiscalía no siempre haya estado marcada por una cultura de responsabilidad por su desempeño, y consideramos que el inicio de su mandato puede ser una excelente oportunidad para considerar dónde se podrían realizar mejoras en el trabajo de su Oficina, por ejemplo en asegurar que los casos sólidos se presenten en la Corte, basados en investigaciones efectivas y evidencia firme.
Al mismo tiempo, su oficina enfrenta desafíos importantes, incluso como resultado de las decisiones de la Asamblea de los Estados Partes de financiar de forma crónica a la Fiscalía de manera insuficiente y evitar que alcance incluso una capacidad básica . En nuestra opinión, la Oficina del Fiscal, por regla general, no ha solicitado presupuestos anuales adecuadosy en cambio ha cedido proactivamente a la presión de la ASP, permitiendo así que consideraciones políticas arbitrarias determinen el presupuesto. En relación con esto, será muy consciente de que los estados que no quieren que la CPI investigue ciertas situaciones pueden intentar debilitar a la Corte mediante una asignación presupuestaria inadecuada. Con los principales patrocinadores de la Corte expresando su oposición a la investigación de Palestina, por ejemplo, junto con el riesgo de que los estados continúen imponiendo restricciones financieras arbitrarias, nos preocupa que las consideraciones políticas afecten el trabajo de su Oficina. En este contexto, le instamos a que se resista a los límites arbitrarios de sus recursos por considerarlos infracciones inaceptables de la capacidad de su Oficina para llevar a cabo su mandato independiente.
Como su Oficina ha indicado que tiene la intención de abrir investigaciones en una serie de situaciones nuevas, nos preocupa mucho leer en el informe de la Revisión de Expertos Independientes que, con base en la propuesta de presupuesto de 2020, las Divisiones de Investigación y Enjuiciamiento de su oficina están muy escasa de personal, y la División de Investigaciones «tiene 87 empleados a tiempo completo menos de lo que se estima para satisfacer las necesidades básicas de la División». En nuestra opinión, su nuevo mandato representa una oportunidad clave para discutir francamente con la Asamblea los requisitos de recursos a corto, mediano y largo plazo para una CPI eficaz. Lo instamos a restablecer el enfoque presupuestario derrotista de la Corte y, en sus primeras semanas en el cargo, a solicitar un presupuesto que se alinee de manera realista con las crecientes demandas de su Oficina en 2022.
En sus primeros días en el cargo, encontrará que una serie de situaciones aguardan su intervención urgente, con exámenes preliminares en Nigeria, Ucrania y Filipinas concluidos recientemente con miras a abrir investigaciones, y con la conclusión esperada del examen preliminar en Venezuela. , pero decepcionantemente retrasado. Si bien reconocemos que es posible que deba considerar la priorización de ciertas actividades, esto debe realizarse sobre la base de criterios transparentes y claramente definidos y con los derechos de las víctimas, muchas de las cuales han esperado años para que su oficina proceda del examen preliminar a investigación, ante todo en tu mente. También le instamos encarecidamente a no emprender un proceso de priorización basado en la aceptación de demandas insostenibles por parte de la Asamblea de los Estados Partes de que su Oficina presente presupuestos anuales de ‘crecimiento cero’ de año en año. La priorización de sus actividades debe basarse en que su Oficina haya alcanzado al menos un nivel de capacidad de referencia (o ‘básico’) de personal y recursos, donde su Oficina podrá responder adecuadamente, con un grado razonable de priorización, a las demandas de su intervención sin socavar la calidad y la eficiencia.
Sr. Fiscal,
En el desempeño de su mandato, debe ser valiente y ferozmente independiente.
No nos hacemos ilusiones de que se verá sometido a una inmensa presión por parte de estados poderosos mientras investiga situaciones en las que sus ciudadanos e intereses se ven afectados. De hecho, varios Estados partes han intentado recientemente interferir con el mandato judicial de la Corte oponiéndose públicamente a la investigación de la CPI en Palestina, por ejemplo. También somos conscientes de que algunos estados – como se demuestra por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson carta publicada el 9 de abril 2021 – parecen sugerir una esperanza de que la investigación Palestina puede proceder de manera diferente con su llegada en el puesto.
Por tanto, le pedimos, en relación con la situación de Palestina, y en todas las situaciones en las que trabajará, que asuma su mandato con la máxima independencia y sin temor ni favoritismos. Si recibe rechazo o amenazas tras el debido ejercicio de su mandato independiente, o cuando lo haga, Amnistía Internacional y nuestros 10 millones de miembros lo defenderán con toda nuestra capacidad. A medida que realice investigaciones en las situaciones más desafiantes, contará con nuestro apoyo; contamos con usted.
