Cuando las personas se ven obligadas a huir de sus hogares, se vuelven más vulnerables a la explotación. La trata de personas sigue siendo un problema no resuelto en América Latina y el Caribe, y el éxodo continuo de venezolanos —el mayor episodio en la historia reciente del hemisferio occidental— requiere intensificar de forma urgente el foco hacia la prevención y la respuesta en materia de trata.

Hasta junio de 2019, más de cuatro millones de venezolanos habían huido del caos económico y político de su país . El acceso a la alimentación, el agua y los medicamentos es muy limitado, y los servicios públicos se están desmoronando. Victimizados por la delincuencia generalizada y la persecución política, los venezolanos siguen huyendo de su país en busca de seguridad y para satisfacer algunas de sus necesidades más básicas.

El gran volumen de venezolanos en busca de refugio en los países vecinos está ejerciendo presión sobre la capacidad de algunos Gobiernos de la región para dar respuesta a esta situación. Países como Colombia y Ecuador, que cuentan con experiencia en dar respuesta al desplazamiento interno o en acoger a refugiados, tienen dificultades para gestionar las cuantiosas cifras del caso venezolano. Otros países como Trinidad y Tobago y Curazao tienen dificultades para poner en marcha los mecanismos más básicos de protección internacional. Cuando los recursos en Venezuela son escasos y las opciones para salir a buscar seguridad y oportunidades económicas fuera del país son cada vez menores, la amenaza de la trata de personas se agudiza.

La mayoría de las víctimas de trata identificadas en todo el mundo son mujeres y niñas y, a excepción de determinadas regiones, la forma más común es la trata con fines de explotación sexual . Es importante destacar que tanto hombres como niños son también víctimas de todas las formas de la trata, y que la trata con fines de explotación laboral también se ha identificado como uno de los problemas que afectan a los venezolanos en la región. Sin embargo, el presente informe se enfoca en el colectivo de mujeres y niñas por dos motivos. En primer lugar, porque el número de víctimas femeninas venezolanas registradas está creciendo y, en segundo lugar, porque las mujeres y las niñas enfrentan riesgos diferenciados.

En el último año, Refugees International llevó a cabo unas investigaciones de campo sobre la difícil situación de los refugiados y migrantes venezolanos en cuatro países: Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago y Curazao. En todos estos países se pusieron de manifiesto los siguientes factores: primero, si los venezolanos tuvieran la oportunidad de entrar en un país de acogida por vías legales no serían tan vulnerables a la trata. Segundo, la regularización de las condiciones migratorias de los venezolanos en el país de acogida es fundamental para que las víctimas se sientan seguras a la hora de denunciar casos de trata ante las autoridades. Tercero, sin derecho a trabajar, los venezolanos desplazados corren un mayor riesgo de caer cautivos de un esquema de explotación para subsistir económicamente.

Si no se abordan estos factores, se exacerbará el riesgo de que mujeres y niñas venezolanas sean víctimas de la trata de personas. Ahora bien, por ahora se desconocen la naturaleza y el alcance reales de la trata de personas en el contexto de la crisis migratoria y de refugiados de Venezuela. No es fácil acceder a la información, y la coordinación de medidas para prevenir o mitigar la trata de personas en los países receptores es todavía, en el mejor de los casos, ad hoc. La consecuencia es un mayor grado de vulnerabilidad. Las organizaciones internacionales y los países de acogida tienen la responsabilidad de coordinar sus iniciativas para combatir la trata de personas, poner en común todos los datos al respecto y compartir lecciones aprendidas.

La responsabilidad principal de carearse con los tratantes de personas y brindar servicios a las víctimas recae en los Gobiernos. Sin embargo, la sociedad civil también tiene un papel importante que desempeñar. En general, los donantes internacionales deberían hacer más para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en los países de acogida a satisfacer las necesidades de las víctimas. Por su parte, los Estados Unidos deberían aprovechar su capacidad única para monitorear la trata de personas en todo el mundo gracias al Informe mundial sobre la trata de personas (TIP, por sus siglas en inglés) que publica anualmente para ofrecer incentivos a los Gobiernos de la región.

Se deben apoyar los programas de lucha contra la trata de cada país y, al mismo tiempo, priorizar un enfoque regional e integral. Este doble planteamiento es la única forma de proteger a las mujeres y las niñas, que cada vez corren un riesgo mayor.

Recomendaciones

Para los Gobiernos de los países de acogida de la región, incluidos Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago y Curazao

• Expandir las vías legales de ingreso a los países de acogida para la población venezolana. En los países donde los venezolanos pueden entrar, pero que actualmente les exigen documentación casi imposible de obtener, los Gobiernos deben encontrar alternativas viables para estos requisitos de entrada.
• Regularizar las condiciones migratorias legales de la población venezolana. Para los venezolanos que ya se encuentran en un país receptor sin la documentación reglamentaria, los Gobiernos de acogida deben crear mecanismos para que los venezolanos desplazados puedan registrarse y obtener un régimen legal, que incluya el derecho a trabajar. Los venezolanos son menos propensos a denunciar casos de trata de personas si tienen miedo de ser reportados ante las autoridades.
• Garantizar que todas las víctimas de la trata de personas puedan denunciar su caso ante las autoridades locales, sin importar la condición migratoria del denunciante en el país de acogida. Se deben alentar las denuncias, y en ningún caso se debe penalizar a la víctima —ni con enjuiciamientos ni deportaciones— a causa de su condición migratoria.
• Informar a las víctimas de la trata acerca de sus derechos básicos y brindarles asesoramiento legal. La protección legal es vital para que las víctimas se sientan seguras. Los Gobiernos deben organizar sesiones educativas con los venezolanos recién llegados y distribuir materiales en español sobre los derechos de las víctimas. Los Gobiernos también deben poner asesoramiento legal al servicio de las víctimas.
• Aumentar la asistencia a las víctimas de la trata, también en vivienda y apoyo psicosocial. Un hogar seguro y el apoyo psicológico adecuado son dos factores clave para que las víctimas se recuperen. Los Gobiernos deben priorizar los programas de reintegración que ofrezcan estos servicios de apoyo.
• Generar oportunidades de ingresos alternativas para las mujeres, a fin de minimizar los riesgos de captación y trata. La inseguridad financiera es una de las razones por las cuales las mujeres y niñas venezolanas son vulnerables a la trata y la explotación.
• Monitorear las señales de trata de personas entre la población venezolana recién llegada. Los funcionarios gubernamentales, especialmente los que trabajan en inmigración y asistencia humanitaria, deben contar con la capacitación necesaria para identificar casos de trata y reaccionar adecuadamente.
• Coordinar las medidas de lucha contra la trata y atender a las víctimas en toda la región. Las policías y las fiscalías de los países de acogida deben contar con mecanismos regulares para remitir los casos, que permitan dar seguimiento y judicializar incluso en otros países. Los servicios de atención a las víctimas también deben tener sólidos canales de comunicación transfronteriza para que, con el consentimiento de las víctimas, puedan compartir información acerca de las necesidades de casos específicos y mejorar la asistencia brindada.

Para los donantes y las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

• Ofrecer un mayor apoyo técnico y financiero a los sistemas de prevención y respuesta de cada Gobierno. Incluso si los países de acogida ya cuentan con una sólida estrategia de lucha contra la trata, su limitada capacidad dificulta la implementación. Los donantes y los Gobiernos deben poner al alcance de los países de acogida la financiación y los conocimientos técnicos necesarios en la lucha contra la trata de personas.
• Apoyar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y los grupos locales que brindan servicios y apoyo a las víctimas de la trata. Las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil contribuyen de forma admirable a asistir al colectivo de mujeres y niñas venezolanas vulnerables, pero no hay suficientes organizaciones y muchas veces sus recursos son escasos.
• Apoyar la investigación sobre la amenaza de la trata sobre las mujeres y niñas venezolanas, así como las estrategias de prevención y respuesta. Las organizaciones internacionales y las agencias de la ONU tienen la capacidad de coordinar extensos proyectos de investigación en múltiples países para comprender con mayor profundidad la problemática de la trata de personas en toda la región. Este tipo de investigación es fundamental para elaborar programas de prevención y respuesta eficaces y con base empírica.

Para el Gobierno de los Estados Unidos:

Impulsar una iniciativa regional para consolidar la coordinación entre los distintos países de acogida de América Latina y el Caribe. Esta iniciativa permitiría mejorar la comunicación entre quienes trabajan para prevenir o mitigar el impacto de la trata de personas venezolanas en la región. También fortalecería la capacidad de las fuerzas del orden y las organizaciones de atención a las víctimas en los países de acogida. La Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas del Departamento de Estado podría respaldar esta iniciativa con financiación y conocimiento técnico.

Informe completo aquí