(Nueva York, 24/10/2022) – Los pueblos indígenas expuestos a sustancias peligrosas están sufriendo una forma de violencia ambiental que ha causado muertes y ha puesto en peligro vidas a través de la pérdida de fuentes de alimentos y plantas medicinales, desplazamiento forzado, defectos de nacimiento y cáncer, dijo un experto de la ONU.

“Para satisfacer la expansión de una economía global adicta al extractivismo, Estados y empresas continúan pisando regiones cada vez más remotas, en busca de metales, minerales y combustibles fósiles, dejando un legado de contaminación y vertimiento de sustancias peligrosas”, dijo Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos, en un informe presentado hoy a la Asamblea General de la ONU.

El informe del Relator Especial aborda la variedad de violaciones y abusos de los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas debido a la expansión industrial, las industrias extractivas, los plaguicidas peligrosos, las actividades militares, el vertido de desechos y la exposición a sustancias y desechos peligrosos.

Orellana expresó su gran preocupación por el hecho de que entre el 50 y el 80 por ciento de todos los recursos minerales destinados a la extracción por parte de las empresas mineras se encuentran en las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Las compañías de petróleo y gas continúan explorando y explotando depósitos de hidrocarburos incluso cuando el planeta enfrenta una emergencia climática. Esto invariablemente se debe a que los Estados promueven las industrias de combustibles fósiles, a menudo en las tierras y territorios de los pueblos indígenas, dijo.

“En varios países, los agronegocios están invadiendo las tierras de los pueblos indígenas, exponiéndolos a los peligrosos pesticidas utilizados en los monocultivos. La fumigación aérea esparce indiscriminadamente sustancias tóxicas que se desplazan sobre cultivos y aguas de las que dependen los pueblos indígenas para su sustento material y espiritual”, dijo Orellana.

El vertido de desechos peligrosos, incluso en instalaciones militares abandonadas, deja a los pueblos indígenas con traumas psicológicos y de salud que duran décadas, dijo el experto. “A veces esos vertidos vuelven sus territorios inhabitables. El desplazamiento forzado resultante de la contaminación tóxica amenaza la existencia misma de los pueblos indígenas”.

El Relator Especial también lamentó profundamente que, debido a la discriminación racial, las voces de los pueblos indígenas se silencien con demasiada frecuencia en los procesos de toma de decisiones relacionados con productos químicos y desechos, lo que agrava el daño desproporcionado que sufren los pueblos indígenas a causa de la contaminación tóxica.

“El acceso a la justicia por parte de los pueblos indígenas que buscan remedios por los efectos adversos de los tóxicos es limitado. La discriminación estatal, la corrupción y la falta de leyes protectoras cimentan su continua marginación”, dijo Orellana.

El Relator Especial presentó recomendaciones a los Estados, incluida la identificación de actividades e industrias que causan efectos tóxicos en los pueblos indígenas y la adopción de medidas inmediatas para detener la afluencia a los territorios indígenas de productos químicos industriales tóxicos, pesticidas y desechos peligrosos.

El Relator Especial también recomendó que los Estados deberían poner fin al doble rasero de permitir la producción y exportación de plaguicidas altamente peligrosos cuyo uso está prohibido en sus propios territorios. Esta es una forma de explotación que externaliza los impactos ambientales y de salud de los pesticidas tóxicos en los más vulnerables, dijo.

También instó a las empresas comerciales a buscar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas cuyos derechos, tierras y medios de subsistencia se verían afectados por sus actividades.

“El goce efectivo de los derechos reconocidos por la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas descansa en el respeto al derecho a vivir en un ambiente no tóxico”, concluyó Orellana.

Fuente oficial: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos