CEPAZ alerta sobre el incremento en casos de violencia sexual y de género, enmarcado en la actual situación migratoria del país

(Caracas, 5/11/2019) – CEPAZ – La difícil crisis política, social y económica que se vive en Venezuela  ha creado las condiciones para que una importante proporción de la población se traslade y radique en otras latitudes de la región, afirma la organización CEPAZ.

Las mujeres venezolanas inician la ruta migratoria en condiciones de gran vulnerabilidad y riesgo. Viajan solas, con escasos recursos económicos y con un nivel de preparación muy precario, encontrándose con pocas redes de apoyo y grupos organizados en los países de acogida, al no tener residencia al llegar, no tener conocido que la reciba o no contar con dinero suficiente, pudiendo ser fijadas como posibles víctimas de abuso y explotación, ya que el caos y la ruptura de los sistemas de protección significan que los infractores pueden abusar con impunidad. Al migrar, las mujeres y las niñas sufren de impactos diferenciados, los cuales implican riesgos adicionales como es el riesgo a ser víctima de: la trata y tráfico, violencia sexual y psicológica, feminicidio, explotación sexual y laboral, xenofobia, entre otras[1].

Puede que en muchos casos estos procesos migratorios representen una mejora en las condiciones y calidad de vida de las mujeres y sus familias; pero también pueden profundizar las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de las mujeres venezolanas: se evidencia que de las venezolanas que se prostituyen en Bogotá el 10,3% ha vivido violencia física por parte de los clientes, 7,6% violencia sexual por parte de los clientes, 9,5% violencia física por parte de otras personas que ejercen actividades sexuales pagadas (OMEG)[2]; para las mujeres venezolanas el riesgo de explotación sexual y de femicidios/feminicidios es mayor, en el marco de su vinculación al trabajo sexual y economías ilegales(FIP)[3], ya que  el tráfico sexual de migrantes venezolanos está particularmente extendido a lo largo de la frontera norte de Colombia, donde operan bandas criminales y grupos guerrilleros[4] un 2% de las mujeres venezolanas en el exterior con edades entre los 15 y 49 años son sobrevivientes de violencia sexual (ONU, 2018); 188 venezolanas en nueve países han sido rescatadas por autoridades judiciales de esas naciones tras haber sido víctimas de trata, 88 de ellas en Colombia, lo que equivale al 46,8% de las víctimas ( Efecto Cocuyo[5], 2019); en Colombia se presentan obstáculos para la atención en salud a mujeres y niñas víctimas de violencia sexual quienes no reciben atención en urgencias y son revictimizados. Los hospitales no ponen en conocimiento los casos en los que tiene lugar una presunción de violación, cuando se trata de una menor de 14 años y que de acuerdo con el marco legal, corresponde ser notificado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Fiscalía (WL, 2019); países como Colombia y Ecuador, que cuentan con experiencia en dar respuesta al desplazamiento interno o en acoger a refugiados, tienen dificultades para gestionar las cuantiosas cifras del caso venezolano; el informe se enfoca en el colectivo de mujeres  porque el número de víctimas femeninas venezolanas registradas está creciendo y, en segundo lugar, porque las mujeres y las niñas enfrentan riesgos diferenciados. Se pusieron de manifiesto los siguientes factores: primero, si los venezolanos tuvieran la oportunidad de entrar en un país de acogida por vías legales no serían tan vulnerables a la trata. Segundo, la regularización de las condiciones migratorias de los venezolanos en el país de acogida es fundamental para que las víctimas se sientan seguras a la hora de denunciar casos de trata ante las autoridades. Tercero, sin derecho a trabajar, los venezolanos desplazados corren un mayor riesgo de caer cautivos de un esquema de explotación para subsistir económicamente (RI, 2019)[6].

Si no se abordan estos factores, se exacerbará el riesgo de que mujeres y niñas venezolanas sean víctimas de violencia sexual; y no obstante percibirse el incremento en la incidencia de casos, se desconocen la naturaleza y el alcance reales de la violencia sexual de mujeres y niñas en el contexto de la crisis migratoria y de refugiados de Venezuela. No es fácil acceder a la información y menos a la coordinación de medidas para prevenir o mitigar el fenómeno en los países receptores. La responsabilidad principal recae en los Gobiernos. Sin embargo, la sociedad civil también tiene un papel importante que desempeñar. En general, los donantes internacionales deberían hacer más para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en los países de acogida, a satisfacer las necesidades de las víctimas.

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