(Ginebra, 11/12/2020) OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, lanzan un plan regional de 1.440 millones de dólares para responder a las crecientes necesidades de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y las comunidades que las acogen en 17 países de América Latina y el Caribe.
Hay aproximadamente 5,4 millones de refugiados y migrantes de Venezuela en todo el mundo, la gran mayoría alojados en países de América Latina y el Caribe. La aparición de la COVID-19 ha puesto a prueba las capacidades nacionales y locales en toda la región. Muchas personas refugiadas y migrantes y sus comunidades de acogida enfrentan ahora un sinnúmero de nuevos desafíos que empeoran sus ya precarias condiciones.
Los confinamientos, la pérdida de medios de vida y el empobrecimiento están obligando a muchas personas a depender cada vez más de la asistencia humanitaria de emergencia para sus necesidades de salud, alojamiento, alimentación, protección y educación. El impacto de la pandemia también está provocando un drástico aumento de la violencia de género y las necesidades de salud mental, la inseguridad alimentaria, la desnutrición e incidentes de estigmatización.
Las crecientes tasas de desalojos también están dejando a muchas personas sin hogar y dependientes del alojamiento temporal proporcionado por las organizaciones humanitarias.
Para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que viven en situaciones de irregularidad, la lucha por acceder a los derechos básicos es aún más aguda.
El Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP) para el año 2021 se lanza hoy para satisfacer estas necesidades cambiantes.
“Las restricciones de movilidad y las prolongadas pero necesarias medidas de confinamiento han tenido un impacto negativo en la capacidad de las personas refugiadas y migrantes para mantener sus medios de vida y el acceso a bienes y servicios básicos. Muchas personas han perdido sus medios de vida y al mismo tiempo no están incluidas sistemáticamente en los planes de asistencia social que se han establecido para las poblaciones locales”, dijo Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los Refugiados y Migrantes de Venezuela.
Su terrible situación ha llevado a algunas personas a considerar regresar a Venezuela, a menudo en condiciones inseguras, lo que genera riesgos adicionales de protección y salud. Al mismo tiempo, la cantidad de personas venezolanas que continúan saliendo de su país también ha aumentado en las últimas semanas a medida que se relajan las medidas de confinamiento y las condiciones continúan deteriorándose.
Mientras las fronteras permanecen cerradas, estos movimientos tienen lugar principalmente a través de cruces fronterizos irregulares, lo que expone a las personas refugiadas y migrantes a peligros y grandes riesgos de abuso físico y sexual, discriminación, así como a explotación y trata.
A pesar de los desafíos, ha habido ejemplos alentadores en toda la región de países de acogida que trabajan para garantizar la inclusión de las personas refugiadas y migrantes en las respuestas nacionales a la pandemia, al igual que a sus ciudadanos.
Las personas refugiadas y migrantes también están apoyando estas respuestas, y algunas se desempeñan en primera línea como trabajadores de la salud o difunden información dentro de sus comunidades.
“El plan de respuesta requiere del compromiso continuo y creciente de la comunidad internacional y del sector privado para responder a esta crisis. Las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida requieren más que nunca de nuestro apoyo colectivo; tanto por la urgente asistencia humanitaria para salvar vidas, como también para acompañar el desarrollo que permita apoyar a las comunidades locales y lograr soluciones sostenibles”, agregó Stein.
El RMRP 2021 busca fortalecer aún más las respuestas nacionales y regionales de los gobiernos de acogida mediante el apoyo a las intervenciones de salud, alojamiento, alimentación, agua, saneamiento e higiene (WASH), así como el acceso a la educación, la protección y la integración donde se requiere asistencia y experiencia específicas, o donde las propias capacidades de respuesta de los gobiernos se ven desbordadas.
El plan de respuesta reúne a 158 organizaciones involucradas en la respuesta, incluidas agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, la sociedad civil, organizaciones religiosas y el Movimiento de la Cruz Roja.